Caso Maldonado: acusan a exfuncionarios de presionar a gendarmes para dar la “versión oficial”

“Los gendarmes que participaron del operativo fueron adoctrinados luego de la desaparición de Santiago Maldonado", reveló a Página/12 Esteban Rosa Alves, subsecretario de Control y Transparencia Institucional del Ministerio de Seguridad. La cartera investiga si los efectivos sufrieron "apremios ilegales" para obligarlos a declarar la versión oficial ante la Justicia.

El Ministerio de Seguridad de la Nación va a encarar una investigación para determinar si sufrieron “apremios ilegales”, por parte de los propios funcionarios de ese entonces, los gendarmes que participaron del operativo luego del cual se produjo la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. “En los días inmediatamente posteriores al operativo (del 1º de agosto de 2017) exfuncionarios del Ministerio fueron a los escuadrones, encerraron a los gendarmes, los tuvieron sin dormir, ejercitaron las peores prácticas de apremios ilegales para adoctrinarlos sobre qué debían decir ante la Justicia respecto de lo ocurrido en el operativo”.

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Así lo anticipó a Página/12 Esteban Rosa Alves, subsecretario de Control y Transparencia Institucional del Ministerio de Seguridad a cargo de Sabina Frederic. El dato surge de la investigación realizada por las autoridades actuales de Gendarmería, de la que surgió la acusación presentada ante la Justicia contra Pablo Noceti , exjefe de Gabinete de Patricia Bullrich.

En una entrevista con este diario, Rosa Alves sostuvo que algunos gendarmes declararon a sus jefes actuales que “fueron adoctrinados por funcionarios de la gestión anterior”. “Hablan particularmente de Daniel Barberis, quien era coordinador del seguimiento de casos de violencia institucional, que estuvo en los escuadrones para decirles que tuvieran en cuenta que ‘estamos todos en el mismo barco’”, a la hora de declarar sobre lo que había ocurrido durante el operativo. “Les dijeron a los gendarmes que tenían que ponerse de acuerdo con lo que iban a declarar ante la Justicia porque los kirchneristas y las organizaciones de derechos humanos nos quieren tirar el primer desaparecido” en esa etapa de la democracia.

Rosa Alves dijo que “sin interferir en la investigación de la justicia penal, queremos aportar esta investigación y ofrecer todo el apoyo técnico de nuestros cuerpos periciales de las fuerzas federales, al margen de la Gendarmería, para “aportar al conocimiento de la verdad”.

–La denuncia contra Noceti es resultado de un sumario administrativo que revisa lo actuado por Gendarmería. ¿Cómo se trabaja, hacia el futuro, para desandar el camino recorrido por una fuerza de seguridad bajo la doctrina impuesta por la ex ministra Bullrich?

–Lo que se hizo fue posible luego de hacer un diagnóstico sobre las condiciones deplorables en que la gestión anterior dejó no solo a la Gendarmería, sino a todas las fuerzas de seguridad. Ese diagnóstico ya se hizo, sobre distintos aspectos. Hugo un abandono logístico que la ministra puso de manifesto al mostrar el estado de los helicópteros y los móviles de la Gendarmería que quedaron fuera de servicio por falta de mantenimiento. Había facturas de luz, de agua, sin pagar, subejecución presupuestaria, deudas con los proveedores. Este es un aspecto del deterioro en el que dejaron a las fuerzas de seguridad. Después están los aspectos que hacen al quebrantamiento de la conducción de la fuerza, a la contaminación con criterios doctrinarios regresivos y represivos. Cada uno de esos daños requiere de un abordaje diferente.

–Desde el retorno de la democracia es difícil poner en consonancia a las fuerzas de seguridad. No bastan las buenas intenciones.

–Sí, totalmente de acuerdo, pasa algo parecido a lo que ocurre con los servicios de inteligencia, tal vez porque nunca hubo la suficiente testosterona política, no necesariamente por falta de vocación política. Hay estructuras de poder determinadas y no siempre se dieron los contextos para poder avanzar, pero nosotros creemos ahora que ya es inexcusable, tenemos que usar los recursos institucionales, políticos, administrativos con los que cuenta el ministerio, para seguir una línea de investigación de la verdad y de evitar la impunidad. En ese sentido, el hecho de haberle requerido a la Gendarmería, en enero de este año, una verdadera investigación administrativa sobre lo sucedido en el operativo de despeje en la ruta 40, el 1º de agosto de 2017, fue transitar ese camino. Así como hay ensalzar las cosas que se hacen bien, no hay que ser cómplices ni ocultar corporativamente los delitos o faltas graves, ass desviaciones. Hay que dar clara señal de que esas faltas no se van a tolerar porque son grupúsculos que son la minoría de las fuerzas de seguridad federales.

–¿Hasta dónde creen que tiene que llegar esta causa en la que se señala a Noceti, cuando se sabe, claro, que detrás de él estaba Patricia Bullrich?

–Lo primero fue pedirle a Gendarmería que nos elevara la investigación disciplinaria que habían hecho en su momento, una actuación del año 2017 que se hizo por lo que se creía era la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Se abrió la actuación para investigar el posible involucramiento de los gendarmes en esa desaparición forzada. En lugar de analizar el operativo, las decisiones que se tomaron en ese momento, la actuación fue hecha para encubrir y para absolver en forma prematura y bloquear así la posibilidad de hacer investigaciones posteriores sobre los hechos. Luego apareció el cuerpo de Santiago, se determinó que no hubo una apropiación de su persona en forma previa a la muerte y se cerró esa investigación diciendo que se declaraba a todo el personal de Gendarmería que había participado del operativo libre de todo reproche. Frente a eso, Frederic ordenó que hicieran una investigación seria sobre los errores del operativo. El fiscal Félix Crous hizo una investigación muy minuciosa y llegó a la conclusión que el operativo fue todo lo que no se debía hacer: excesos, errores, negligencias graves. La Gendarmería se tomó desde enero hasta ahora para hacer una investigación rigurosa y llegó a la conclusión de que el operativo fue imprudente, irrazonable e innecesario, no urgente, porque a las pocas horas iba a llegar un grupo especializado para abordar ese tipo de conflictos. Todo había sido preparado para darle una lección a ese “movimiento terrorista” como calificaban a la resistencia ancestral mapuche, a los que se insistía en darle el tratamiento de “delincuentes en flagrancia” , de manera de poder perseguirlos aunque se desalojara la ruta.

–¿Cómo surge la responsabilidad de Noceti a partir del informe que elevó la Gendarmería?

–De la propia labor investigativa y las conclusiones del instructor sumariante y del subjefe de la fuerza, el comandante Javier Lapalma, esto sin dejar de reconocer las faltas graves de los comandantes de la fuerza que estuvieron en el operativo. Pero la conclusión es que sin una orden de las autoridades políticas de entonces ese operativo no se hubiera podido realizar. La participación de Noceti ya había sido señalada en la causa, pero es la propia Gendarmería la que ahora acumuló pruebas que confirman que él había estado el día anterior y el mismo día del operativo. Todo indicaría que hubo un mandato político para que se actuara como se actuó. El informe dice que ante ese cuadro de situación, sólo podía suceder el desastre que ocurrió.

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FuentePágina/12
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