En marzo de 2012, cuando ocurrió el derrumbe trágico por calle San Martín al 600, el arquitecto Gerardo Aromí era el encargado del núcleo técnico de construcciones del Consejo Profesional y declaró como testigo en el juicio contra los empresarios imputados.
Aromí relató cómo hicieron los empresarios los trámites para la obra ante el Consejo Profesional. Explicó al Tribunal cómo debían haber sido los roles de los que formaban parte de la obra en la dirección, la construcción y el cálculo.
Entre los datos sobresalientes de su declaración testimonial, Aromí admitió que, ante el Consejo Profesional, “los empresarios habían declarado varias plantas menos de las que construyeron”. Recordó también que “habían declarado que el edificio era para oficinas y no para departamentos”.
Finalmente, el arquitecto agregó que el día del hecho fue hasta el derrumbe y se dio cuenta que había más pisos de los que habían declarado. Todo esto se habría realizado con la finalidad de pagar menos aportes al Consejo Profesional.
Luego de esta declaración, el abogado Cubilla Podestá, que patrocina a familiares de obreros, afirmó: “Queda una vez más demostrada la forma irregular en la que se manejaban los empresarios de la obra con tal de abaratar costos, sin importarles la vida de los obreros”.
Para Cubilla Podestá, está claro que “lo único que les importaba era el costo y no la seguridad, ni las leyes, ni sus deberes profesionales” que tenían como responsables al poner en marcha la construcción de un edificio de esta envergadura.
