La Cámara Federal confirmó el acuerdo entre el gobierno del Chaco y la Guardia Whasek

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia desestimó un planteo del Ministerio Público Fiscal y ratificó el acuerdo arribado entre el gobierno del Chaco y la Guardia Comunitaria Whasek Wichí ante el Juzgado Federal de Sáenz Peña.

Con la firma de las jueces Rocío Alcalá, María Delfina Denogens y la conjueza Patricia García, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, desestimó la apelación del Ministerio Público Fiscal contra el acuerdo entre el gobierno del Chaco y la Guardia Comunitaria Whasek Wichí ante el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del juez Miguel Aranda. En el mismo, se acordó que la organización indígena abandonaría todo uso de armamento e indumentaria militar y se reconvertiría en una guardia ambiental mientras que el Ejecutivo chaqueño desistía de instar la acusación contra la Whasek por una serie de presuntos delitos cometidos en la zona de El Impenetrable que tendrá un plazo de duración de un año.

La resolución, a la que tuvo acceso CHACO DIA POR DIA.COM, fue dictada este viernes 30 de octubre por el tribunal de alzada que así confirma lo actuado por el juez federal de Sáenz Peña al rechazar la apelación planteada por el fiscal federal subrogante de la ciudad termal, Carlos Amad, sostenida ante la Cámara por el fiscal general, Federico Carniel. En tanto, los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, Kevin Nielsen y Paulo Pereyra, habían solicitado que se rechace el planteo de los fiscales.

Respecto a las críticas de la Fiscalía Federal, el fallo señala que “sin desconocer
el atípico trámite asignado a estas actuaciones, no puede soslayarse que los resultados se advierten de momento positivos –de conformidad a las constancias que obran en la causa­, sin que dicha circunstancia implique una intromisión indebida en las facultades del Ministerio Público Fiscal”.

En ese contexto, el fallo de la Cámara destaca que “el acuerdo arribado entre el Ejecutivo de la Provincia del Chaco y los representantes de la ‘Guardia Whasek’ representa una solución concreta a los sucesos debatidos, a la vez que no implica el cierre definitivo de las actuaciones, toda vez que se limita a suspender el ejercicio de la acción penal por el término de un año, supeditado al estricto acatamiento de lo convenido. Es decir, que puede reanudarse su trámite en caso de suscitarse su incumplimiento”.

Más allá de convalidar el acuerdo, las juezas de la Cámara Federal encomendaron al juez de primera instancia que durante el plazo estipulado en el mismo, “requiera a la Policía Federal Argentina la elaboración mensual de un informe tendiente a cotejar la efectiva observancia del mismo –del tenor del ya elaborado en el mes de septiembre- haciendo saber asimismo a los miembros de la ‘Guardia Ambiental’ que la prosecución de la acción penal se halla suspendida, supeditada su continuidad al efectivo acatamiento de lo establecido en el acuerdo homologado en sede judicial”.

“Gestión de la conflictividad”

Entre sus fundamentos, las juezas señalaron que “no debe perderse de vista que la sanción del nuevo Código representa un desafío desde que supone un nuevo paradigma para el proceso penal, haciendo foco en políticas de gestión de conflictividad, cambios a los que ni los jueces ni los representantes del Ministerio Público podemos permanecer ajenos”. En ese contexto, consideraron que este caso “resulta paradigmático toda vez que pone de resalto la importancia de la intervención oportuna para evitar que el conflicto social adquiera mayores dimensiones, por lo que entendemos debe darse preeminencia a la solución alcanzada, a fin de no retrotraer la labor hasta aquí desarrollada y el empeño demostrado por los involucrados en el cumplimiento de lo acordado conforme surge de las constancias de autos”.

 

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