Violencia policial contra jóvenes Qom: el 7 de mayo será la audiencia ante el Juzgado de Garantías

Se realizará a partir del planteo de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco que reclama que los policías imputados por agredir a jóvenes Qom en Fontana sean juzgados por el delito de torturas. También piden que se impute a la comisaria Claudia Lucena por omisión de evitar la tortura.

El próximo 7 de mayo, en la sede del Juzgado de Garantías Nº 3 de Resistencia, tendrá lugar la audiencia de oposición a la elevación a juicio de la causa por la brutal golpiza contra jóvenes Qom del barrio Bandera Argentina de Fontana que conmocionó al país a fines de mayo de 2020. En la misma, que estará presidida por la jueza Rosalía Zozzoli, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco fundamentará su pedido para que se cambie al delito de “tortura” la acusación contra los policías a quienes el Fiscal en lo Penal Especial de Derechos Humanos, Luciano Santos, requirió que sean juzgados por el delito de “vejaciones agravadas”, y que prevé penas mucho menores, tal como lo informara este portal.

Según pudo saber CHACO DIA POR DIA.COM, el abogado que representa a la Secretaría, Kevin Nielsen, también planteará en la audiencia que la jefa de la Comisaría Tercera de Fontana en el momento de los hechos, la comisaria principal Claudia Beatriz Lucena, sea imputada por el delito de omisión de evitar la tortura.

Vale recordar que la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco es una de las partes querellantes en la causa contra los agentes policiales acusados, así como también el Comité Provincial de Prevención de la Tortura.

La intervención de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros apunta a “resguardar la responsabilidad internacional del Estado Argentino en torno cumplir con el mandato de adecuada y efectiva sanción (Art. 4 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y/o degradantes), así como el de investigación pronta, eficaz, imparcial y exhaustiva; reparación y rehabilitación integral, incluida la garantía de no repetición de los actos prohibidos por la Convención y en particular los compromisos internacionalmente asumidos por el Estado Argentino – y Chaqueño- en la Solución amistosa “Greco” ante la CIDH”.

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