CIUDAD TV dialogó en sus estudios con el subsecretario de Desarrollo Forestal, Luciano Olivares, quien se refirió al largo proceso que atravesó el estudio y el desarrollo de esta iniciativa para el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. “Lo iniciamos en 2020 con un decreto que suscribió el Gobernador y que, d alguna manera, sentó las bases del procesamiento general para que inicie esta actualización”, dijo y comentó que esto incluyó una ronda de reuniones con expertos y profesionales del INTA, del Consejo de Ingenieros, de las universidades; además de técnicos, agrónomos y forestales de la administración pública.
“Así se fue delineando la propuesta oficial que se dio a conocer en distintos puntos de la provincia por parte del ministerio de Ambiente que es el que coordina la etapa participativa de esta herramienta”, indicó.
El proyecto establece las distintas categorías de conservación de los bosques establecidos por la ley 26.331. “Se registraron opiniones de todos los ciudadanos y estamos a la espera del instrumento que lo apruebe para poder aplicarlo”, sostuvo.
Valoró “lo que implica para el ciudadano, el productor y el industrial, y obviamente para todos los que están interesados en proteger los bosques nativos. En mi opinión, lo que más me interesa, es que el ordenamiento sea el mejor instrumento que necesitan las personas para que el Estado preste el mejor servicio público. En el caso del productor, que pueda obtener sus permisos en tiempo y forma. En el caso de las comunidades aborígenes, que tengan el abordaje y el tratamiento institucional para los planes de manejo que impulsan, para que se aprueben y puedan ejecutarse rápidamente. Y aquellas personas interesadas en proteger los bosques y el ambiente, puedan tener información rápida y concreta para poder medir que el estado este haciendo bien su trabajo”, afirmó.
Frente a los reclamos sostenidos de organizaciones activistas ambientalistas, como Greenpace o Somos Monte, Olivares reconoció que “la deforestación, el desmonte, es una cuestión de sensibilidad social que permanentemente toman estado público y está bien. Hace a que nosotros trabajemos con más responsabilidad y hagamos un permanente control de la gestión para mejorarla. La deforestación y el desmonte es un tema independiente del ordenamiento. Si bien el ordenamiento puede ayudar a controlar y a gestionar mejor esta cuestión, es independiente. Tienen que ver básicamente con el control, con el sistema de sanción de multas que tiene el Estado y que la Dirección de Bosques demostró que fue mejorando y todos los años se ven esos resultados”, sostuvo.
Aseguró que 2020, 2021 y lo que va de 2022 es el periodo en el que menos desmontes se registraron en la provincia, desde 1997 a esta parte. “Entre 2000 y 2007 la cifra anual de desmonte fue de alrededor de 40 mil hectáreas al año y esto se redujo a más de la mitad llegando a 2019. Son cifras inferiores a las 14 y 15 mil hectáreas deforestadas. En el primer semestre de 2022 dio un total de 8 mil hectáreas y aspiramos a reducir las cifras de 2021”, precisó.
Otro dato que aportó tiene que ver con la recaudación de multas de la Dirección de Bosques: “En el mes de agosto fue récord en razón del mismo mes del año pasado. Y la recaudación en general de la Dirección de Bosques va aumentando en función del mejoramiento de los sistemas de control”, afirmó.
Aclaró que lo que se promueve desde el Estado, se diferencia de la actividad del desmonte. “No es la actividad forestal que nosotros promovemos. Nosotros, desde el Ministerio de la Producción, la Subsecretaría y la Dirección de Bosques promovemos el manejo y el aprovechamiento forestal sostenible”, aseguró.
