Se trata de una respuesta ante un pedido de opinión por parte de la Cámara de Diputados de Corrientes sobre un proyecto legislativo de los diputados Eduardo Hardoy y Ana Pereyra de adhesión a la Ley 23.737 conocida como “desfederalización de delitos menores de estupefacientes”.
Dicha Ley Nacional deja en potestad de las provincias la investigación y decisión judicial sobre algunos delitos de menor porte relacionados con el tráfico de drogas.
Al respecto, desde el Superior Tribunal de Justicia se reiteró un rechazo que ya había emitido en el año 2014, y reiterado en otras ocasiones en los últimos años.
Según expuso el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Panseri, las experiencias de las provincias de Chaco, Entre Ríos y Santa Fe extrajo como conclusión que no resulta conveniente la adhesión que se propone.
En tanto, el Fiscal General César Sotelo, manifestó que ya emitió opinión en la que sostiene que la Nacional 23.737, y sus modificatorias, pretende diferenciar el narcomenudeo del narcotráfico, distinción que provoca un corte artificial en los hechos que entorpece la persecución de los mismos.
Expone que la investigación fragmentada impide descubrir la cadena delictiva del narcotráfico, imposibilitando atacar las verdaderas causas.
Y que la división de competencias frustra el hallazgo de los elementos que permiten establecer la cabeza de las organizaciones narcocriminales y abordar las verdaderas causas, con el objetivo de desbaratar este tipo de organizaciones.
Remarca el Fiscal General que este tipo de delitos es de naturaleza compleja, y para su investigación exige un proceso de capacitación, especialización y concentración, así como elementos de valores elevados para el desguardo de la droga y su destrucción, “resultando insuficiente la estructura con la cuenta la provincia para afrontar dicha competencia”.
Desde el Superior Tribunal de Justicia se recuerda que el Acuerdo 7/14 del Superior Tribunal ya fijó su posición en contra de la desfederalización, al adherir a una declaración de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas (JUFEJUS).
Esa declaración de la JUFEJUS en la que se observaba con preocupación que en varias provincias la estrategia de desfederalizar se impulsó sin una estrategia global ni un programa estructurado que aborde la cuestión de la inseguridad y, en particular, el problema del narcotráfico.
Con estos fundamentos, el Superior Tribunal y el Ministerio Pública Fiscal de Corrientes reiteraron el desacuerdo con el proyecto de ley de desfederalización.
