“Tenemos jueces de facto, que en este momento están sentados y sentadas decidiendo sobre la vida, la libertad y la propiedad de las personas fuera de la Constitución, o mejor, dicho, violando la Constitución Provincial y las leyes que reglamentan su ejercicio”, aseguró el abogado Paulo Pereyra, en declaraciones a CIUDAD TV. Fue en referencia a la resolución de las camaristas Gloria Silva y Dolly Fernández que concedieron un amparo a su par Mercedes Riera para que pueda continuar en su cargo de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional sin rendir un nuevo concurso tras haber cumplido los 70 años, tal como lo exige la Constitución de la Provincia del Chaco.
Pereyra aseguró que “la Constitución es clara en su artículo 154 que establece claramente que a los 70 años un juez rinde un concurso y es seleccionado nuevamente o se acoge a los beneficios previsionales, como cualquier otra persona”. “Eso lo dice la Constitución del ’94, sobre la que juraron estos magistrados”, recalcó.
El abogado destacó el voto en disidencia de la jueza Natalia Prato “que claramente en su voto dice esto que está pasando es gravísimo y transcribe la Constitución, transcribe la versión taquigráfica de la discusión de los constituyentes y vota en contra del amparo. Aplica la ley. Y les responde a las otras camaristas de por qué están erradas en su voto”.
Para Pereyra, con el dictado de esta sentencia las juezas Silva y Fernández incurrieron en el delito de prevaricato. “Estamos en una flagrancia, como si fuera el arrebato de una cartera pero hecho por dos juezas, dos camaristas”, graficó. “Son coautoras del delito de prevaricato y cómplices primarias de la continuidad del delito de usurpación de cargo de la doctora Riera, porque ellas están avalando esto en una decisión ilegal”, aseguró.
Además, advirtió que la resolución judicial se da días después de que el Superior Tribunal de Justicia del Chaco notificara a los magistrados y funcionarios judiciales provinciales que deben dar cumplimiento a la Constitución y anunciar seis meses antes de cumplir los 70 años si se jubilarán o si optarán por un nuevo nombramiento.
El abogado también hizo notar que en el concurso del Consejo de la Magistratura que logró paralizar Riera se encuentran inscriptas veintidós personas de las cuales 17 son mujeres. Justamente, uno de los argumentos de las camaristas para concederle el amparo es que a Riera “se la discriminaba por ser mujer”.
En ese contexto, el denunciante consideró “un silencio que ensordece” que la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco no haya salido a expresar una postura pública en defensa del cumplimiento de la Constitución Provincial.
