“No hay ajuste en Discapacidad y no están en discusión los derechos sino todo lo contrario”, aclararon desde la ANDIS

Tras el reclamo de prestadores por un retraso en los pagos de prestaciones específicas para personas con discapacidad, desde la ANDIS, el vocero Matías Fernández, aseguró que "no hay un cese de prestaciones ni una decisión política de dar de baja". Aclaró que hubo una demora con las obras sociales de la que se hizo cargo la Superintendencia, que ya se está regularizando, y que "no están en discusión los derechos de las personas con discapacidad sino todo lo contrario, siempre se trabaja en poner en agenda y en recomponer salarialmente todo lo que tenga que ver con la discapacidad".

Matías Fernández, vocero de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Con un acampe en la Plaza de Mayo, el Colectivo de Discapacidad que nuclea a prestadores, oenegés, familias y pacientes con discapacidad, lleva adelante un reclamo por el retraso en pagos de prestaciones específicas para el sector, a la vez que . CIUDAD TV dialogó este miércoles con Matías Fernández, vocero de la Agencia Nacional de Discapacidad, órgano al que va dirigido el reclamo del colectivo, quien se refirió a esta situación generada por “inconvenientes administrativos” que ya se están saldando.

Explicó que la Agencia tiene “objetivos muy fuertes” orientados al fortalecimiento del organismo, la propia estructura y, a la vez, a su capacidad territorial. “Acercamos los derechos de las personas con discapacidad a la gente, a través de operativos territoriales”, tanto propios como en articulación interministerial. “La idea es que todos el Estado vaya permeándose de la perspectiva de discapacidad y esto tiene que ver con un segundo objetivo de la Agencia que es la transversalidad interministerial, no encapsular las políticas públicas de discapacidad sino lograr que cada organismo incorpore esta perspectiva y diseñe políticas públicas inclusivas”.

“Venimos de un Gobierno que había dado de baja 160 mil pensiones y nosotros, en lo que va de esta gestión, las restituimos y llegamos a más de 200 mil pensiones entregadas. No es el objetivo de fondo, pero es el piso que da un cambio muy importante en la vida de la persona que no la tenía”, apuntó el funcionario.

Consultado sobre el reclamo en sí, recalcó la importancia de clarificar un dato a contrastar: “No hay ajuste en discapacidad”.

Aseguró que la partida presupuestaria se encuentra incluso por encima de los índices de inflación “y el dato más importante, con esta demanda de prestadores, es que durante esta gestión, el acumulado sobre el monto del nomenclador que es el que rige las prestaciones, lleva, con el aumento que va a venir el mes que viene, a un 231%. Es un aumento por encima de la inflación”, reiteró e informó que el aumento en lo que va de 2022 es del 69% con una revisión prevista para octubre.

Demoras en los pagos

Respecto del retraso en los pagos, explicó que en el caso de las personas que cuentan con pensiones no contributivas están cubiertas por el Programa Federal Incluir Salud, con la Agencia a la cabeza y con los gobiernos provinciales con responsabilidad administrativa y de pagos de algunas cuestiones. “En lo que refiere al programa Incluir Salud, desde esta gestión lo que hemos hecho fue bajar los plazos de pago. Antes se pagaba en un promedio de 90 días y hoy se paga en un promedio de 45 días”, informó.

Explicó que también existen otro tipo de coberturas con las que cuentan personas con discapacidad, “que son las que están en el marco de una obra social”. Informó que en estos casos, “quien por parte del Estado entrega los fondos que se recaudan a través de los afiliados de la obra social para el pago de as prestaciones de personas con discapacidad es la Superintendencia de Servicios de Salud. Y a Superintendencia reconoció que hubo una demora durante siete días en lo que son los pagos”, dijo.

Como el reclamo de los prestadores refiere a retrasos de tres meses y no de siete días, explicó que “las prestaciones que se pagan a través de las obras sociales, por normativa, se pagan a 60 días”, debido a los plazos para auditorías y controles”.

“Lo que pudo haber sucedido es que del plazo convencional de pago hay una demora de 10 o 20 días producto de esto que planteo la Superintendencia, pero no estamos con una demora considerable más allá que no es algo que dependa estrictamente de la Agencia”.

“No hay un cese de prestaciones ni una decisión política de dar de baja, hubo una pequeña demora con las obras sociales pero se está regularizando y, obviamente, no están en discusión los derechos de las personas con discapacidad sino todo lo contrario. Siempre se trabaja en poner en agenda la discapacidad y en recomponer salarialmente todo lo que tenga que ver con la discapacidad”, aseguró el funcionario.

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