Los fiscales Sergio Ríos, Silvana Rinaldi y Gisela Oñuk comandaron el miércoles por la mañana una serie de allanamientos en propiedades que están a nombre de la intendenta de Enrique Urien, Liliana Pascua, tanto en esa localidad como en Villa Ángela. El objetivo fue relevar las mismas para luego realizar una pericia por medio de la cual se determinará su valuación y si esta se condice con los ingresos de la jefa comunal, hoy sospechada por hechos de corrupción.
En declaraciones a CIUDAD TV, la fiscal Rinaldi, quien coordina el equipo, explicó que estos allanamientos se dieron tras la denuncia que radicó el diputado provincial, Alejandro Aradas, ante la Justicia Federal y que derivó en una causa por lavado y evasión agravada.
“Ante esa denuncia, el Juzgado Federal se declaró incompetente parcialmente y se elevan las actuaciones a la justicia provincial, recayendo en un primer momento en la fiscalía de turno, a cargo de Sergio Ríos. A partir de ahí, el Procurador (General, Jorge Canteros) decide formar un equipo fiscal para que se haga cargo de la investigación de estos hechos”, añadió.
Rinaldi explicó que los operativos se realizaron en dos casas que tiene Pascua: una en Urien y otra en Villa Ángela. Allí se hizo un inventario y relevamiento tanto de las viviendas, su construcción y dimensiones, como así también el mobiliario y los bienes que hay en su interior. “Esto se realiza para determinar si hay algún tipo de enriquecimiento que nos indique el incremento patrimonial denunciado”, comentó.
Por otra parte, comentó que todo el material recogido será luego analizado por peritos para que determinen la valuación patrimonial observada. Aclaró en este sentido que no se secuestraron objetos ni documentación alguna.
La funcionaria recordó en este marco que la justicia provincial se encuentra abocada a investigar los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito y fraude en perjuicio de la administración pública. En tanto que la Justicia Federal continuará con la investigación de lavado de activos y evasión agravada por falsificación de facturas.
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