“Algunos familiares de la intendenta de Urien recibieron casas porque las necesitaban”, dijo el abogado de Pascua

Marcelo Chávez, abogado de la intendenta de Enrique Urien, Liliana Pascua, imputada por malversación de fondos públicos y lavado de activos, entre otros delitos, aseguró que su defendida es inocente de todas las acusaciones en su contra. Si bien reconoció que algunos parientes y allegados a la jefa comunal ocuparon viviendas sociales, aseguró que esto no es un delito. “Que sean parientes de un funcionario, no significa que no tengan derechos”, sostuvo.

Lilliana Pascua, intendenta de Enrique Urien.

La intendenta de Enrique Urien, Liliana Pascua, fue imputada por la fiscalía Federal de Sáenz Peña por los delitos de malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la Administración Pública, lavado de dinero y evasión agravada por la conformación de facturas apócrifas.

El fiscal, Carlos Amad, había presentado la ampliación del requerimiento de instrucción judicial contra Pascua por dar presuntamente un uso espurio a dinero para viviendas destinadas a la comunidad qom, las cuales fueron entregadas en gran parte a sus familiares, allegados e incluso ella misma.

Además, se la acusa de participar en la falsificación de facturas que luego ingresaban al municipio en concepto de gastos realizados que nunca se realizaron, de compras de materiales de construcción por parte del municipio que nunca ingresaron a la comuna y que ni siquiera fueron abonados a esas empresas, como así también por el anómalo crecimiento patrimonial que tuvo en los últimos años.

En declaraciones a Radio Máster, Marcelo Chávez, abogado de la intendenta aseguró que todas las acusaciones contra la jefa comunal son infundadas y que las declaraciones mediáticas realizadas por el fiscal Amad fueron “un tanto apresuradas”.

Chávez recordó que esta causa se inició por la denuncia del diputado radical, Alejandro Aradas. “Él entiende que se habían cometido irregulares tanto en el proceso como la adjudicación de las viviendas. Y que esas irregularidades habían sido cometidas por la intendenta, lo cual es totalmente falso”, afirmó.

Comunidades

El abogado aseguró en este sentido que Pascua no intervino en el proceso de decisión respecto de dónde se iban a construir las viviendas. “Si uno ve la documentación, se aprecia que quien pidió la relocalización de las viviendas fue el propio Instituto de Viviendas, mediante una resolución de 2013. En esa resolución, se manifiesta que había 25 viviendas a ejecutarse en Villa Ángela pero que de esas 25, 10 se iban a ejecutar en Urien”, remarcó.

“El documento tampoco dice que se debía construir en la zona rural ni tampoco que tengan como destinatario exclusivo a comunidades aborígenes, porque todos sabemos que en Urien no existen”, añadió.

Si bien recordó que esas casas fueron ejecutadas mediante el plan habitacional denominado “Programa Federal de Viviendas y Mejora de Hábitat Pueblos Originarios y Rurales”, afirmó que los funcionarios de Vivienda “sabían perfectamente que no eran necesariamente para aborígenes sino para habitantes de la localidad”.

Por otra parte, en cuanto en cuanto a la acusación de que la propia intendenta decidió que se otorguen viviendas a sus familiares directos y allegados, Chavez explicó que esta imputación también es falsa. Si bien reconoció que familiares y amigos de la intendenta directamente ocuparon las viviendas sin ser adjudicatarios, afirmó que esta ocupación fue autorizada por el presidente del Instituto de Vivienda, Hugo Acevedo.

“Después de la autorización para ocupar esas viviendas, no hubo ninguna observación por parte de ningún ciudadano de Urien que hubiese estado inscripto, con derecho de usar la vivienda”, argumentó.

“Estas personas (en relación a los familiares de Pascua) vivían en viviendas precarias y necesitaban tener una vivienda. Que uno sea pariente de un funcionario no quiere decir que no tenga derechos”, sentenció.

Observaciones

En cuanto a la construcción de las viviendas, las mismas fueron auditadas por el Tribunal de Cuentas, sin observación alguna. “Si se hubiesen sustraído recursos, no se las hubiera podido terminar ni tampoco ocupar”, evaluó.

Asimismo, explicó que la casa de dos pisos que tiene Pascua en Villa Ángela, que también fue observada en la denuncia, se construyó sobre un inmueble que ella poseía desde 2008, cuando contrajo matrimonio con su primer esposo. Dicha casa, tras el divorcio, quedó a su nombre. “Esa vivienda lejos está de los valores que el denunciante asegura”, sostuvo el abogado.

Finalmente, atacó en duros términos al diputado Aradas, autor de la denuncia que inició la causa. “Aradas cumple en el Chaco la misma función que Lilita Carrió en el ámbito nacional: es un denunciador serial y no le importa para nada las consecuencias que hace, amparándose en sus fueros de legislador”, disparó.

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