Ciudadanos chaqueños y argentinos: ”Por qué nos movilizamos el 1F”

''Los firmantes, en nuestra calidad de ciudadanos argentinos, queremos expresar nuestra adhesión a la marcha del 1F respecto al reclamo popular por una justicia independiente y popular, que conlleva un profundo cambio del sistema judicial argentino y la designación de nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reemplazo de su actual composición'', señalan en un documento.

El escrito

”Es sabido que en el desenvolvimiento del sistema democrático es fundamental que el rol de los tres poderes del Estado esté acorde con el respeto del Estado de Derecho, la defensa de los intereses del pueblo en su conjunto, y que sus miembros no solo deben ostentar legitimidad de origen en sus designaciones, sino fundamentalmente la legitimidad de ejercicio, que solo se obtiene en tanto y en cuanto se perciba en el tejido social que gobierna el pueblo y se defiende un solo interés: el del Pueblo.

En nuestra querida Argentina la instauración de la Constitución de 1853 fue un avance para su época en un proceso de organización nacional, a la vez que en varios aspectos consolidó un modelo de País unitario, liberal y a la medida de la vorágine de intereses extranjeros. Basta para ello mencionar el concepto absoluto de la propiedad privada, la libertad de los ríos y no reservar para el Estado nacional recursos estratégicos.

Fue el devenir histórico y un nuevo modelo económico, que hizo necesario adecuar esa Constitución, a una nueva que se condiga con la constitución real, la que vive, necesita y siente el Pueblo, ella fue la Constitución de 1949.

El golpe militar de 1955, por simple decreto derogó una estructura jurídica que consagraba derechos a la familia, niños, ancianos etc., pero fundamentalmente daba un rol al Estado como defensor de soberanía y motor de la economía y custodio de un modelo más justo y distributivo.

Las reformas constitucionales posteriores no han modificado el status -quo delineado por el confeso liberal de Alberdi, y ha sido gran parte del Poder Judicial Argentino quien ha venido a través de sus fallos consolidando los poderes fácticos, que por su posición dominante en lo económico son el poder real en nuestro País.
La necesidad de un cambio constitucional llegará por propio peso de las circunstancias de un pueblo que no está dispuesto a seguir entregando su destino a una plutocracia que lo sojuzga.

Pero es necesario, hasta que llegue ese momento, que los sectores del Poder Judicial no sigan siendo instrumento de los grupos económicos para impedir cambios estructurales y desconocer leyes del Congreso Nacional. Ni ser el ariete de estos intereses para perseguir a dirigentes o políticos opositores a sus mandantes. Un poder Judicial que ha mantenido en el tiempo ciertos privilegios, como ser su inamovilidad, intangibilidad de sus sueldos y excepción de pago de ganancias, y que incluso se ha perpetuado en el poder legitimando golpes de Estado en desmedro de la Constitución que juraron defender.

Basta recordar cuando el General Uriburu derroca al Pte. Don Hipólito Yrigoyen en 1930 y puso en comisión a la C.S.J.N integrada por los Dres. José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Lavalle, Antonio Sagarna, y procurador general Horacio Rodriguez Larreta, que se mantienen en sus cargos y elaboran las doctrina que justifican los golpes de Estado en vergonzosa acordada que entre otras cosas dice “…que el gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales y es necesario para asegurar la paz y el orden de la Nación y por consiguiente proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas, pero manteniendo la supremacía de la Constitución” ¿?

El sesgo ideológico impreso en fallos que abiertamente favorecen a grupos económicos, (pública vinculación de 2 de ellos con el Grupo Clarín) o el no tratamiento de recursos de presos detenidos con fuerte componente político, no respetar la ley de género, aplicación ilegitima del 2×1 a genocidas, el desconocimiento de facultades propias del Congreso Nacional y rehabilitar una ley derogada hace 15 años para controlar el Consejo de la Magistratura, que se atriibuyen funciones legislativas y coartan facultades del P.E., la aceptación de su designación irregular por D.N.U. de sus miembros Rosatti y Rosenkrantz, (mas allá de la subsanación posterior) nos ponen en grave riesgo institucional e inhabilitan moral y jurídicamente a sus actuales componentes para seguir detentando tan alta magistratura.

Adherimos a nivel nacional y local a las expresiones de repudio y marchas convocadas el 01/02/2022

Avelino Mario Daniel Fernández, D.N.I.11.653.68, Julio René Sotelo DNI 10407860, Francisco Rolando Ortiz D.N.I. 2104715, Jorge Daniel Turk D.N.I. 17.085.799, Laura Tissembaum D.N.I.12.343.355, Lilia Viviana Visconti DNI 7059533, Felipe Germán Bittel D.N.I. 13309464, Gladis Cristaldo DNI 16.004.542, Ricardo Eulogio Bugnart DNI. 11016246, Carlos Roberto Barsesa DNI.11.662.389, Mirna Elisabeth Storni Duarte 22.711.364, Víctor Rolando Arbués D.N.I. 13.114.284, José Luis Valenzuela DNI 8.219.251, Raúl Gerardo Bittel 12172887, María Silvana Pérez D.N.I 24908067, Marcelo Didier Billa 34611545, Edgardo R. Bachmann DNI 7.911.755, Patricia Filipponi DNI 16.244.772, María Luisa González DNI 4.179.075, Oscar Cacho Maciel DNI 5.520.386, Mario Daniel Souilhé DNI 8300780, Oscar Matías Orellana DNI 14708311, Marcelo H. Rodríguez DNI 21623665, Lucio Fidel Gómez DNI 14.936.353, Alberto Nicolás Barcesa DNI 31.909.608, Armando Benítez DNI Nº 11653870, Miguel Ángel Ávila 17356743, Hernán Ciravolo DNI 21763160, Horacio Noel Ramón Vidarte DNI 13.902.609, Amalia Delfina Cisneros DNI 6213989, Carlos López 16367645, Oreste Arturo Blanco DNI 13463467, Denaro Claudia Mariela D.N.I. 24805094, Hipper Hans Gustavo D.N.I. 14.085.304, Juan Facundo Esquivel 29720720, Josefina Bittel DNI 32.301.675, Carlos Erasmo Aguirre DNI. 11.016.397, Lucía Itatí Verón DNI. 12.816.698, Silvia Viviana Levin D.N.I 12343500, Norma Edith Suárez DNI 14202353, Rebeca Dikstein DNI 10.850.367, Goussal Rita Liliana D.N.I 12.172.227, Gastón Alberto González D.N.I. 32.277.8, Norma Edith Suárez DNI 1420235317, Lucía Liliana Moré DNI 17.369, Analía Noemí Enciso DNI 30.522.764, Araceli Teresa Billa DNI.31.887, Carlos H. Aguirre DNI 7.536.105, Patricia Elisabet Castelán DNI 21626146, Adolfo “Cacho” Brítez 14.346.086, Marina Mirta Ortega, Norberto Ricardo Soria 12.884.905, Adrián Ortiz 16320795, Sandra Viviana Martina DNI 2.594.796, Fernando Raúl Ibarra DNI 13.902.458, Leila Marta Varela D.N.I. 11.245.046, Natalia Mariel Luque 22.711.029 , Miguel Szabo D.N.I 12 098 910, Juan Edgardo Sosa D.N.I 12 820 269, Juan Ramón Meza DNI 20193174, Analía Flores DNI 17813291, Silvia M. Robles 13.309.878, Ricardo Uferer 12.172.189, Griselda Isabel Gómez DNI 17290522, Julio César García DNI 17433832, Mirians B. Serial DNI 17.369.103, Carlos Alberto Turk D.N.I 7907216, Mirta Benítez DNI 16726458, Norma Diana de Paoli DNI 4174159, David Nazareno Zambrino DNI 14 227 936, Perla Baldani DNI 1173080, Lucio F. Ayala Zalazar DNI 6.083.232, María E. Ayala Soria. 26.696.520, Marcelo Gastón Wurm DNI: 34.366.383, Fany Pagano 13754162, Norma Diana de Paoli DNI 4174159, Stella Maris López DNI Nº 22131587, Luis Alberto Pascuet DNI 13719525, Cecilia Madera 21.978.011, Mariana V. Machuca DNI 29.440.582, Dora Paleari 16.367.361, Carla Milena Ríos Paleari DNI 31.109.736, Norma Beatriz Bittel D.N.I.10850481, Marta Concepción Acosta DNI 28.419.212, Liliana Elizabeth Smoly DNI4779413, Miguel Ángel Balbuena DNI 20223511, Cecilia Solá. DNI 20623538, Mariela Itatí Davies DNI 25238624, Claudia Noemí Avalos DNI 18448192, Víctor Hugo Gómez DNI 16926180 y Andrea Elizabeth Martina DNI 23.987.586”.

 

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