Regularán el uso de telefonía móvil en dependencias carcelarias: “Es importante un control para la prevención de delitos”

La presidenta del Comité contra la Tortura, Ariela Álvarez, se refirió en los estudios de CIUDAD TV al protocolo que se establece por resolución para regular el uso de telefonía móvil en dependencias carcelarias de la provincia. Brindó detalles de los alcances de esta disposición del Ministerio de Seguridad, además de aclarar cuestiones puntuales que se vienen debatiendo en el ámbito público.

"Todos los gastos vinculados a ese teléfono corren por cuenta de la persona y de la familia", aclaró.

“Se busca regular y regularizar el uso de todo lo que es telefonía celular, que está autorizado desde el año 2020. Fue una de las principales medidas para compensar otra de las medidas que tuvo que tomarse a los fines sanitarios, que fue la de limitar todo tipo de ingreso a los ámbitos de privación de libertad, tanto unidades del servicio penitenciario como comisarías”, aseguró y recalcó que la idea fue garantizar el derecho al contacto familiar y a la continuidad de sus vínculos en ese contexto, además de poder dar continuidad a procesos judiciales.

Destacó la importancia de la medida y señaló que “todo aquello que no está regulado se presta a mecanismos alternativos y de corrupción. Entonces, es muy importante que esto se pueda legalizar porque los teléfonos ya están y existen mecanismos que no son legales para el ingreso. Es importante regularizar esto para poder hacer un control que permita, entre otras cosas, la prevención de delitos”.

“Acá estamos hablando de derechos que están consagrados, constitucionales, que asumimos como Estado nacional respetarlos, como el derecho ala comunicación y los vínculos de personas privadas de libertad”, expresó.

Aseguró que la resolución 676 lleva tiempo de trabajo y sobre todo consensos entre los distintos organismos involucrados, con el Ministerio de Seguridad a la cabeza. “Y la gente del servicio penitenciario informaba que no hay ninguna unidad en la provincia del Chaco que mantenga los teléfonos públicos, ya no existen más. Y hay mucha gente que no cuenta y no va a contar con un teléfono por los costos que tienen. Y tanto el Ministerio Público Fiscal como el Servicio Penitenciario dispusieron desde pandemia que estas personas puedan mantener contacto a través de los win o los teléfonos propios del sistema”, comentó.

 

Alcances del protocolo

Explicó que el protocolo establece dos vías para el uso. “La persona que ingresa por primera vez, generalmente en el ámbito de comisarías, llevará su propio teléfono o la familia le va a acercar el teléfono si no tiene una restricción en términos de la orden durante las primeras horas de detención hasta que se determine su prisión preventiva si hay limitaciones en cuanto al contacto. Firmará una declaración jurada en la que se registraran todos los datos técnicos del teléfono y es un registro que queda en la unidad y permitirá una rápida respuesta frente a la comisión de un delito, pudiendo identificar esa unidad y ese teléfono”, indicó.

En el caso de las personas que ya tiene un teléfono autorizado, se los va a registrar.

“Todos los gastos vinculados a ese teléfono corren por cuenta de la persona y de la familia”, aclaró.

“Lo que se promueve es un uso racional, responsable de los teléfonos porque, si bien, el derecho a la comunicación asiste a las personas privadas de libertad también conlleva a una responsabilidad respecto del uso”, advirtió.

Indicó que ante el “uso irresponsable”, que no necesariamente se encuadre en un delito, se inicia una medida administrativa “tendiente a restablecer el uso responsable”. Mientras que, en situaciones de delito, “cuyo porcentaje de casos es ínfimo, llegan al 1% los hechos que se han cometido con teléfonos dentro de las unidades”, se iniciarán las acciones legales pertinentes Y lo primero que se hace es retener el dispositivo de manera preventiva.

 

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