En medio del recalentamiento de la pulseada por recursos tras el acuerdo con el FMI, los diez mandatarios del Norte Grande redoblarán el próximo viernes en Puerto Iguazú el pedido al Gobierno nacional de un reparto más equitativo de subsidios a la energía y al transporte y buscarán además blindar los fondos necesarios para asegurar obras clave para esas provincias, tras el naufragio del Presupuesto 2022.
El encuentro, anticipado ya por este diario, contará in situ con interlocutores nacionales clave, como el jefe de Gabinete, el tucumano Juan Manzur – un socio de la región -; y los ministros del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y de Transporte, Alexis Guerrera.
La agenda del Norte Grande es en rigor más amplia. Pero buena parte de las miradas estarán dirigidas al planteo de la coalición en torno a la distribución de subsidios nacionales, con el incómodo telón de fondo del reciente entendimiento con el FMI que hará aún más corta – con letra chica por definir – la frazada de financiamiento para responder a las peticiones de los gobernadores.
Lejos de resignar sus aspiraciones pese a ese escenario adverso -y bajo la bandera de combatir asimetrías históricas respecto de otros puntos del país-, los Ejecutivos norteños mantienen su exigencia de una tarifa diferencial de energía eléctrica para la región por el mayor consumo derivado de las altas temperaturas, a la manera del subsidio al gas para la Patagonia.
Pero el paquete de reclamos – que potenciaron desde el relanzamiento del bloque regional, a fin de 2020 – incluye además la búsqueda de un reparto más justo de los subsidios nacionales al transporte.
Esa espinosa discusión en esta oportunidad encuentra terreno especialmente fértil por los reclamos crecientes contra la distribución pro AMBA -se quedan con el 85% de la torta- que potenció el peronista cordobés crítico Juan Schiaretti y que amplificaron días atrás intendentes de ciudades grandes del interior. Los pioneros fueron el peronista Martín Llaryora (Córdoba), Pablo Javkin (Rosario) y Emilio Jatón (Santa Fe) -ambos del Frente Progresista-, que unificaron el precio del boleto en $ 59,35 y reclamaron a Guerrera un “boleto federal a 18 pesos”.
“Los cordobeses sufrimos la discriminación en muchos ámbitos, especialmente en el transporte”, dijo el viernes Llaryora, además de reafirmar el pedido de que “se establezca un precio único para el transporte público para todo el país”.
