Al respecto, el ministro de Educación, Aldo Lineras, manifestó su preocupación por los hechos y facultó, mediante el dictado de una resolución, a la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada a monitorear las rendiciones de las subvenciones otorgadas, así como la planta orgánica funcional de la institución.
La finalidad de la medida es salvaguardar derechos individuales y colectivos, como así también custodiar la inversión que realiza el Estado con fondos públicos.
