Rechazo del Gobierno nacional al oportunismo del presidente de la Corte Suprema

El Ejecutivo nacional no no participará de la reunión que convocó, después de 4 años, el titular del máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz, para analizar el avance de las causas de lesa humanidad; ya que considera que la convocatoria del supremo es interesada. También rechazaron el convite organismos de derechos humanos, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, Hugo Yasky y el director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Martín Fresneda.

Carlos Rosenkrantz.

El Gobierno nacional y varios organismos de Derechos Humanos decidieron que no asistirán a la reunión de la Comisión Interpoderes, encargada de agilizar los juicios de lesa humanidad, que fue convocada por el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, en medio de la tensión política por el per saltum de los jueces trasladados a cargos estratégicos en Comodoro Py – de quienes se mostró como ferviente defensor – y de que se presentara un pedido de juicio político en su contra, precisamente por haber “favorecido y asegurado la impunidad de los responsables del terorrismo de Estado”.

Esa denuncia de la diputada Vanesa Siley señalaba, además, que el titular del tribunal no reunía a la comisión en cuestión pese a los pedidos de los organismos de derechos humanos.

La Comisión Interpoderes dejó de tener encuentros durante la presidencia de Mauricio Macri y Rosenkrantz, impulsor entre otras cosas del 2×1 a favor de los genocidas, se acordó de activarla ahora. El Poder Ejecutivo envió al supremo una nota que dice que su invitación resulta “oportunista” y que la Corte ha mostrado un retroceso en el tratamiento de expedientes sobre crímenes del Terrorismo de Estado, que años atrás el propio tribunal dijo que debían formar parte de una política de Estado.

No estarán en el Zoom ni la ministra de Justicia, Marcela Losardo, ni el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Tampoco irán el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Hugo Yasky, ni el director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Martín Fresneda.

El Gobierno revisó su posición inicial, que apuntaba a asistir, pero después de deliberaciones internas evaluaron que la iniciativa de Rosenkrantz responde a una especulación de posicionamiento personal y le atribuyen un intento de utilizar para eso los juicios de lesa humanidad. Una idea compartida por algunos funcionarios y funcionarias es que la Corte debería dar sus mensajes a través de sus fallos, algo que no sucede. En el alto tribunal hay al menos medio centenar de causas pendientes sobre crímenes dictatoriales.

La nota que envió el Poder Ejecutivo, firmada por Losardo y Pietragalla, señala entre las razones para “declinar la invitación” que desde la última reunión de la Interpoderes, el 23 de septiembre de 2016, “el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia ha sido de enorme retroceso.

En este contexto, la repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la Presidencia de la Corte, tras varios meses de insistencia de los organismos de Derechos Humanos – que son los verdaderos faros en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia -, no deja de resultar oportunista”.

Los organismos de derechos humanos debatieron sobre qué hacer. Hace tiempo que reclaman que volviera a funcionar Interpoderes (creada en 2008, en la presidencia suprema de Ricardo Lorenzetti) que estuvo cuatro años en pausa. Pero una mayoría, que integran Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza se Mayo Línea Fundadora, planteaban que no irán, algunos en consonancia con la mirada del Gobierno, otros suman que rechazan que se ponga al frente el juez que ideó el fallo de 2×1 a favor de los genocidas. “Rosenkrantz ofende a nuestros hijos y a los 30.000”, dijeron en Madres Línea Fundadora.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostuvo que su posición era asistir. La liga Argentina por los Derechos del Hombre “decidió que solo participa en la reunión si están presentes los tres poderes del Estado que deben constituir la interpoderes. En caso de realizarse la reunión con presencia de todos, nosotros llevaríamos nuestra exigencia de que en primer lugar la Corte Suprema deje de sabotear el proceso de memoria verdad y justicia con sus maniobras de no convalidar las sentencias, no ordenar el proceso judicial permitiendo que se aplique la impunidad biológica, por falta de juicios, la impunidad de los condenados ya que mas de la mitad ya esta en su casa y la impunidad del poder economico como en el caso de Blaquier y Ledesma pero también en la causa Acindar en la que llevamos querellando diez años y todavía no hay juicio”, señaló José Schulman, de la Liga.

También están convocados el Consejo de la Magistratura y la Cámara de Casación Penal Federal que aguardaban con cautela los pasos del resto de los invitados.

Algunos conceptos claves de la nota del Ministerio de Justicia y la Secretaria de Derechos Humanos son estos:

“No están dadas las condiciones para que este imprescindible espacio de articulación entre todas las agencias del Estado involucradas en el avance de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país pueda funcionar de modo adecuado”.

“Las causas que se sustancian para juzgar los crímenes de lesa humanidad atraviesan un período de notorio estancamiento. Esta preocupante situación se ve agravada por el contexto de la pandemia. Es sabido que el letargo en el que se encuentran sumergidas estas causas – muchas de ellas pendientes de un fallo de la Corte Suprema hace varios años – implica necesariamente la consolidación de la “impunidad biológica”: los responsables de estos aberrantes delitos mueren sin condena; y las víctimas y familiares también fallecen sin alcanzar la justicia que el Estado les debe garantizar como forma de reparación”.

“La respuesta de la Corte Suprema debería ser categórica. Una verdadera política de Estado no se puede basar en convocatorias oportunistas; sino en un desempeño coherente, que incluya por parte del Alto Tribunal de nuestro país medidas institucionales sostenibles y fallos rápidos y respetuosos de los compromisos internacionales de derechos humanos.

“El proceso de memoria, verdad y justicia necesita una Corte Suprema realmente comprometida; que, por ejemplo, resuelva cuanto antes las decenas de causas emblemáticas por crímenes de lesa humanidad que se encuentran a su estudio hace ya varios años, como la de la “Masacre de Trelew”; la de la “Masacre de Capilla del Rosario”; o la de “Feced II”. A pesar de los reiterados pedidos de pronto despacho, el tribunal tampoco ha dictado sentencia en la causa conocida como “La Noche del Apagón”, en la que debe determinar la situación procesal de Carlos Pedro Tadeo Blaquier (de más de 90 años) y Alberto Enrique Lemos, ambos directivos de la empresa Ledesma”.

El caso “Blaquier” integra el pedido de juicio político de Siley a Ronsekrantz. Está en la Corte desde 2016. El supremo dice que lo retuvo sólo 10 por ciento del tiempo del trámite, pero nunca ni él ni sus pares respondieron a los reclamos de pronto despacho de HIJOS Jujuy ni la Secretaría de Derechos Humanos. La relación del presidente supremo con los Blaquier es conocida y fue informada por este diario. Por ahora los anfitriones de lo que quede de la reunión convocada, si es que se concreta, serán Rosenkrantz y su vice, Elena Highton de Nolasco.

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