Trasladaron al agente policial detenido en la comisaría 3ra de Sáenz Peña, tras ser agredido por otros internos

El Comité contra la Tortura interpuso una acción de habeas corpus preventivo en beneficio de dos detenidos solicitando medidas de resguardo urgente. Uno de ellos, agente policial, fue trasladado a la dependencia de Puerto Vilelas, única que se encuentra apta para alojar a miembros de la fuerza privados de su libertad.

Ante a las denuncias de público conocimiento sobre hechos sucedidos en la Comisaría 3ra de Sáenz Peña, que tuvieron como víctimas a dos detenidos, uno de ellos agente policial, el sábado al mediodía, el Comité contra la Tortura interpuso un hábeas corpus para que puedan ser trasladados en resguardo de su integridad física.

Intervinieron el Equipo de Intervención Rápida del CPTCh, en coordinación con la Guardia de DD.HH (Subsecretaria de Derechos Humanos) instamos medidas de protección para ambos detenidos ante la Fiscalía Adjunta en lo Penal Especial en Derechos Humanos de dicha Circunscripción. Asimismo, personal de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros se entrevistó confidencialmente con ambos.

Tras ponerse en conocimiento una nueva agresión sufrida por una de las víctimas en manos de otros internos en la dependencia policial a donde había sido trasladado, desde el CPTCh se interpuso una acción de habeas corpus preventivo en beneficio de ambos detenidos solicitando medidas de resguardo urgente, la cual fue rápidamente resuelta por el Presidente de la Cámara Primera en lo Criminal de S.P, Rodolfo Lineras quien, previo a entrevistarse personalmente con ambos, ordenó el traslado de uno de ellos la dependencia policial la localidad de Puerto Vilelas, única que se encuentra apta para alojar a agentes policiales.

El Comité para la Prevención de la tortura insta la necesidad agilizar la actuación de los órganos judiciales predispuestos para la investigación casos de delitos cometidos por las fuerzas de seguridad (Fiscalías en lo Penal Especiales en Derechos Humanos) y el particular del dictado de medidas de protección de víctimas y testigos al inicio de la investigación, máxime cuando las posibles víctimas se encuentran bajo custodia de los denunciados.

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