Recurren a Casación para que revise la “falta de mérito” de la jueza Pereyra

El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Federico Carniel, interpuso un recurso de casación contra la resolución que revocó el procesamiento de la jueza de Garantías, María de las Mercedes Pereyra, y dispuso su falta de mérito por los supuestos delitos de “encubrimiento agravado, abuso de autoridad y prevaricato”.

María de las Mercedes Pereyra, titular del Juzgado de Garantías Nº 1 de Resistencia

En primera instancia, Pereyra había sido procesada sin prisión preventiva por los presuntos delitos de “encubrimiento agravado, abuso de autoridad y prevaricato”. Es por haber concedido un recurso de habeas corpus al exintendente de Juan José Castelli, Alberto Oscar Nievas, para impedir que fuera detenido mientras que la justicia federal había ordenado su aprehensión en una causa en la que era investigado por presunto desvío de fondos federales que debían ser destinados a la construcción de viviendas para comunidades indígenas, en la que se conoce como “Lavado III”.

Sin embargo, el 2 de octubre pasado con los votos de las juezas María Delfina Denogens, Patricia García y Juan Manuel Iglesias, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó el procesamiento de la magistrada y dictó la falta de mérito.

En el procesamiento dictado por el entonces juez federal subrogante, Enrique Bosch, se señalaba textualmente que la jueza Pereyra “en su calidad de Jueza de Garantías Nº 1 de la provincia del Chaco, ayudó al señor Nievas a eludir el accionar de la Justicia o entorpecer las investigaciones”.

En el recurso de casación, el fiscal Carniel sostiene que “los jueces no analizaron que lo que hizo la jueza provincial Pereyra al hacer lugar al Habeas Corpus es darle tiempo al Intendente Nievas – hermano del entonces Ministro de Gobierno de la provincia de Chaco- que debía ser detenido por los riesgos procesales que fueron comprobados en aquel estadio de la investigación, para realizar maniobras que puedan favorecerlo en su complicada situación procesal”.

En ese sentido, precisó que “(…) lo que hizo la imputada fue forzar una interpretación arbitraria, basado solamente en el pedido del investigado Nievas, sin corroborar que en la medida no existía riesgo de detención arbitraria, fundamentalmente porque estaba siento tomada por parte de una Jueza Federal con competencia para hacerlo, basada en fundamentos objetivos de riesgos procesales”.

Así, el fiscal general advirtió que “(…) avalar este tipo de prácticas por parte de la magistratura es contribuir para que, en casos complejos de corrupción, cualquier funcionario eche mano a un juez del fuero que sea para evitar ser detenido intercediendo directamente en la investigación de este tipo de casos que se caracterizan por la complejidad probatoria basado en la situación de poder que ostenta y quienes deben dar respuestas ante la posible comisión de hechos determinados.

En ese contexto, Carniel recalcó que los jueces de Cámara “revocan el procesamiento sin argumentación jurídica coherente y relacionada con el caso, declaran la falta de mérito de la jueza provincial Pereyra, excediéndose en sus funciones y contradictoriamente manifiestan “sin perjuicio de continuarse con la investigación”, todo ello con fundamentos aparentes que tornan arbitraria la resolución en crisis”.

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