Durante el encuentro, del que participó el jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos y titular de la Unidad, Nicolás Rapetti, estuvieron presentes representantes del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Defensa, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el gobierno provincial, el intendente de Santa Victoria Este y la Asociación Lhaka Honhat, se arribó a un acuerdo para la distribución de reservorios de agua entre las comunidades víctimas reconocidas en el fallo. Los tanques fueron adquiridos conjuntamente por los ministerios de Obras Públicas y de Defensa.
Además, se analizó el esquema actual de distribución de agua potable a través de camiones cisterna, con el objetivo de fortalecer las capacidades provinciales y municipales de distribución domiciliaria y equiparar el acceso al agua en cantidad y calidad suficientes para todas las familias.
El caso
El reclamo por la entrega de un título único para todas las comunidades respecto de las tierras que ocupan ancestralmente llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el acompañamiento del CELS, en 1998. En el transcurso de todos esos años, los pobladores originarios y criollos se organizaron políticamente y llevaron adelante trascendentales negociaciones sobre el territorio, con la destacada participación del recientemente fallecido Coordinador de Lhaka Honhat, Francisco Pérez.
En 2018, el caso llegó a la Corte IDH, que ordenó al Estado ejecutar aquellos acuerdos, particularmente, delimitar, demarcar y otorgar los títulos de propiedad, y generar las condiciones para garantizar la relocalización de las familias criollas. Además, el Estado deberá elaborar un plan que permita asegurar el acceso y garantía de los derechos a la alimentación, el agua, el ambiente sano y la identidad cultural de las comunidades indígenas.
