Posesión y propiedad comunitaria indígena: Charole valoró la aprobación de la ley que prorroga los plazos

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, se aprobó el proyecto de ley N°1307/2022, autoría de la legisladora Andrea Charole, ahora Ley Provincial N°3613W, por la cual la provincia del Chaco adhiere al DNU N°805/202, dictada por el Ejecutivo nacional hasta el 23 de noviembre de 2025, y que suspende por el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras. En ese sentido, se acumularon dos proyectos: uno del legislador Juan Carlos Ayala y otro similar antes mencionado de la diputada Charole.

En este contexto la legisladora expresó que, ”la presente y reciente Ley tiene por objetivo primordial suspender los desalojos de nuestros hermanos indígenas y ordena el relevamiento de las tierras ocupadas por ellas. Lamentablemente, en la actualidad se denuncian represiones y desalojos ordenadas por la Justicia y ejecutada por las policías provinciales”.

Indicando que, ‘en noviembre del año 2021 el Presidente de la Nación Argentina en acuerdo general de Ministros estableció el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 805/2021, por el cual prorrogó los plazos establecidos en los artículos 1° y 2° de la Ley N° 26.160, hasta el 23 de noviembre de 2025. Que ratificó en el artículo 2º del DECNU 805/21, la suspensión por el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1° de dicha norma. La posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada.

”Los Pueblos Originarios habitan los territorios en forma preexistente a la conformación del Estado nacional argentino, son los dueños genuinos. La vida, cultura, historia, su cosmovisión y forma de relacionarse con la tierra está vinculado estrechamente a la permanencia en esos mismos territorios que habitan. Es allí donde se desarrolla la vida en comunidad, la vida en la producción y distribución de sus alimentos, la transmisión de saberes y conocimientos ancestrales, el cuidado de la salud y la educación de los niños y niñas.

La situación de los pueblos indígenas en gran parte de la Provincia del Chaco es terrible, ya que viven en la extrema pobreza, en un aislamiento socio-cultural y sin acceso a servicios básicos como la salud, una vivienda decente e incluso el agua potable. La representación de las comunidades y Pueblos Originarios en la explotación de los recursos naturales en la provincia es nula. El Estado proyecta sus emprendimientos y los desarrolla bajo la planificación acordada solo con las empresas”, sostuvo Charole.

”En esta línea, no nos referimos a las ocupaciones como el acto de asentarse en algún predio sin contar con los permisos correspondientes, a modo de “usurpación”. Más bien se visualiza como un acto político y colectivo en el que un conjunto de personas tiene la intencionalidad y capacidad de producir y reproducir su vida, de materializar la propia existencia en un determinado espacio. Incluso en la particularidad de estas poblaciones indígenas, la ocupación se desarrolla en el marco reivindicativo y jurídico de reparación histórica como parte de su preexistencia al Estado. Por ello, la construcción de su cultura y cosmovisión se encuentra anclada a la revalorización y visibilización de la identidad como Pueblo Originario para alcanzar la recuperación de sus tierras ancestrales”, argumentó.

”El Estados Nacional y Provincial tienen que tomar medidas para garantizarles a las comunidades la seguridad en la tenencia de la tierra. Esto incluye avanzar en el proceso de relevamiento de los territorios de las comunidades exigido por la ley 26.160 y adoptar las medidas necesarias para garantizar que nadie más pueda reclamar esas tierras”, insistió la legisladora provincial.

Agradeciendo finalmente, ”a todos mis pares que acompañaron en la aprobación de esta ley. La misma suspende por el plazo de emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras de nuestros Pueblos Originarios”.

Compartir