La Comisión de Patrimonio del Chaco y la Escuela Normal

En esta nota de opinión, el cofundador e integrante de la Comisión Provincial de Patrimonio Natural y Cultural del Chaco, Jorge Castillo Miró, brinda su versión sobre la reciente reunión entre miembros de esa institución y autoridades del gobierno provincial por el conflicto por las refacciones en la Escuela Normal de Resistencia.

Las últimas informaciones publicadas en los diarios locales, dan cuenta de situaciones tratadas en el seno de esta comisión, pero no queda claro si por un problema de redacción o de urgencias que responden a otras causas, no está reflejado el total de lo tratado, o –y ahí viene eso de las “urgencias”- por lo menos carecen de fidelidad a ciertos planteos realizados por algunos integrantes que no están registrados en las gacetillas enviadas a los medios. Estos planteos son los que han obligado a un segundo “cuarto intermedio”, porque hay cosas que no se aceptan todavía, del “laberinto de pasiones” que representa hoy la Escuela Normal y sus protagonistas (más de tres mil niños, adolescentes, adultos y las tres promociones de alumnos de quinto año que ahora no tienen local para sus respectivos actos de egresados).

En la última reunión de la Comisión de Patrimonio se han hecho sesudas explicaciones relacionada con lo legal y las presentaciones realizadas por exalumnos de la Escuela y la empresa involucrada, como así también, un planteo de “retomar” las obras.

En verdad, esto último ya es confuso, porque había quedado claro antes que la empresa y/o los funcionarios de los Ministerios de Infraestructura y Educación, se habían extralimitado en las atribuciones que se dieron mutuamente, actuando por omisión o por ignorancia (cosa que la Ley no permite a quienes tienen responsabilidades con la cosa pública y con la dirección de obras y las construcciones en general. Si cualquier ciudadano no puede alegar “falta de conocimiento” de lo que está permitido y prohibido en una sociedad, con más razón no pueden hacerlo los ministros y las empresas constructoras, salvo –quizá- quienes presentaren deterioro mental severo que no les permita discernir entre la verdad y la mentira y lo que está permitido de lo que está prohibido. Pero en este caso, obviamente, deberían estar inhabilitados para ejercer cualquier cargo o tarea de responsabilidad que pudiera poner en peligro la calidad de vida o la seguridad de terceros o el erario, que es de y para todos.

En el caso de la Escuela Normal, ha habido daños materiales en algunos casos ya irreparables, en otros, pasibles de ser enmendados, pero fruto de una actitud de falta de observancia de normas y leyes existentes. Altos funcionarios gubernamentales han roto el protocolo buscando asumirse como “salvadores de la patria” o negadores de la existencia de las disidencias, promoviendo “actas de compromiso” que comprometen en serio a quienes las firman, pero afortunadamente liberan de cargo –y de ahí la importancia de que sean escuchadas todas las partes- a quienes se oponen a medidas dictatoriales o seductoras para congraciarse con quienes han ofendido y herido, agrediendo al patrimonio natural-cultural y al ente oficialmente encargado de protegerlo. En la Comisión de Patrimonio hay seres humanos comprometidos con la defensa de lo que es de todos. Algunos tienen objetivos muy claros, otros son más flexibles, pero siempre se discute y se escuchan todas las opiniones. Por eso sostenemos que los informes publicados no reflejan la verdad. Se escribe sobre lo que ha propuesto el gobierno provincial (retomar las obras) pero sin el análisis que se está dando, de exigir previamente un proyecto completo de qué es lo que se hará, y especialmente, el contrato existente entre la empresa y el gobierno provincial. No nos consta que existan estos dos elementos fundamentales para autorizar el comienzo de una obra. Paradójicamente, se pretende un “borrón y cuenta nueva”, siendo que la “cuenta” es la vieja, y lo que debe hacer la empresa es reparar lo que destruyó sin autorización y si asesoramiento, algo inaudito e inadmisible. Por más que no existiera un contrato formal (y legal) en cualquier boliche “nobleza obliga”.

Si es cierto que días atrás robaron accesorios correspondientes a los aires acondicionados desmantelados de las aulas, hay otro conflicto en puerta, porque integrantes de la Comisión de Patrimonio habíamos solicitado que se establezcan guardias permanentes en el edificio escolar, para evitar robos y más daños. No vi nada de esto reflejado en los informes periodísticos.

Para finalizar, se concluye que quienes pretendemos “cuentas claras” (nada de “borrón”) mantendremos la coherencia de nuestra posición que coincide con el Art, 38 de nuestra constitución provincial: “Todos los habitantes de la provincia tienen el derecho inalienable a vivir en un ambiente sano, equilibrado, sustentable y adecuado para el desarrollo humano, y a participar en las decisiones y gestiones públicas para preservarlo, así como el deber de conservarlo y defenderlo”.

 

 

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