La criminalización de la protesta social ya tiene una condena en Chubut

La justicia declaró culpable al exsecretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), Santiago Goodman por incendio gravoso a la Legislatura durante unas protestas ocurridas en septiembre de 2019. Sus compañeros del gremio convocaron a un paro y denunciaron que el fallo implica "una escalada en la criminalización de la protesta social".

La Ctera, en tanto, convocó a un paro nacional para el miércoles 10 para exigir la absolución del dirigente. Ese día habrá también paro provincial de los trabajadores estatales. “Me acusaron de haber pensado y ejecutado un incendio, la mejor forma con que podemos luchar contra esto es en unidad con todos los compañeros, porque con esta sentencia se van a fortalecer y lo que puede venir es peor”, dijo Santiago “Jimmy” Goodman frente a la oficina judicial. Los sucesos por lo que condenaron a Goodman se produjeron como reacción al fallecimiento en un accidente las docentes Jorgelina Ruíz Díaz y María Cristina Aguilar, luego de un vuelco sobre Ruta 3 cuando volvían a Comodoro Rivadavia desde Rawson tras participar de una jornada de protesta.

La jueza María Tolomei encontró culpable a Santiago Goodman, principal imputado junto a Mariana Castro y Marcela Ancaleo, de los delitos de incendio y daños en la explanada e inmediaciones de ingreso de la Legislatura del Chubut el 17 de septiembre de 2019. La resolución de la magistrada dictó la culpabilidad del exdirigente de ATECh como coautor del hecho, absolviendo de este cargo a Castro y Ancaleo. Por otra parte, los tres fueron absueltos por el incendio en la puerta dos de la Casa de Gobierno ocurrido en la madrugada del 18 de septiembre de 2019. Para Tolomei, “quedó probado que Goodman trasladó cubiertas y arrojó algunas de ellas al fuego que antes había iniciado un sujeto no identificado”.

El delito de incendio prevé penas que van de los 3 a los 10 años de prisión. De manera subsidiaria, la fiscalía postuló que se impute el delito de daño agravado, con penas de tres años para cada uno de los imputados, considerados coautores y partícipes necesarios. La fiscal general Florencia Gómez había pedido en su alegato que se los declare penalmente responsables, mientras que la defensa representada por los abogados Sergio Miranda –que asiste a Goodman y Castro– y Miguel Angel Moyano –en representación de Ancaleo–, había solicitado las respectivas absoluciones.

En Rawson, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Esquel miles de docentes se manifestaron ayer en las calles en el marco del tercer paro de esta semana, que sumó una nueva demanda: a la pelea contra el ajuste y por un salario igual a la canasta básica, se agrega la lucha en contra de la criminalización de la protesta y por la absolución de Santiago Goodman. En Rawson se marchó desde la Oficina Judicial hasta el Ministerio de Educación, pasando por el Tribunal Superior de Justicia donde tomó la palabra Goodman e informó que el próximo miércoles 10 de agosto se realizará la audiencia que definirá su condena. Los docentes tomados de las manos hicieron un “largo grito de catársis por cuatro años de ninguneo”, según dijeron.

“Van por nosotros, por eso debemos limar todas las asperezas para ser muchísimos más, la adhesión a las medidas tiene que transformarse en nuestra fuerza en las calles, el miércoles tenemos que ser miles, esto que ocurre en Chubut es algo muy grosero, quieren ordenarnos derechosamente, cortar la libertad de expresarnos, Jorgelina y María Cristina, presentes, ahora y siempre”, dijo Goodman. “Asistimos a un hecho bochornoso del Poder Judicial y comprobamos que esta causa fue armada desde el poder político con el único objetivo de acallar las voces de quienes defendemos los derechos de los trabajadores, de condicionar y estigmatizar a quienes estamos al frente de las organizaciones”, dijo Tomás Montenegro, secretario general de la CTA de los Trabajadores en una conferencia de prensa realizada para repudiar la condena de la que también participaron SADOP, SITRAED, SISAP, SUTAP, ATECh, CTA, APDH y familiares de la Masacre de Trelew.

En 2019 los docentes y estatales protagonizaron un paro de 17 semanas contra el pago escalonado de los salarios como parte de la lucha contra el ajuste del gobierno provincial de Mariano Arcioni, aliado en ese momento de Mauricio Macri. Las docentes Jorgelina Ruíz Díaz y María Cristina Aguilar fallecieron como resultado de un accidente en su regreso a Comodoro Rivadavia luego de diez semanas de sostener la lucha a la que se vieron empujados docentes y estatales por el sustento de sus familias. Ese día el pueblo de Chubut no aguantó más y a pesar de la hora salió a las calles por la noche. En Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn , Rawson y Esquel, entre otras ciudades, miles salieron a las calles por las docentes que perdieron la vida. En Rawson, un grupo hizo fuego frente a la Legislatura y en las puertas de la Casa de Gobierno. Las pancartas de las movilizaciones decían “Arcioni culpable”.

El gobernador Arcioni había incumplido el pago de salarios a docentes y estatales acordados en paritaria. En el marco del “pago escalonado”, que luego llegó a retrasos de casi meses, se conoce que Arcioni se había aumentado el sueldo a una cifra cercana a los $350.000, junto al personal del Ejecutivo. El 17 de septiembre cerca de las 18 se produce la muerte de las docentes comodorenses, cuando volvían en auto luego de asistir al plenario de delegados y participar de las protestas. Este es el contexto en que se generan las protestas en la Legislatura provincial, por las cuales fue condenado Goodman.

FuentePágina/12
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