Gobierno y empresas de electricidad inician la discusión para aumentar tarifas: el tope será de 20%

Arrancó formalmente el procedimiento de 'adecuación transitoria' de las boletas de energía eléctrica. El ENRE convocó a las distribuidoras y a las transportadoras. También se realizarán audiencias públicas. Revelan diferencias en el Frente de Todos mientras hay advertencia de las empresas.

Finalmente, el Gobierno nacional dio formalmente inicio al procedimiento de adecuación transitoria de las tarifas de la energía eléctrica con el objetivo de establecer un Régimen Tarifario de Transición, hasta tanto se arribe a un Acuerdo Definitivo de Renegociación.

Las tarifas de luz están congeladas desde 2019, algo que se prorrogó durante emergencia por la pandemia, pero ese stand by tiene su vencimiento para fines de marzo. Según pudo saber Data Clave, el consenso que surge desde el Gobierno nacional es que el impacto en las boletas sea menor al 20%.

Mediante dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convocó a las distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Edenor y Edesur, a participar del proceso. También lo hizo con las transportadoras Transener, Tranba (Buenos Aires), Transpa (Patagonia), Transco (Comahue), Transnea (Noreste), Transnoa (Noroeste) y Distrocuyo y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

En los próximos días el ENRE facilitará la realización de diversas instancias de participación ciudadana, convocando a tal fin a las personas usuarias y a las asociaciones de defensa del consumidor, a fin de ser informados de las distintas etapas del procedimiento. En estas audiencias públicas el ENRE busca “reducir la asimetría de información entre las empresas distribuidoras, las personas usuarias y el organismo de control”.

Suba de tarifas y elecciones

El Gobierno encara la readecuación de tarifas en un contexto complejo y al que se le suma un año electoral. Cualquier decisión tiene impacto en la economía e impacto político inmediato. Si bien reconoce que hay un atraso en las tarifas que golpea en todos los eslabones de la cadena (desde producción hasta distribución), una suba como la que reclaman desde el sector podría traer consecuencias inflacionarias y en misma actividad económica.

Además, una parte de la coalición gobernante entiende que incentivar el consumo en este 2021 es una de las claves para ganar las elecciones de medio término. Antes esto, un incremento fuerte en las tarifas de servicios públicos puede pulverizar esa carta electoral.

En ese contexto, hubo algunas diferencias puertas adentro del Ejecutivo respecto al porcentaje en que se incrementarán el cuadro tarifario. “De ninguna manera la suba va a ser mayor al 20% en el precio que pagan los usuarios. Es más, va a ser unos puntos menos seguramente”, reconoció una alta fuente del Ejecutivo a Data Clave.

“Tenemos que tratar que sea lo menor posible sin que el sistema colapse”, sentenció. La misma fuente admitió que, si bien la idea es avanzar a futuro a un cuadro de segmentación tarifaria, “es complicado imaginar que se pueda hacer rápido un entrecruzamiento efectivo de datos para no cometer errores en los ajustes”.

Las distribuidores ya alertaron que prolongar el congelamiento de las tarifas puede generar consecuencias graves en poco tiempo. En un comunicado, la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA), que engloba a las 45 empresas de producción energética, advirtió que el “normal abastecimiento” eléctrico “estará comprometido en el corto plazo” si no se actualizan las tarifas.

“Este congelamiento se produce en un contexto con una inflación acumulada del 80 %, de la cual el servicio eléctrico no es responsable pero que sí impacta directamente en los aumentos de los costos de la prestación”, dice el pronunciamiento en conjunto.

La renegociación, técnicamente, quedó a cargo del ENRE. Su interventora es Soledad Manin, estrecha colaboradora de Federico Basualdo, el interventor anterior. En el cambio, Basualdo pasó a ser subsecretario de Energía Eléctrica. Ambos son del riñón energético de Cristina Fernández de Kirchner. Justamente la vicepresidenta es la que sigue más de cerca la actualización de las tarifas.

“Para Cristina es clave que el impacto en el bolsillo de un aumento de tarifas no afecte la reactivación del consumo, más en un año electoral. Pero no dijo que hay que tener totalmente congeladas las tarifas”, reconocieron desde su entorno a este medio. El número que se tenía como referencia para un aumento en el Instituto Patria era de en torno a 10%.

En los últimos días hubo otra decisión clave para este proceso de renegociación de tarifas. La Secretaría de Energía decidió mediante una resolución mantener congelado el precio mayorista de la energía que se vende a las distribuidoras. El precio estacional de la energía en el mercado mayorista (MEM) es uno de los tres componentes que conforman la factura de electricidad. Los otros son el costo de la distribución y transporte y los impuestos que se cargan sobre el servicio.

Este costo es justamente el que más peso tiene en la factura final que reciben los usuarios. Su congelamiento permite que el aumento final en la boleta, para compensar a las distribuidoras, sea menor. Sin embargo, sí impacta en la generadoras de energía y para que el golpe no sea tan duro, no hay manera que compensarlo con subsidios. Esto es lo que enciende las alarmas en el Ministerio de Economía de cara al plan de ajuste fiscal en el marco de las negociaciones con el FMI.

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