Gobernador de la Provincia de Chaco
Señor Jorge Capitanich
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Usted en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para transmitirle nuestra preocupación por la designación de Hugo Gustavo Olivello, al frente de la Subsecretaría de Prevención de Seguridad en el Abordaje Territorial del Ministerio de Gobierno de la Provincia. Esta preocupación se enmarca en el interés del CELS por la promoción de políticas respetuosas de los derechos humanos en todo el país, y particularmente por el cumplimiento de los acuerdos asumidos por la Provincia de Chaco en el caso Juan Ángel Greco -petición N° 11.804- que se tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Vale recordar, que el 17 de octubre de 2003, el Estado y los peticionarios (con la participación del CELS como copeticionario) suscribieron un acuerdo de solución amistosa. Entre los compromisos allí asumidos por el Estado provincial, se encuentran las acciones necesarias para fortalecer las medidas de protección de los derechos humanos en la Provincia y es con ese objetivo se conformó la Mesa trabajo intersectorial que funciona en la actualidad.
Con fecha 15 de septiembre del corriente, por medio del decreto provincial 1133/2020 fue creada la anteriormente mencionada subsecretaría que según indica la normativa tiene el objeto de “Fortalecer los procesos que propenden al sostenimiento y consolidación de las instituciones democráticas en su función de garantizar la paz, la seguridad y desarrollo de la sociedad, garantizando el pleno ejercicio por parte de los habitantes de la provincia de los derechos y garantías constitucionales”.
Más allá del carácter excesivamente amplio, vago e indeterminado de dicho objetivo, que en rigor se superpone con las tareas de prácticamente todo el aparato de Estado, resulta un contrasentido que para velar por el cumplimiento de estas funciones se haya designado al Sargento Ayudante (Suboficial superior) Hugo Gustavo Olivello, quien, en su condición de policía de la provincia de Chaco protagonizó diversos hechos de violencia. Las organizaciones sociales, de Derechos Humanos y periodistas de la provincia, denunciaron que el 20 de abril de 2010 Olivello ordenó la detención del reportero gráfico Gustavo Torres cuando tomaba fotografías de una mujer que había sido golpeada por la policía en el marco de una protesta social. En 2013, según el fallo de la jueza de faltas de Barranqueras, Sandra Saidman, Olivello fue responsabilizado de aplicar una «razzia policial», por la detención de 17 personas sin justificativo. Luego, en 2014, también en el marco de una protesta social, Olivello disparó con postas de goma a corta distancia contra la periodista Mónica Kreibohm, quien se encontraba ayudando a mujeres que estaban siendo golpeadas por efectivos policiales. Se podría discutir si la prueba recolectada a partir de estos episodios resulta suficiente como para que Olivello sea penalmente responsabilizado por los hechos mencionados. Pero en todo caso son antecedentes suficientes para impugnar su idoneidad para cumplir el rol asignado de velar por el fortalecimiento democrático.
Hay numerosos antecedentes que muestran un abordaje policial violento y discriminatorio de los conflictos sociales en la provincia. Como ya señalamos en su momento, estos problemas se agudizaron con el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio (Decreto Nacional 297/2020) . A partir de estos graves hechos de violencia, la provincia inició un incipiente camino para transformar las instituciones de seguridad con miras a un funcionamiento respetuoso de los derechos de los habitantes.
En este contexto, el nombramiento de Olivello representa un evidente retroceso. La incorporación al gobierno de este efectivo policial con sus mencionados antecedentes es una clara señal de debilitamiento del proceso iniciado para establecer nuevas formas de gobierno y conducción de la policía provincial, mejorar su formación y establecer mecanismos de control civil sólidos, tal como fuera presentado apenas unos meses atrás.
El hecho de que ese cargo político sea conducido por un policía es un indicio inequívoco y preocupante de delegación de funciones políticas en la estructura policial, con lo cual además se refuerza una mirada puramente policial y securitaria de la intervención estatal en los conflictos sociales, perspectiva que debe ser superada, como lo muestran por ejemplo las decisiones tomadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación al constituir una Mesa de Resolución de Conflictos en el seno del Consejo de Seguridad Interior. Estas medidas buscan dejar atrás la perspectiva policial de los conflictos sociales que la anterior gestión había transformado en su política pública.
Como si estos antecedentes no bastaran, a pocos días de su designación vimos las consecuencias de haberlo hecho. El 30 de septiembre pasado, la policía de la provincia de Chaco, bajo la dirección de Gustavo Olivello, reprimió una manifestación que se desarrollaba frente a Casa de Gobierno. La policía, disparó postas de goma, detuvo a dos personas y agredió físicamente a la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, Nayla Bosch. Días más tarde, el 15 de octubre, se repitió la misma situación. La policía de la provincia, nuevamente bajo la orden Olivello, reprimió con balas de gomas y gases lacrimógenos a integrantes de Pueblos Originarios y criollos que reclamaban por el derecho a la tierra en la Ruta nacional 11 de la provincia.
Por todo lo expuesto, junto con reiterar nuestra preocupación por los hechos de violencia policial y la importancia de desarrollar respuestas que puedan finalmente transformar las prácticas policiales y la gestión de los conflictos sociales, apelamos a su compromiso con la construcción de una sociedad más justa y con el cumplimiento de las obligaciones adquiridas internacionalmente, y solicitamos que revea la designación de Hugo Gustavo Olivello en la Subsecretaría de Prevención de Seguridad en el Abordaje Territorial en el Ministerio de Gobierno por carecer de idoneidad y compromiso con los derechos humanos.
Quedamos a disposición para lo que considere oportuno y lo saludamos atentamente.
N.d.R
La nota, que compartimos en su totalidad, lleva las firmas de la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, y del director de Área de Justicia y Seguridad de ese organismo, Manuel Tufró, y está fechada el 22 de octubre pasado. Luego de la misma, se produjeron más hechos de violencia institucional de represión de la protesta social comandados por el subsecretario Gustavo Olivello.
