Por Alejandro Bercovich
La controversia mediática en torno a la vacuna Sputnik V no puede entenderse independientemente de esa discusión: que quede atrás la pandemia es la condición necesaria para que concluya la crisis económica, que en abril cumple tres años y que amenaza con ensombrecer a la que se extendió por 40 meses con el cambio de siglo.
Y que haya un repunte vigoroso antes de octubre, a su vez, empujaría un triunfo del oficialismo y lo pondría a tiro de reelección, independientemente de sus crecientes fisuras internas.
El gran desacuerdo actual entre los dueños del país y los circunstanciales administradores de la cosa pública es distinto al de 2001/2002 y se sintetiza en una cuestión central: el tamaño del Estado. Si la disputa amenaza con trabar la reconstrucción es porque los dos actores en pugna tienen poder de veto sobre los proyectos del otro.
Y no solo porque el Estado creció mucho en estos 20 años (el gasto público saltó del 25 al 35% del PBI y ahora el Covid lo empujó al 43%), sino también porque -salvo dos o tres excepciones – los grandes grupos económicos construyeron complejas estructuras offshore para eludir el pago de los impuestos que lo sostienen. Como antes habían hecho muchas empresas europeas, se emanciparon del fisco. El sueño de Ayn Rand hecho realidad, al menos para esos pocos.
La discusión enhebra al lobby de Paolo Rocca por una devaluación más brusca con la presión en el mismo sentido del complejo portuario-agroexportador, un puñado de compañías que prefirió paralizar las exportaciones de granos y derivados durante tres semanas antes que ceder lo que reclamaban los gremios combativos del sector.
No hay grieta: el jefe de Techint, que todavía almuerza periódicamente con Mauricio Macri y que sigue auspiciando al radicalismo más conservador a través de su lobista Luis Betnaza, coincidió en la campaña devaluacionista navideña con el de Aceitera General Deheza (AGD), Roberto Urquía, quien en 2019 apostó por los Fernández.
El exsenador Urquía quiso aprovechar la crisis para enterrar una conquista de los gremios aceiteros: negociar su salario en función de una canasta que ellos mismos calculan. No lo logró. Pero el establishment no solo procura definir cuál va a ser el costo salarial en la era de la reconstrucción. También quiere saber cuánto le va a costar el Estado. Por eso Rocca conminó a Martín Guzmán en el seminario ProPymes a que defina “cuál es el nivel de gasto público que puede afrontar un país que quiere crecer”.
Por eso también Hugo Dragonetti, dueño de la contratista Panedile y autopercibido peronista, sostuvo que se viene un rebote a tasas chinas en base a que “los sueldos del Estado no han seguido la inflación y eso va a ayudar a la estabilidad fiscal”.
La pulseada por esas dos variables promete tensarse. Y va a condicionar los aumentos de tarifas, las paritarias, el ritmo de devaluación, la negociación con el Fondo y la campaña. Por eso incide también sobre operaciones inexplicables como la venta a precio vil de la mayor distribuidora eléctrica del país por parte de un hombre como Marcelo Mindlin, que forjó su fortuna precisamente como un tiempista de las cotizaciones.
Pasamanos
La gran pregunta es por qué Mindlin vendió tan barato. Edenor vale la mitad que un año atrás y la quinta parte de lo que llegó a valer en buenos años. En Pampa Energía dicen que ya habían intentado venderla en 2019 a capitales chinos, que nunca ganó plata ni repartió dividendos en 15 años y que los exponía demasiado al escarnio público por los cortes de suministro y los aumentos de tarifas.
“La idea es, con lo recibido por la venta, invertir en otro activo en argentina que también este barato, en generación y producción de gas”, dijo una fuente de la compañía.
El perfil político de compradores como José Luis Manzano y Daniel Vila, por supuesto, alimenta todo tipo de especulaciones. También las hubo, aunque con menos eco mediático, cuando Angelo Calcaterra le transfirió a Mindlin por un monto desconocido el control de IECSA, la constructora insignia del grupo Macri, que él rebautizó SACDE. ¿Alguien le sugirió esta vez a Mindlin que ceda su silla, como informó Martín Bidegaray en Clarín y desmintió luego el ministro del Interior, Eduardo de Pedro?
“No hubo ninguna presión, pedido o sugerencia de venta de Edenor por parte del gobierno nacional o sus funcionarios hacia Pampa”, negó también la tropa de Mindlin ante la consulta de BAE Negocios.
¿Hubo un pago secreto a través de obligaciones negociables (ON) con cláusula de aceleración que habrían comprado otros accionistas de Pampa o testaferros de Mindlin, como sugirió Carlos Pagni en La Nación? “ Edenor solo tiene una ON con vencimiento en 2022. El monto outstanding es de U$S 98 millones de valor nominal. Esa deuda en el mercado hoy vale 88 millones según las pantallas, con muy poco volumen”, aclararon desde la compañía.
Para que un pago oculto de ese tipo funcionara, el volumen debería ser mayor y la diferencia de cotización también. Aunque Mindlin mintiera y personeros suyos tuvieran en su poder los bonos de la deuda de Edenor, y aunque el cambio de manos de la compañía les permitiera a esos acreedores de la empresa reclamarle el valor nominal y no el de mercado, como establece una de las cláusulas de las ON, el pago no compensa ni por asomo la diferencia entre lo que se comprometieron a oblar Manzano y compañía (U$S 60 millones ahora y U$S 40 millones más en un año, además de deudas por otros U$S 95 millones) y lo que valdría Edenor en una situación estable (entre 500 y 1.000 millones).
Quizás la respuesta al misterio esté en la política, y más específicamente en las áreas de influencia de cada socio del Frente de Todos.
Manzano tiene sobre Sergio Massa casi tanto predicamento como tenía Jorge Brito, y dialoga a menudo con Alberto Fernández y con Wado De Pedro. Antes de volverse a Ginebra les dijo incluso a amigos que había conversado acá en Buenos Aires con Cristina Fernández de Kirchner. Aunque pocos le creyeron esto último, ya lo anterior representa una red mucho más tupida que la que pudo tejer Mindlin después de haber apostado tan fuerte por Macri. El Presidente lo elogió en público y le atiende el teléfono, pero no deja de ser un socio (¿minoritario?) de la coalición.
El eslabón del negocio energético donde se quiere enfocar Mindlin ya fijó sus reglas y sus precios. Lo hizo el secretario cristinista neuquino Darío Martínez cuando licitó los cupos del Plan Gas, un esquema de subsidios bajo el cual Pampa comprometió U$S 150 millones en inversiones solo para este año.
El cuadro tarifario y el margen de las distribuidoras, en cambio, todavía está por verse. El mismo Martínez impulsa una segmentación que descargue el costo de la actualización sobre los sectores de mayor poder adquisitivo, pero enfrente suyo hay otros cristinistas partidarios de un congelamiento al estilo de Julio De Vido.
Abracadabras
El menos conocido de los tres compradores de Edenor, Mauricio Filiberti, no solo es dueño de Transclor, la proveedora de cloro de AySA desde que se llamaba Obras Sanitarias de la Nación. Su posesión más preciada es el crucero Attila, una mole de 1.500 toneladas de acero y aluminio botada en 2019 por el astillero italiano Sanlorenzo y anclada en la playa francesa de Saint-Tropez.
Tiene cinco pisos, tres piscinas, helipuerto, estacionamiento para limusinas, cava refrigerada para 500 botellas, parrilla y 60 tripulantes. Está valuado en 130 millones de euros.
En los pocos meses que lleva flotando en el Mediterráneo, el Attila cobijó a famosos argentinos como Nacho Viale, al mismo Manzano y más de una vez a importantes jugadores del negocio como Alejandro Macfarlane. Son vínculos que hacen aún más extraña la compraventa de Edenor.
Como si hubiera quedado entre amigos. Macfarlane fue su CEO desde que la compró Mindlin, en 2005, hasta 2012. Después se independizó y forjó su propio imperio, que incluyó a Edelap y ahora a la distribuidora de gas Camuzzi. Todo con el expertise político que le dio haber trabajado antes en la SIDE menemista con su suegro Hugo Anzorreguy.
Macfarlane preside además la Fundación Hospital de Clínicas, a cuyas galas nunca falta Filiberti, el dueño del Attila. En la de 2019, pocos días antes de las elecciones que frustraron la reelección de Macri, brillaron por última vez algunas estrellas del firmamento cambiemita como Juliana Awada, Nicolás Caputo, Esteban Bullrich y Fabián Perechodnik. También estuvo el productor televisivo Juan Cruz Ávila, que mantiene un cargo de psicólogo en el Clínicas aunque acaba de asumir como gerente de programación de LN+.
La señal de noticias de La Nación, al igual que Edenor, es objeto de un sinfín de especulaciones en el círculo rojo. Nicky Caputo, señalado por muchos en el medio como el financista en las sombras de los sueldos de siete cifras mensuales que cobrarán en 2021 al menos dos presentadores estrella de LN+, lo desmintió tajantemente ante BAE Negocios.
“No tengo ninguna participación en el canal, no colaboré en nada para su relanzamiento y no me interesa ese rubro”, respondió por mail. Otro mentado como mecenas de esa ola de contrataciones, Marcos Galperín, también lo niega. “Eso es algo que haría un empresario argentino tradicional, y él no lo es”, dijeron desde MercadoLibre.
Carlos Melconian compartió con un cliente la teoría más verosímil: que es una apuesta de los propios hermanos Saguier, con la venia de Macri, pero con dólares de un negocio que acaban de hacer en Estados Unidos.
Son misterios insondables en un país donde cada vez es más difícil identificar a los verdaderos dueños. Porque Pampa Energía, la vendedora de Edenor, es propiedad de Mindlin Warrants (Uruguay) y de Pampa Holdings LLC (Delaware), a su vez controlada por Pampa F&F (también Delaware), que a su vez controla el Grupo Mtres (Uruguay), a su turno propiedad de Tres Emes Ltd, una firma de las islas Caimán.
Un juego de muñecas rusas que se replica en otras grandes firmas, como se vio en la investigación sobre el grupo Perez Companc que ordenó archivar Macri contra la opinión de tres áreas de la AFIP, como reveló Emilia Delfino en eldiario.ar.
Es parte del gran desacuerdo nacional sobre el tamaño del Estado. Con el fin de la pandemia todavía lejos y las elecciones demasiado cerca, en el Gobierno empiezan a pensar que quizá haya que achicar el déficit por el lado de los recursos y no solo del gasto.
La AFIP les dio plazo hasta fines de enero a los estudios contables para que revelen las estructuras, técnicas, instrumentos y mecanismos a los que recurren para pagar menos impuestos. Que desnuden las mamushkas, como se exige en Europa. Los colegios de contadores acaban de presentar una cautelar para frenar la aplicación de esa norma, la resolución general 4838, que dicen que los obligaría a violar el secreto profesional con sus clientes.
La cautelar de los contadores contra el Régimen de Información de Planificaciones Fiscales fue amplificada por el exvocero de la AFIP durante el gobierno de Macri, ahora otra vez periodista.
Mientras tanto, la número 2 del ente recaudador hasta diciembre de 2019, Jimena de la Torre, recomienda desde una consultora distintas estrategias para evitar el pago del impuesto a las Grandes Fortunas. Porque el método más tradicional para achicar el Estado puede ser hacerlo desde el Gobierno, pero también se puede intentar desde afuera.
