El Gobierno nacional no avanzará judicialmente contra funcionarios del FMI

El Gobierno no avanzará judicialmente contra los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) que negociaron, firmaron y ejecutaron el stand by cerrado durante el Gobierno de Mauricio Macri en 2018. No habrá anuncio oficial. Sino simplemente falta de acción.

David Lipton, asesor directo de la secretaria del Tesoro de EE.UU.

La decisión forma parte de la nueva etapa de adecuación entre el país y el organismo financiero internacional, para poder cerrar un acuerdo en algún momento después de las elecciones de noviembre próximo. Y ante la realidad que lograr algún tipo de sanción judicial dentro o fuera de las fronteras jurídicas nacionales, era una utopía.

Una tercera razón es aún más práctica y racional. Una de las personas que debe ayudar al país a avanzar en un acuerdo con flexibilidades únicas (por ejemplo una reducción de los intereses que cobra habitualmente el FMI), es el técnico que desde el organismo firmó el acuerdo.

Se trata de David Lipton, asesor directo de la secretaria del Tesoro Janet Yellen, de quién depende que Estados Unidos vote positivamente un Facilidades Extendidas especial, en el board del Fondo.

La causa por “administración fraudulenta y malversación de capitales públicos” que el Gobierno impulsa desde marzo, se concentrará contra funcionarios de la administración macrista; y ya no avanzará hacia los hombres y mujeres del organismo que hayan intervenido.

El anuncio de la intención del gobierno de Alberto Fernández sobre la megacausa por “manejo fraudulento de la deuda externa durante la gestión de Mauricio Macri” comenzó el lunes primero de marzo, luego del mensaje presidencial ante la Asamblea Legislativa.

Por la tarde de ese día el Banco Central inició los trámites correspondientes al pedirle a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción (OA), que tomen en cuenta la información incluida en un informe elaborado a comienzos del 2020 sobre “Mercado de Cambios, Deuda y Formación de los Activos Externos 2015- 2019” y en “las actuaciones administrativas referenciadas” en diferentes expedientes “referidos a junio de 2020” y que embisten contra la manera en que la entidad que hoy maneja Miguel Pesce trató y autorizó operaciones de cambio durante la gestión de Mauricio Macri. Luego fueron la SIGEN y la OA los que avanzaron en la investigación y la presentación judicial del caso.

El 21 de abril el titular de la Oficina Anticorrupción Félix Crous hizo la presentación mientras que el fiscal federal Franco Picardi le dio impulso a la denuncia ante la jueza María Eugenia Capuchetti, apuntando al ex presidente Mauricio Macri, y a los ex ministros de Economía y Finanzas Nicolás Dujovne, Luis Caputo y el extitular del BCRA Guido Sandleris.

La intención original era avanzar también en la culpabilidad de la exdirectora gerenta del Fondo, Christine Lagarde y el director gerente para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner; así como el número dos de entonces el norteamericano David Lipton.

Los hechos que el gobierno quiere investiga son tres. El primero son los lapsos que transcurren entre mayo y junio de 2018 y julio y septiembre de ese año; cuando se negociaron los términos de los dos stand by. El primero caído a sólo dos meses de vigencia, y el segundo el que llega a estos días y que completa los u$s44.800 millones que se le deben al FMI; de un total de u$s 55.450 millones que el organismo se comprometió a enviar a la Argentina.

La sospecha oficial es que Macri impulsó estos acuerdos a sabiendas (especialmente el primero), que eran de imposible cumplimiento en el tiempo; generando un nivel de pasivos financieros que hoy deben ser renegociados con el FMI. Deberá esforzarse el Gobierno en encontrar hechos penales que habiliten una causa de malversación de fondos o mal desempeño de deberes de funcionarios públicos, en hechos donde se desprenden malas decisiones con pésimos finales.

El segundo hecho que se investiga es la decisión de Macri de no enviar ambos acuerdos al Congreso. Se sabe que la intención de Guzmán, es que la negociación actual derive en un tratado que sea aprobado por ambas cámaras legislativas; para darle volumen político.

Sin embargo, y tradicionalmente, los acuerdos con el FMI nunca pasaron por el Congreso; y el aval legislativo llega luego con la aprobación anual de los presupuestos. De hecho, ni el acuerdo del 2003 al que llegó el gobierno de Néstor Kirchner o la decisión de enero de 2006 de liquidar la deuda residual de u$s9.810 millones con el FMI pasaron por el Congreso.

VIAambito.com
Compartir