Los fuertes controles cambiarios incentivan el contrabando de granos, el país es uno de los principales productores del mundo, para quedarse con las divisas o poder cambiarlas por pesos a un mayor valor, además de evitar pagar impuestos de exportación.
Según estimaciones de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el contrabando de granos asciende a 1,5 millón de toneladas anuales.
En ese sentido, desde la entidad prevén que será un techo este año porque ha presentado denuncias a la Aduana argentina y el organismo estatal ha generado un alto riesgo a las llamadas empresas fantasma y detectado múltiples casos de salida de maíz partido, soja y otros hacia países limítrofes, según indican fuentes de la entidad.
El contrabando se proyecta mayormente hacia Paraguay y Brasil, que tienen capacidad de procesamiento, bien mediante sociedades falsas, bien cargando al hombro las bolsas. Los analistas no descartan contactos políticos para pasar la mercadería.
Los productores agropecuarios reciben ofertas para vender soja un 10 % más cara, de manera informal, de personas que tienen la logística armada para poder pasar por la frontera.
“Hay un incentivo importante”, dijo el economista de la Fundación Mediterránea Juan Manuel Garzón, porque, “cuando se vende informal, el vendedor se queda con el derecho de exportación que no se paga al Estado y se gana la brecha cambiaria”.
“Si se exporta de manera informal, el vendedor consigue dólares en el exterior y entra dólares al país sin pasar por el Banco Central, y puede conseguir el doble de pesos”, explicó.
Según calculó Garzón, “un camión de contrabando al sur de Brasil rinde económicamente tres camiones de manera legal”.
La gran mayoría de las incautaciones de la Aduana es a “exportadores de cartón, que no tienen capacidad económica financiera” o que “tienen problemas en la trazabilidad” de la adquisición de los granos, que “pretenden exportar siendo una cáscara”, por lo que “son empresas de cartón” que “se constituyen al solo efecto de hacer la operación, pero dejar las divisas afuera”, explicaron fuentes de la Aduana.
Son detectadas en el control posterior a la exportación: “Llevan a cabo las operaciones, no ingresan las divisas y cuando el Banco Central les hace un requerimiento, las empresas no existen más”, indicaron.
El administrador federal, Carlos Castagneto, explicó que se ha “marcado una matriz de riesgo y una planificación estratégica hasta 2025” para investigar y fiscalizar diferentes actividades y que, mediante convenios con otros organismos, se trabaja “en la puesta en marcha de un sistema satelital y cruces de bases de datos para detectar acciones evasivas”.
Otros incentivos que se realizan son las barcazas por el río Paraná hacia Paraguay o Brasil y cruzan camiones por los pasos fronterizos no habilitados o en horarios fuera de curso.
A lo decomisado por la Aduana, se suman Gendarmería con 16.909 toneladas de granos hasta agosto pasado y Prefectura Naval Argentina con 1.022,1 toneladas de soja a septiembre último.
La Gendarmería lleva a cabo estas incautaciones en las provincias de Salta (fronteriza con Paraguay y Bolivia), Chaco (limítrofe con Paraguay), Misiones y Corrientes (linderos con Paraguay y Brasil) y Entre Ríos (con Uruguay) y Santa Fe y norte de Córdoba (donde hay acopio).
