Causa obra pública: funcionario clave desbarata la principal acusación contra Cristina

Raúl Rigo, ex subsecretario de Presupuesto entre 2002-2017, sostuvo que las partidas presupuestarias destinadas a las obras investigadas en el juicio fueron auditadas por los órganos de control, y aprobadas también por el Congreso. Rigo es un funcionario de carrera, y uno de los máximos técnicos especialistas que tiene la Argentina en materia de cuentas públicas.

Raúl Rigo.

El secretario de Hacienda de la Nación, Raúl Rigo, declaró hoy que las obras que son objeto de investigación en el juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, fueron informadas al Congreso al momento de someter a su consideración la ley de presupuesto correspondiente a cada uno de los respectivos ejercicios anuales.

Rigo, un funcionario de carrera del Ministerio de Economía, que se desempeñó como subsecretario de Presupuesto durante el período 2002-2017, se presentó ante el Tribunal Oral Federal 2 en la segunda audiencia desde que el debate se reinició de manera semipresencial tras haber estado suspendido desde marzo, a raíz de la pandemia de coronavirus.

Durante aproximadamente tres horas contestó en detalle cada una de las preguntas que le fueron formuladas por los fiscales, la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera, las defensas y el propio Tribunal.

El funcionario asistió en persona a Comodoro Py 2002, al igual que los jueces del Tribunal y un secretario, mientras que los abogados defensores, algunos acusados, la fiscalía y las querellas participaron a través de la plataforma Zoom. Al ser testigo propuesto por la defensa de la Vicepresidenta, comenzó a preguntar su abogado Carlos Beraldi.

La declaración giró en torno al trámite parlamentario para la aprobación del Presupuesto, los organismos encargados de controlar su ejecución, la posibilidad de modificarlo y las partidas destinadas a la obra pública nacional entre 2003 y 2015.

A preguntas de las partes, Rigo también dejó en claro que el Poder Ejecutivo Nacional, por entonces a cargo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, remitió en el tiempo establecido por ley, las cuentas de inversión a través de las cuales se indicaba la manera como el presupuesto había sido ejecutado, con un detalle que alcanzaba incluso cada una de las partidas destinadas a la obra pública. Estas cuentas de inversión, debidamente auditadas por los órganos que fija la Constitución Nacional, también fueron aprobadas por el Congreso de la Nación, en tiempo y forma.

El testigo enfatizó la enorme relevancia institucional que tiene la cuenta de inversión y su aprobación, ya que es el mecanismo de control que fija la Constitución Nacional para verificar si el Poder Ejecutivo cumplió sin desvío alguno lo fijado en la ley de presupuesto.

En principio, todas estas afirmaciones desbaratan la acusación dirigida contra Cristina, ya que se ha pretendido construir su responsabilidad penal sobre la base de decisiones políticas que fueron votadas por el Congreso de la Nación, el cual además aprobó el modo en que el presupuesto había sido ejecutado.

Asimismo, en contra de la posición de los acusadores, Rigo, uno de los máximos técnicos especialistas que tiene la Argentina en materia de cuentas públicas, explicó que los decretos de necesidad de urgencia que reasignaban partidas establecidas en el presupuesto siempre tenían carácter general y no, como falsamente pretendió afirmarse, que iban dirigidos específicamente a obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz.

Finalmente, Rigo también dejó en claro que las transferencias de recursos efectuadas por el gobierno federal se realizaron en forma equitativa en favor de las distintas jurisdicciones provinciales, echando por tierra las supuestas preferencias indebidas respecto de la provincia de Santa Cruz.

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