La Justicia rechazó la acción de amparo contra la IVE en el Chaco

La titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 13 de Resistencia, Claudia Elizabeth Canosa, resolvió desestimar la presentación que pretendía que se declare inconstitucional la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la provincia del Chaco. Así, la magistrada resolvió sobre la cuestión de fondo. Hace diez días, la Cámara de Apelaciones ya había revocado una medida cautelar de primera instancia y devolvió vigencia a la norma.

La jueza civil y comercial Nº 13 de Resistencia, Claudia Canosa, resolvió rechazar “in límine” una acción de amparo que pretendía se declare inconstitucional la ley nacional Nº 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y que se suspenda su aplicación en la provincia del Chaco. Es un nuevo revés en pocos días ya que la semana pasada la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial había revocado la medida cautelar innovativa dictada en primera instancia por la titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 21, Marta Aucar de Trotti y que había suspendido transitoriamente la aplicación de la norma impidiendo el ejercicio del derecho al aborto legal a las mujeres y cuerpos gestantes.

Vale recordar que la presentación de la acción de amparo más la medida cautelar innovativa fue realizada en el Juzgado Civil y Comercial Nº 21, a cargo de la jueza Marta Aucar de Trotti, quién hizo lugar a la polémica medida cautelar suspendiendo la aplicación de la ley y luego se tomó licencia. En ese contexto, la resolución del amparo debió derivarse a otro juzgado de primera instancia. En este caso, al Civil y Comercial Nº 13, de la jueza Canosa, quién el viernes 26 de marzo resolvió rechazar la medida judicial impulsada por Hilda Beatriz Dellamea, Cristina Araceli Chemes, Clelia Mirta Avila, Fernando Enrique Guirado, Gabriela Monzón, y Claudia Mariel Medina contra el gobierno del Chaco.

El jueves 18 de marzo, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial ya había revocado la medida cautelar dictada en primera instancia por la jueza Trotti.

No es suficiente con ser “ciudadanos” 

En sus fundamentos, la jueza Canosa consideró que los amparistas no cuentan con “legitimación activa” para impulsar la medida judicial, de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional y la Provincial, ya que sólo están legitimados para impulsar este tipo de acciones colectivas: el afectado, el Defensor del Pueblo y asociaciones que propendan a esos fines.

La magistrada sostuvo que “(…) al actuar los demandantes a título personal, en calidad de meros ciudadanos, claramente se advierte que no revisten la condición de los sujetos habilitados por el Art. 43 de la Constitución Nacional para entablar la acción en defensa de intereses ajenos”. En ese sentido, agregó que “(…) la invocación, por parte de los demandantes, de la calidad de “ciudadanos”, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”.

Por otro lado, la jueza Canosa aclaró que todos los jueces tienen la facultad de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, sin embargo ese control “se efectúa en casos particulares y concretos, no preventivo sino reparador”.

En ese sentido, recalcó que “(…) también la resolución que se dicte sólo puede tener efecto entre partes atendiendo un interés individual por lo cual el efecto material de la ley reputada inconstitucional no se suspende, no obstando a ello las soluciones arribadas en los precedentes invocados por la actora toda vez que en tales casos la vía procesal utilizada fué la ‘Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad’ que lleva ínsito el efecto erga omnes, no así en un proceso de amparo”.

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