Tope a las jubilaciones máximas: ¿A quién estamos amparando?

El contador Alfredo San Cristóbal, especialista en temas previsionales, escribió una nota de opinión respecto a la polémica por el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para reimplantar un tope a las jubilaciones máximas para la administración pública provincial.

INSSSEP pagó a prestadores.

Por estos días estamos presenciando una polémica –principalmente entre distintos gremios- sobre la eliminación del tope jubilatorio establecido –originalmente- por la Ley 4.044, hoy 800 H. La polémica también se expresa por diversas redes con información difusa y hasta falsa.

Recordemos el texto original de la Ley 4044: “ARTICULO 136.- LOS HABERES MENSUALES DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN ESTA LEY, NO SUPERARAN EN NINGUN CASO EL EQUIVALENTE A DOCE (12) SUELDOS MINIMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL, “CATEGORIA UNO (1)” DEL ESCALAFON NIVEL CENTRAL.

PARA LOS TITULARES DE BENEFICIOS JUBILATORIOS Y QUE A SU VEZ LO SEAN DE PENSIONES, ESTABLECESE QUE LA SUMA DE AMBOS HABERES NO PODRA SUPERAR EL TOPE MAXIMO FIJADO EN EL PARRAFO ANTERIOR.”

Este artículo –vigente desde 1994 o sea por más de 20 años- fue derogado mediante la Ley 7.820 y cuya vigencia opera desde el 15 de Junio de 2.016. El proyecto surgió prácticamente de la nada y fue aprobado entre gallos y medianoche, liberando al monstruo que estaba dormido.

Recordemos que el haber mínimo de la Categoría 1 (base para el cálculo) asciende hoy aproximadamente a $ 12.500.-, con lo cual el haber máximo determinado en base al Artículo 136 original hoy redondearía la no despreciable suma de $ 150.000.

Ahora bien, analicemos cuantos son los casos “perjudicados” con el tope original. Del total de beneficios que abona el InSSSeP (más de 40.000) los “beneficiados” con la reforma anterior seguramente no es representativa de ese universo. Solamente las autoridades del Organismo Previsional pueden echar luz sobre esto.

EL NUEVO PROYECTO

El Poder Ejecutivo envió un nuevo proyecto de Ley (Proyecto 217/2020) que vuelve sobre los pasos del Poder Ejecutivo de 2016. Si bien son varios los artículos que proyecta modificar, nos centraremos en los que establecen la reimplantación del tope.

El proyecto reimplanta el Artículo 136 y en su primer párrafo: “LOS HABERES MENSUALES DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN ESTA LEY, NO SUPERARAN EN NINGUN CASO EL EQUIVALENTE A DOCE (12) SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA CATEGORIA MINIMA DEL ESCALAFON GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL POR CADA BENEFICIO QUE CORRESPONDA AL TITULAR”.

Notemos que ya en este primer párrafo se diferencia del original al resaltar que el tope es “por cada beneficios que corresponda al titular”.

En el segundo párrafo lo aclara aún más, incorporando la siguiente frase: “PARA LOS TITULARES DE BENEFICIOS JUBILATORIOS Y QUE A SU VEZ LO SEAN DE PENSIONES, ESTABLECESE QUE LA SUMA DE AMBOS HABERES NO PODRA SUPERAR EL TOPE MAXIMO FIJADO EN EL PARRAFO ANTERIOR.”

O sea que el tope –en este Proyecto- es por cada beneficio y no por cada beneficiario, como era en el texto original de la Ley 4.044, con lo cual algunos de los reclamos anteriores seguramente quedarán satisfechos.

Esta modificación va de la mano de la modificación del Artículo 35 de la Ley, estableciendo, también para los aportes que realiza el personal activo, un límite. Y este límite máximo para los aportes es coincidente con el límite del haber máximo. Dice el texto “PARA LOS APORTES AL FONDO DE JUBILACIONES, LA BASE IMPOSIBLE TENDRA UN LIMITE MAXIMO EQUIVALENTE A DOCE SUELDOS CORRESPONDIENTES A DICHA CATEGORIA”. Es decir los 12 sueldos de la categoría mínima.

O sea que si bien pone límites a los haberes previsionales, también pone límite a los aportes del personal activo, con lo cual el proyecto minimiza los reclamos que puedan realizarse a futuro, ya que mal puedo reclamar un haber jubilatorio mayor si no realicé los aportes para merecerlo.

Quizá lo que le falte al proyecto es fijar la fecha de vigencia. No estaría de más establecer como fecha de vigencia la de promulgación o publicación de la nueva Ley que se propicia.

CONCLUSIONES

Desconocemos, a esta altura, los motivos de aquellos gremios que no están de acuerdo con este nuevo proyecto de reimplantación del tope, ya que los actuales beneficiarios de haberes sin tope son muy contados y se circunscriben a algunas áreas de Gobierno (o Empresas) que no son representativas del universo del Sector Público Provincial.

Cabría preguntarse las causas por las que este reclamo de “liberalización” del tope aparece, en el tiempo, hace algunos pocos años. Quizá la respuesta debe buscarse en el achatamiento de los haberes del personal activo de la escala que aparece como base para el cálculo del tope, producto de la mezquina política salarial impuesta en los últimos años.

Subyace la incógnita de las decisiones judiciales que operarán a partir de la sanción de esta nueva reforma.

Nos parece sensato el proyecto de modificación, pero el debate debe estar abierto y ser sinceros sobre los objetivos y fundamentos de quienes lo defienden o atacan. Esto redundará en beneficio de una mejor Ley.

Compartir