Advierten que el nuevo régimen disciplinario va en contra de los derechos de los municipales

El Concejo Municipal de Resistencia sancionó una ordenanza por la cual modifica el “régimen sancionatorio” de los empleados municipales, con 7 votos a favor y 4 en contra. En ese contexto, el concejal Fabricio Bolatti advertió sobre "la inobservancia de requisitos constitucionales en la nueva norma, la que la fundamentan en lo extenso de los procedimientos aplicados, y falta de resolución del planteo correctivo".

La nueva norma impone la simplificación del proceso sancionatorio, la reducción de plazos y pasos que se disponen para aplicar sanciones como la suspensión y cesantía laboral.

“Quedaron ausentes de la nueva redacción varias garantías del derecho laboral, como ser: “que toda sanción debe surgir de un previo sumario”, situación que ya existía y se profundiza para algunos tipos de sanciones. También se observa inutilidad del ejercicio del “derecho de defensa” que adopta la nueva norma, ya que sólo se puede apelar ante la misma autoridad que determinó la medida correctiva, incluso expresamente se impide la “sustanciación”, imposibilitando el recurso hacia una autoridad superior; lo que se complementa con la imposición de sanciones de aplicación inmediatas, las que no suspenden su aplicación ante un recurso o apelación, instancia que debe resolver la misma autoridad que dictó la sanción”, describió Bolatti.

Además, el edil advirtió “cómo se concentró en la Intendencia la toma de decisiones sobre la aplicación o no de sanciones, especialmente lo que se refiere a la cesantía o exoneración, facultad que hasta acá estaba en manos del Concejo Municipal, evitando así que el Ejecutivo sea juez y parte”.

“Creemos que el Estatuto Municipal merece una reforma que busque garantizar los derechos y un mayor cumplimento de las obligaciones de los y las agentes públicos, de esa manera se beneficia la ciudad ante un mejora en los servicios, las acciones y obras realizadas”, consideró Bolatti.

Sin embargo, advirtió que “las modificaciones introducidas se fundamentan en la necesidad de lograr mayor celeridad en el proceso sancionatorio que establece esta norma principal del funcionamiento del Municipio. Culpando al sistema modificado de que no se puede controlar y aplicar acciones correctivas, lo que permitiría mejorar el funcionamiento de las áreas”.

“Celeridad que uno puede justificar si se garantiza que el proceso es debido y que se cumplen los principios legales establecidos para ello, los que buscan dotar a la parte más débil de la relación, el  trabajador, de herramientas que permitan una convivencia y controversias más equilibradas. Ejemplo de ello es que la carga de la prueba en este caso pasa a recaer sobre el personal, a quien se les debe garantizar el derecho a “defensa” y a que se pueda recurrir ante instancias superiores las medidas que se les aplican”, concluyó.

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