Rechazo a la reforma de la ley de Biocidas: “Implica un retroceso en la protección ambiental”

La asesora legal de la Red de Salud Popular “Dr. Ramón Carrillo”, Alejandra Gómez, consideró que el proyecto del Ejecutivo para excluir a los fertilizantes de los alcances de la ley “es un intento de flexibilización a las distancias de aplicación”. Además, criticó la falta de controles actuales. Este jueves exponían ante la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente.

La sanción de la ley de Biocidas vigente data del año 2012, y fue el resultado de un amplio debate público luego de las numerosas denuncias realizadas por vecinos de pueblos fumigados perjudicados por las aplicaciones de agrotóxicos sin ningún tipo de control. En la actualidad, en un “debate” del que casi nadie se enteró, el Poder Ejecutivo propone la reforma de esa norma para excluir a los fertilizantes de los productos alcanzados por la actual ley, e incluye un capítulo nuevo para regular a los fertilizantes donde le da facultades al Poder Ejecutivo para regular lo referido a aplicaciones, comercialización y distribución.

La iniciativa casi es tratada y aprobada por la Cámara de Diputados del Chaco sin que los vecinos de los pueblos fumigados ni las organizaciones ambientalistas tuvieran noticia. Sin embargo, desde la comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Legislatura chaqueña se convocó a todas las organizaciones para que den a conocer su postura sobre el proyecto de modificación a la ley de Biocidas.

“Lo que más nos preocupa es esa facultad que se otorga al Ejecutivo de regular la aplicación de fertilizantes por fuera de lo que establece la ley, porque las organizaciones y personas afectadas que habían participado en las audiencias públicas lo que habían reclamado era que estén las distancias incluidas en la ley, que estén claras para que no haya discusiones a la hora de las fumigaciones”, señaló Alejandra Gómez, de la Red de Salud Popular “Dr. Ramón Carrillo”, en diálogo con Radio Nacional Resistencia.

En ese sentido, consideró que “excluir a los fertilizantes y establecer una regulación distinta para éstos, genera nuevamente los inconvenientes de los controles, que no se hacen habitualmente, que la autoridad de aplicación recién se constituye en los lugares después de que hay denuncias, después que se realizaron las fumigaciones, después de que pudieron afectar a las personas, o contaminar el agua o secar las chacras”.

“Al regular las distancias de aplicación de otra sustancia fuera de lo que establece la ley, lo que va a hacer es flexibilizar las distancias y no va a existir ese control que tiene que hacer la misma autoridad de aplicación y se va a hacer más difícil el control social”, advirtió Gómez.

En ese contexto, aseguró que “la reforma propuesta en realidad lo que implica es un intento de flexibilización a las distancias de aplicación”.

“La autoridad de aplicación no controla si realmente se está utilizando el principio activo que, en el caso que se esté utilizando, genera incertidumbre, además de que cuestionamos de que el proyecto estaba para tratarse en la sesión del 30 de septiembre y no había sido puesto siquiera en debate, en consideración de las organizaciones y de las personas afectadas, no fue informado como corresponde”, recalcó.

 

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