Condenas de entre 6 y 17 años de prisión para 10 miembros de la banda del “Operativo Sapucay”

Diez hombres, entre ellos tres exmiembros de fuerzas de seguridad, fueron condenados a penas de entre 7 y 17 años de prisión por el denominado "Operativo Sapucay", mediante el cual se desbarató en 2017 una banda dedicada al narcotráfico internacional que operaba desde la ciudad correntina de Itatí.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impuso ayer penas que van desde los seis hasta los diecisiete años de prisión para diez personas acusadas de integrar una organización dedicada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la ciudad de Itatí, en la provincia de Corrientes. Fueron condenados por los delitos de asociación ilícita (nueve de ellos en calidad de miembros mientras que Carlos Bareiro que fue señalado como jefe), tráfico ilícito de sustancias estupefacientes -en la modalidad de comercio- en calidad de coautores, agravado por haberse servido de menores de dieciocho años de edad y por la intervención de funcionarios públicos.

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Además, el fallo impuso multas económicas que van desde los 7 mil a los 33 mil pesos. En el debate intervinieron en representación del Ministerio Público Fiscal el titular de la Fiscalía General N° 4, Juan Patricio García Elorrio, el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, y el auxiliar fiscal de esa procuraduría especializada, Martín Uriona.

El líder de la organización, Carlos “Cachito” Bareiro, recibió la pena de 17 años de prisión y se le impuso la multa económica más alta del veredicto. En tanto el ex comisario de la Policía de Itatí, Osvaldo Ocampo Alvarenga, y los agentes de la Policía Federal Rubén Ernesto Ferreyra y Carlos Víctor López recibieron una condena de 9 años de prisión. También se les impuso a los tres una inhabilitación absoluta y especial por el tiempo de la condena para el ejercicio de funciones de policía. Fueron condenados también los integrantes de la organización criminal Alejandro Ramon Gayoso, Mareco Vargas, Ezequiel Saucedo y Jorge Eduardo Espinosa a 8 años de prisión, y 8 años y seis meses en relación a los dos últimos. En el caso de Espinosa la pena fue unificada a 10 años y 6 meses de prisión por una condena previa. Mientras que los acusados Edgardo Javier Coria y Carlos Luis Romero fueron condenados a 6 y 7 años de prisión (la pena de Coria fue unificada en 7 años de prisión por una condena previa), respectivamente. El tribunal también absolvió a Viviana Saucedo y Silvina Ayala, quienes se encontraban acusadas de los mismos delitos.

La jornada comenzó con las últimas palabras de los imputados pasadas las 14.30, tras lo cual el Tribunal, integrado por los jueces Andrés Fabián Basso, Javier Feliciano Ríos y Fernando Machado Pello, convocó a un cuarto intermedio. Posteriormente, llegando a las 17.00, comunicó el veredicto y señaló que los fundamentos del fallo se darán a conocer el próximo 7 de octubre. El tribunal también rechazó múltiples planteos realizados por las defensas.

En la sentencia se consideró acreditado que la organización ingresaba el material estupefaciente desde la República de Paraguay, mediante vía fluvial, para luego distribuirla y comercializarla hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza. A su vez, la asociación ilícita poseía una poderosa influencia en el funcionamiento de múltiples dependencias públicas de orden municipal, provincial y nacional.

Causas conexas y acuerdos abreviados

Además de las doce personas juzgadas en este debate, hubo un total de veintisiete acusados que celebraron acuerdos de juicio abreviado con diferentes pedidos de pena. En relación a los acuerdos, el tribunal aceptó la propuesta de partir el proceso (convirtiéndose en el primer precedente en el fuero federal) y dispuso que algunos acusados vayan a juicio mientras otros firmaron los acuerdos con la fiscalía. Para no prejuzgar, el tribunal supeditó el análisis y la homologación de los acuerdos a la finalización del debate. De esta manera, una vez concluido el juicio respecto de los acusados que fueron a debate, se dictará sentencia respecto de estas 27 personas.

Entre estos acusados a la espera de la homologación del acuerdo se encuentran otra de las cabezas de la estructura criminal, Federico Sebastián Marín, con un pedido de pena de 12 años de prisión. También, el ex jefe comunal de Itatí, Natividad Terán, y el ex vicejefe comunal Fabio Adrián Aquino, con solicitudes de pena de 3 y 8 años de prisión, respectivamente. También, se encuentran en esta misma situación procesal el ex sargento de la comisaría de Itatí, Mario Oscar Molina (solicitud de seis años de prisión), el abogado Omar Antonio Serial (pedido de tres años y seis meses de prisión) y el segundo comandante de la Gendarmería Nacional, Gabriel Fernando Alcaraz, con un pedido de pena de 3 años de prisión, entre otros.

En total fueron acusadas 64 personas en este universo de 39 causas vinculadas, 38 como miembros de la organización y otros 26 que realizaron maniobras de narcotráfico.

Durante el alegato, la fiscalía había señalado en relación al despliegue territorial de la organización criminal: “Existía en Itatí una especie de estado policial subterráneo, en el cual algunas conductas eran merecedoras de investigación o reproche, un homicidio claramente lo era, otras no tanto. Se naturalizaban. El tráfico de marihuana estaba naturalizado. ¿Por qué estaba naturalizado? Porque era un negocio para ambas partes, para quienes desarrollaban las actividades de narcotráfico y también para las autoridades policiales, que obtenían un beneficio económico a cambio dejarlas actuar, de no ser un obstáculo para el funcionamiento de la empresa criminal y si la empresa criminal sufría un percance acudían en su ayuda en su rescate”.

 

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FuenteFiscales
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