Causa de los cuadernos: piden que se revea el sobreseimiento de los directivos de Techint

El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) se presentó ante la Cámara Federal y planteó que el sobreseimiento de Paolo Rocca, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta se debió a un proceso judicial fraudulento. En particular, apuntó contra el rol del fiscal Carlos Stornelli, quien incumplió con su función al no apelar el fallo del juez Julián Ercolini, quien exculpó a los directivos de Techint pese a que admitieron haber pagado sobornos.

Carlos Stornelli, fiscal federal.

Una organización no gubernamental especializada en criminalidad económica se presentó ante la Cámara Federal y sostuvo que los sobreseimientos del CEO de Techint, Paolo Rocca, y los ejecutivos Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, en la causa de los cuadernos, fueron producto de un proceso judicial fraudulento y se deben tomar medidas para que sean reconsiderados.

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Se trata del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), que participó ya en otras grandes causas de corrupción como las que involucraron a Siemens, Skanska, IBM y el Banco Nación e incluso el caso de los sobresueldos del menemismo.

En términos técnicos plantea una figura llamada “cosa juzgada írrita” que permite dar marcha atrás en una causa ante situaciones determinadas, como que algunas de las partes no cumplan con su deber. En este caso apunta en particular al fiscal Carlos Stornelli, que no apeló el fallo del juez Julián Ercolini que desvinculó a los empresarios con el argumento de que habían pagado coima por un “estado de necesidad”, pero procesó al funcionario supuestamente beneficiado, Roberto Baratta.

También extienden la crítica a la Unidad de Información Financiera (UIF) por advertir fallas en su apelación.

El escrito del Cipce pide una “medida reparatoria que permitiría subsanar la nulidad de la inactividad acusatoria por el medio menos lesivo al alcance del Tribunal, permitiendo que los intereses sociales puedan ser defendidos”, lo que abarcaría el “derecho” de “contar con un buen sistema de administración de justicia” y de “ver realizada aquella misma idea en la manera en que se resuelven los casos más graves de criminalidad, que son aquellos que involucran a actores poderosos”.

Sobre el holding Techint (Tenaris, Ternium, Techint Engineering and Construction, Tenova, Tecpetrol y Humanitas) en particular señaló “el poder de influencia” que tendría “sobre el aparato estatal” y la magnitud de su negocio con ingresos por unos 19 mil millones de dólares anuales, registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission, SEC).

Como informó Página/12 a comienzos de agosto el juez Ercolini dictó el sobreseimiento de Rocca, Betnanza y Zabaleta, quienes habían confesado el pago de coimas en la causa de los cuadernos (que supuestamente escribió el chofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno), pero procesó por dádivas a Baratta, ex subsecretario de Coordinación.

El magistrado entendió que el pago de sobornos por parte de los empresarios estaba justificado por una situación relacionada con la planta de Sidor en Venezuela, en medio de una negociación por la nacionalización, con la necesidad de preservar la seguridad y los empleos. Supuestamente hicieron pagos ilegales para obtener ayuda.
La realidad es que nada de eso tenía que ver con los argumentos que los hombres de Techint dieron cuando declararon como arrepentidos. Incluso Zabaleta dijo que el problema era que les iban a cortar la luz y el gas en las plantas de Siderar y Siderca. Betnaza sobrevoló el tema con imprecisión y Rocca dijo que se enteró de las coimas por los medios.

Luego, ante los medios mencionó la cuestión de Venezuela. Como sea, los tres se las ingeniaron para quedar afuera de la megacausa cuadernos y no ser elevados a juicio oral, hasta que consiguieron el sobreseimiento.

La presentación del Cipce, que hace junto con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), señala como el primer problema clave la falta de apelación del fiscal Stornelli. “La renuncia al deber legal de continuar la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal de la Nación configura un incumplimiento de sus funciones y resulta contradictoria con las actuaciones previas de dicho órgano, por medio de la cual se instaba la elevación a juicio”, dice.

Se refiere, en ese punto, a que con anterioridad el fiscal había impulsado los procesamientos de los ejecutivos, además de toda la elevación a juicio de la causa cuadernos con 47 imputados en el banquillo, incluso destacada por el procuradora general Eduardo Casal, quien lo defendió ante la denuncian del senador Oscar Parrilli por este caso en particular. Con la “inacción” de la fiscalía, agrega el escrito, “se viola” el “Código Penal”, el “Código Procesal Penal de la Nación, la Constitución Nacional, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos”.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recuerda, “la impunidad en casos de corrupción afecta directamente los derechos humanos” y “la investigación debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio”.

A la Unidad de Información Financiera (UIF), la presentación le cuestiona que no apeló directamente el sobreseimiento de Rocca, Betnaza y Zabaleta, sino que adhirió a un recurso de Baratta. En aquella presentación, informó este diario, el organismo antilavado decía también que Ercolini había recortado pruebas para idear un “argumento forzado” y “arbitrario” que permitiera justificar que exculpaba a los empresarios.

También decía que ante un delito como el que está en juego, donde intervienen dos partes, no se puede desvincular a una y responsabilizar a la otra. La Cámara Federal, con las firmas de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, lo rechazó por razones formales.

Ahora hay que ver qué hace la Cámara con la presentación del Cipce, cuyos dos ejes son: el planteo de la “cosa juzgada írrita” que admita que hubo una irregularidad en el proceso judicial, donde en especial la fiscalía incumplió su papel de impulsar la acción, y que restablezca los plazos procesales para “romper el esquema de impunidad”. Esto habilitaría, de ser concedido, la designación de otra fiscalía y una nueva oportunidad para la Unidad de Información Financiera.

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