Traslado de jueces: rechazo a la resolución de la Corte que hizo lugar al per saltum

La agrupación de abogados y abogadas del Partido Frente Grande “Dr. Julio Maier” difundió un documento sentando su posición sobre la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que admitió tratar el per saltum de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli contra el rechazo de sus traslados.

Comunicado de la agrupación de abogados y abogadas del Partido Frente Grande “Dr. Julio Maier”

Rechazo a la Resolución de la C.S.J.N. que hace lugar al per saltum

La reprochable decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), aceptando el Recurso de Salto de Instancia “per saltum”, planteado por los tres jueces federales irregularmente trasladados de los juzgados para los que fueron constitucionalmente designados, mediante un decreto inconstitucional del Poder Ejecutivo Nacional a cargo del por entonces Presidente Mauricio Macri, exige nuestro rechazo y repudio.

Lo dispuesto por el Alto Tribunal, más allá de no haber decidido sobre el fondo de la cuestión, ha respondido a la coyuntura particular de un pequeño sector de la sociedad, tornando en evidente la arbitrariedad de la resolución dictada, según la cual, existe gravedad institucional cuando los intereses de un grupo corporativo y arcaico, ve en peligro sus privilegios.

Ahora la Corte debe dirimir sobre la cuestión de fondo, que consiste en determinar si la designación realizada por el ex Presidente, lo fue conforme a los parámetros jurisprudenciales y constitucionales y ajustada a derecho o, si por lo contrario, se trató de un acto ilegal y arbitrario, para conformar una justicia de diseño, con el claro objetivo de perseguir a opositores políticos y además, lograr a posteriori, la impunidad de sus propios actos, por los hechos ilícitos que hoy se lo investiga.

En su actuación, la Corte Suprema ha pasado por encima del procedimiento regular que estaba por ser resuelto en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y, al mismo tiempo, busca legitimar el proceso de ilegal designación, proceder reprochado, tanto por el Honorable Senado de la Nación, como por el Consejo de la Magistratura Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional.

Los mencionados órganos del Estado han coincidido en respetar la legalidad en el procedimiento de designación de los jueces, establecido por la Constitución Nacional en su art. 99, inciso 4, y lo establecido por Acordada CSJN 7/18. Ello consiste en el nombramiento por parte del Poder Ejecutivo en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado. Salvo en caso de traslado de magistrados para desempeñar funciones de la misma jerarquía, dentro de la misma jurisdicción, con igual o similar competencia material, mediando consentimiento del magistrado.

A la luz de los antecedentes expuestos y la constitucionalidad de los pasos judiciales previos, afirmamos que el caso carece de la gravedad institucional alegada por la Corte, quien solo tiene la intención de ceder ante las presiones de los medios de comunicación concentrados, que han atacado a los titulares del máximo tribunal en busca de una resolución como la obtenida, de quienes deben resolver en definitiva, los asuntos judiciales más importantes de la república, dejando así seriamente lesionadas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno, los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales por ella incorporados, tal cual lo exige la ley 26790.

Ante estas resoluciones arbitrarias, direccionadas sólo para servir a intereses subalternos y espurios, exhortamos al máximo tribunal, emita prontamente una sentencia que recupere la confianza en el Poder Judicial, su independencia e imparcialidad.

Quienes tienen a cargo resguardar los máximos intereses de la Nación, no pueden dejarse extorsionar por periodistas, empresarios y violentos, siendo su deber, mantener la constitucionalidad y legalidad de la resolución del Consejo de la Magistratura, del Honorable Senado de la Nación, y del decreto del Poder Ejecutivo de la Nación que ordena se mantengan a los magistrados en los lugares para los que fueron constitucionalmente seleccionados, es decir, el Tribunal Oral Federal nº 4 de Capital Federal, el Tribunal Oral Federal nº 1 de La Plata y el Tribunal Oral Federal nº 3 de San Martín.

Agrupación de Abogados y Abogadas “Dr. Julio Maier”

agrupacionabogadosjuliomaier@gmail.com

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