Apretar el botón rojo siempre deja a alguien lastimado

La decisión de apretar el botón rojo la tomó el Presidente una semana antes del anuncio, en la soledad de Olivos y antes del motín de la Bonaerense. La discusión interna ya se había librado a cielo abierto durante casi dos meses, contra lo que recomiendan todos los manuales de comunicación política.

Alejandro Bercovich, periodista político y económico.

Por Alejandro Bercovich

En el medio estalló la crisis policial. Y Martín Guzmán, enfrentado con Miguel Pesce, cometió la imprudencia de exponerse en el lugar y en el momento equivocados. Fue el sábado, cuando apareció publicada en La Nación una conversación que había mantenido el jueves en su despacho con el secretario general de redacción de ese diario.

“Queremos ir en la senda hacia la normalización, no hacia cerrar aún más, porque eso sería una medida para aguantar. Nosotros no venimos a aguantar, sino a tranquilizar la economía”, proclamó el jefe del Palacio de Hacienda.

El presidente del Banco Central venía insistiéndole a su amigo Alberto Fernández con que pulsara el botón a fondo. Aunque finalmente el mandatario decidió mantener habilitado el cupo de 200 dólares por mes para los ahorristas, en todo lo demás atendió sus razones y desautorizó al ministro que menos de un mes antes, canje de la deuda mediante, había emergido como el primus inter pares del gabinete.

La detracción de los gastos con tarjeta de ese cupo, la retención a cuenta de impuestos del 35% (adicional al impuesto PAIS) y el cierre total de la canilla de divisas para el pago de deuda de las grandes empresas llevan la firma y sello de Pesce.

El problema era el timing del anuncio, porque el martes había que presentar el proyecto de Presupuesto 2021. Y ahí volvió a campear la descoordinación. Guzmán le pidió a Santiago Cafiero que los anuncios del BCRA fueran una hora después de que terminara su presentación en el Congreso.

El jefe de Gabinete, que exhibe orgulloso en su sala de reuniones una retrato de diciembre último con el ministro fanático de Gimnasia y con el astro Diego Armando Maradona, se lo concedió. Pero el daño ya estaba hecho. En un país adicto al dólar, el Presupuesto se vio relegado a recuadritos y las tapas del miércoles fueron para la noticia que había desmentido por enésima vez el ministro en el diario del sábado.

Los que sabían de la decisión presidencial de apretar el control de cambios eran Cafiero, Guzmán, Pesce, Cecilia Todesca y Matías Kulfas. El fin de semana, ya disipado el humo de la revuelta policial contra Axel Kicillof, Mercedes Marcó del Pont se sumó con detalles de implementación de la medida. El aislamiento de Guzmán quedó más expuesto cuando anteayer salieron a explicar la decisión todos ellos menos Kulfas – que también estaba dispuesto a hacerlo – y él.

¿Por qué le dijo lo que le dijo a La Nación si ya estaba al tanto de que la decisión iría en sentido contrario? ¿Acaso buscó desmarcarse de una decisión antipática para la clase media aun cuando había prestado su acuerdo puertas adentro? ¿Habrá sido por consejo de alguna de las otras patas de la coalición gobernante?
Preguntas que todavía repiqueteaban en Olivos y en el gabinete económico, con el dólar “blue” estacionado arriba de los 140 pesos y una sociedad que sumó al agobio de la pandemia un sobresalto financiero y político parcialmente evitable.

Peajes y algo más

En el tricornio que corona al Frente de Todos está prohibido mostrar fisuras. Tanto Alberto Fernández como Sergio Massa sonríen socarrones al desmentir cortocircuitos con Cristina Kirchner y repiten como un mantra que cuando alguno de los tres se enoja con otro, el tercero interviene para recomponer. Pero un escalón más abajo las diferencias de criterio ya empiezan a otearse. Y ahí asomó la desconfianza en las últimas 72 horas.

¿Quiso Cristina anotarse como propio el primer gol de la gestión económica y adoptó por eso a Guzmán bajo su ala? ¿Habrá respondido a eso el desmarque del ministro?

El viernes, la vicepresidenta se comunicó por teléfono con el jefe de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta. No le pidió nada, pero le preguntó si el organismo tenía previsto incorporarse a la causa de las autopistas del curro, donde la Cámara Federal porteña había anulado los procesamientos de Guillermo Dietrich y Javier Iguacel dispuestos por el juez Rodolfo Canicoba Corral por la escandalosa prórroga de las concesiones de los accesos Norte y Oeste hasta 2030 a favor de los exsocios de Mauricio Macri.

Arrieta, que fue intendente de Cañuelas, diputado y ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, entendió el mensaje. La decisión de que Vialidad se incorporase como querellante en la causa para frenar el rescate de los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun al ministro más poderoso del macrismo le interesaba especialmente a Cristina. En rigor, de todos modos, ya había sido tomada por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, un albertista de pura cepa.

Dietrich enfrenta dos causas en simultáneo, porque a la de las autopistas se le sumó la última semana otra por el desvío de $1.314 millones de la Agencia de Seguridad Vial. Las dos están en manos del juez Julián Ercolini, quien falló en decenas de casos a favor de los intereses del macrismo y encarceló con prisión preventiva a buena parte de los dirigentes kirchneristas recluidos durante la gestión pasada.

Pero además, es el eslabón perdido entre Macri y Horacio Rodríguez Larreta, quien lo sentó a a su mesa a la hora de armar su nuevo gabinete a principios de año y le entregó la Secretaría de Transporte a su gente. En Subterráneos de Buenos Aires asumió su mano derecha, Manuela López Menéndez. La ideóloga del fallido sistema de Participación Público-Privada (PPP), que el Gobierno espera cerrar la semana próxima con la vuelta al Estado de los corredores y la venia de los concesionarios.

Aunque por Twitter asegura que no le preocupa, Dietrich sabe que le va a resultar complicado zafar de las dos causas. Las denuncias cuentan con profusa documentación y testimonios irrefutables, y sus decisiones solo pudieron haberse tomado con la desprolijidad con la que se tomaron por la certeza de que nadie lo investigaría, al menos, hasta 2023.

Fue demasiado optimismo. Este jueves, el exministro viajó hasta Capitán Sarmiento para verse en persona con Iguacel, ahora nuevamente intendente de ese pueblo sojero. Demasiados kilómetros como para que haya sido solo un reencuentro entre amigos.

Stop and Go

Con la administración de la pandemia pasa parecido que con el dólar. El 6 de abril, apenas iniciado el aislamiento social preventivo y obligatorio, el canciller Felipe Solá les llevó al Presidente y a Ginés González García la idea del “stop and go” que proponía el infectólogo Gabriel Leung, de la Universidad de Hong Kong. Proponía ir abriendo y cerrando la cuarentena ante la evidencia de que no habría inmunidad de rebaño ni vacuna al menos por un año.

Era todo al revés que ahora. Kicillof era el más reticente a la hora de bloquear la actividad económica. Decía puertas adentro que la gente se iba a morir de hambre antes que de coronavirus. Larreta era pro-cuarentena. Nadie habría apostado por entonces a que terminaría proponiendo sacar pupitres a las veredas, como hizo esta semana.

La idea de la cuarentena “intermitente”, de Leung, fue esbozada por Kicillof pero mucho tiempo después, cuando los roles ya se habían invertido. ¿Habría funcionado hacerlo desde el inicio? ¿Habría tenido la sociedad argentina la misma disciplina que la coreana para aplicar los consejos de Leung? Especulaciones contrafácticas mientras los cuerpos empiezan a apilarse peligrosamente en las morgues.

Lo que apuestan a frenar en el establishment, si no la cuarentena que atenta contra la rentabilidad empresaria, es al menos el impuesto a las grandes fortunas que empujan Carlos Heller y Máximo Kirchner. El lobby del banquero Jorge Brito penetró en el bloque oficialista a través de Massa, pero paradójicamente puede terminar por potenciar el tributo en vez de morigerarlo.

Lo que propuso es que los sujetos responsables del pago, al igual que en el Impuesto a los Bienes Personales, sean las empresas y no sus accionistas. “Así se aumentaría la recaudación y permitiría, al mismo tiempo, afectar menos a las empresas nacionales aplicando una alícuota menor”, dijo uno de los cabilderos del cambio.

Puede servir para que lo paguen los magnates emigrados recientemente y no tanto, como Marcos Galperín o Hugo Sigman. Pero también puede resultar en que se caiga, si los radicales que lo apoyan encuentran en ese cambio una razón para oponerse. Demasiadas desconfianzas cruzadas como para que no se crispen los nervios a la hora de tocar el botón rojo.

VIAPublicado en Bae Negocios
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