
“Esa decisión de la Corte Suprema va a perjudicar a 3 millones y medio de estatales: 716.000 nacionales, más de 2 millones que prestan servicios en las provincias y casi 500.000 distribuidos en todas las comunas del país”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general adjunto de ATE-Nacional a través de un comunicado.
El dirigente de los estatales sostuvo además que “por la nueva redistribución de fondos, las transferencias a las provincias y los municipios se verán reducidas en más de 180.000 millones de pesos, afectando todas las partidas presupuestarias, entre las cuales se encuentran las destinadas al pago de salarios y la regularización del empleo en las distintas administraciones”.
El 21 de diciembre último, en un fallo unánime, el máximo tribunal de Justicia falló a favor del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el reclamo por los fondos de seguridad que el presidente Alberto Fernández reasignó a la provincia de Buenos Aires en el año 2020.
Para Aguiar, “con este fallo se perjudica a todos los ciudadanos y en particular a los trabajadores estatales. Frente a esto, no sólo son los gobernadores los que tienen que reclamar, los Intendentes deberían estar poniendo el grito en el cielo”.
“Cientos de miles de millones de pesos dejarán de ser girados a las provincias y a los municipios. Se van a ver afectadas todas las partidas presupuestarias, entre estas, las destinadas a pagar salarios”, evaluó el dirigente sindical.
En ese sentido, Aguiar recordó que “una gran parte de los trabajadores de la administración pública nacional, las provincias y los municipios ya se encuentran bajo la línea de pobreza y esta decisión de la Corte impedirá el mejoramiento de sus condiciones de vida en el corto plazo”.
“Sin lugar a dudas existirá un aumento de la conflictividad en gran parte del país”, completó el dirigente estatal”, puntualizó.
La organización sindical recordó recientemente que ATE denunció que “el 60% de los estatales se encuentra bajo la línea de pobreza ya que más de 2 millones tienen sueldos que no alcanzan los $145.947 que, según el propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), necesitó en noviembre una familia de cuatro integrantes para no ser pobre”.