Cuál ha sido la verdadera evolución del índice de Coparticipación de la CABA

La Ley 23.548 se sancionó en el año 1988 y por aquellos días, la CABA era una Municipalidad y, en consecuencia, no se le asignó expresamente un índice de participación.

Por Cristian Ocampo*

Sin embargo, con la intención de otorgarle un financiamiento a la misma, en el artículo 8 de la Ley se estableció que el Estado Nacional, de la parte que le corresponde conforme a esta ley, entregará a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y al Territorio Nacional de Tierra del Fuego una participación compatible con los niveles históricos, la que no podrá ser inferior en términos constantes a la suma transferida en 1987.

Además, la Nación asume las obligaciones previstas en los incisos b), c), d), e) y f) del artículo 9°, por sí y con respecto a los organismos administrativos y municipales de su jurisdicción sean o no autárquicos.

En el año 2003 y tomando como fundamento el artículo 8 de la Ley de 23.548 el Poder Ejecutivo sancionó el Decreto 705 en el cual asigna a la CABA una participación equivalente al 1,40 % de la masa coparticipable del artículo 2 de la Ley de coparticipación. Es decir, se reduce la participación del Estado Nacional en 1,40 pp y se le asignan a la CABA. Así la distribución del 42,34% del artículo 3° quedó del siguiente modo: 40,24% el Tesoro Nacional, 1,40% CABA y el 0,7% Tierra del Fuego.

En el año 2016 con los decretos 194 y 399 se incrementó la participación de CABA del 1,40% al 3,75% de la masa coparticipable del art. 2 de la Ley 23.548 por el traspaso de los servicios de seguridad no federal. La distribución del 42,34% del artículo 3° quedó del siguiente modo: 37,89% el Tesoro Nacional, 3,75% CABA y el 0,7% Tierra del Fuego.

Posteriormente y con la intención de adecuar el índice a la realidad recaudatoria del momento, en el año 2018 con el decreto 257 se reduce el índice del decreto 399 al 3,50% para los años 2018 y siguientes. La distribución del 42,34% del artículo 3° quedó del siguiente modo: 38,14% el Tesoro Nacional, 3,50% CABA y el 0,7% Tierra del Fuego.

En el año 2020 con el decreto 735 se reduce la participación en 1,18 pp, quedando la misma en el 2,32% según el artículo 1°. Se aclara en el mismo que se asigna el 1,40% a la CABA conforme al decreto 705/2003 más un adicional del 0,92% por la transferencia de servicios de seguridad no federal, totalizando de eses modo el 2,32%.

En el artículo 2 estipula que cuando el Congreso Nacional apruebe la Ley de transferencia de servicios y funciones de seguridad no federal el índice de CABA sería del 1,40%, es decir, que dejaría de percibir automáticamente el adicional del 0,92%, lo cual sucedió finalmente con la aprobación de la Ley 27.606.

Dato no menor es recordar que en el artículo 4º del mismo Decreto 735/20 se crea el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la Provincia de Buenos Aires con el objeto de contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas de la provincia. El mismo se constituirá con los recursos que se incorporen al Tesoro Nacional a partir de la adecuación de la participación que le corresponde a la CABA por aplicación del artículo 8° de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones, en el marco de lo previsto por el artículo 1º del presente, es decir, con los 1,18 pp que se redujo la participación de la Ciudad.

Competencia de la CABA ante la CSJN

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, las controversias que se suscitan entre una Provincia y la Nación tiene naturaleza federal e incumbe a la Corte Suprema de Justicia entender originariamente en instancia única.

Ahora bien, resulta oportuno recordar que mediante el fallo de fecha 4 de abril de 2019 en los autos caratulados “Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Córdoba, Provincia de s/ ejecución fiscal”, la CSJN revocó la doctrina que negó en su momento el acceso a la instancia originaria a la Ciudad de Buenos Aires, reconociéndole que tiene el puesto de las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Amicus curiae

La figura amicus curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal) es una herramienta procesal que consiste en presentaciones que pueden realizar terceros ajenos a una disputa judicial a fin de expresar sus opiniones y acercar argumentos de trascendencia para la sustentación del proceso judicial y la materia en discusión. Dichos terceros deben tener un justificado interés en aquellos asuntos que, debido a su trascendencia, interesan a la sociedad y no sólo a las partes involucradas en el juicio.

La presentación del amicus curiae no produce perjuicio contra ninguna de las partes del litigio, ni tiene entidad para retardar o entorpecer el proceso. El presentante no reviste carácter de parte, su posibilidad de actuación procesal se reduce al agregado de la opinión que emita en el expediente.

Reflexión final

Con la jurisprudencia vigente, la CABA tiene derecho a presentarse ante la CSJN para el pedido de inconstitucionalidad de una norma, al igual que cualquiera de las 23 provincias. Ante dicha acción, la CSJN se declaró competente en el tema y es por ello que las partes se encuentran en proceso de negociación para llegar a una conciliación sin que deba finalmente tomar una postura sobre la problemática.

Bajo esta última posibilidad es que las provincias se presentaron como amicus curiae expresando que se ven perjudicadas por el incremento que tuvo el índice de CABA. Sin embargo, a la hora de los beneficiarios de la reducción del mismo, no todas las provincias corrieron igual suerte, tal como el propio Decreto 735 dejó estipulado.

(*) Ex Ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia.
Ex Presidente de la Comisión federal de impuestos de la Nación.

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