Caso Greco: revisar el funcionamiento del OCI, uno de los compromisos incumplidos ante la CIDH

Aunque permanece en un segundo plano tras la polémica por la reciente renuncia de la cúpula policial, el rol del Órgano de Control Institucional (OCI) es clave para comprender por qué no se conocen sanciones administrativas contundentes contra policías acusados por violencia institucional. La revisión del funcionamiento del OCI es una de las asignaturas pendientes del gobierno del Chaco ante la CIDH como consecuencia del “caso Greco”.

La Comisaría 3ª de Fontana,

Desde hace años que el gobierno del Chaco viene trabajando en dar cumplimiento a los compromisos asumidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en el marco de la Solución Amistosa por el “caso Greco” del año 2003, que incluyeron la creación del Mecanismo de Prevención de la Tortura, de dos Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos para investigar delitos de violencia institucional y el impulso de los juicios contra los acusados por la muerte dudosa de Juan Angel Greco, luego de las quemaduras recibidas tras el incendio de su celda de la comisaría de Puerto Vilelas, de la que se cumplieron 30 años a principios de este mes. Pero lo que aún permanece en la nebulosa y pendiente de resolver es la revisión del funcionamiento del Órgano de Control Institucional, más conocido por su sigla OCI.

Es que la revisión del funcionamiento del OCI, el organismo que depende del Comando Superior de la Jefatura de Policía del Chaco y que investiga administrativamente las denuncias por irregularidades en el accionar de los funcionarios policiales, siempre queda en un segundo plano cada vez que se desata algún tipo de polémica que involucra casos de violencia institucional. Y el de la salvaje agresión policial contra los jóvenes qom en el barrio Banderas Argentinas de Fontana fue la gota que rebalsó el vaso ante la opinión pública local, nacional e internacional. Pero ni así se logra dar con el verdadero fondo del asunto: el OCI está conformado por policías que deben controlar y sancionar el accionar de sus pares, reproduciéndose un accionar corporativo.

Las víctimas de los abusos policiales perpetrados el 31 de mayo en la comisaría de Fontana.

Otro dato es central y consta en el informe elevado por el gobierno del Chaco ante la Cancillería Argentina a principios de junio pasado y al que tuvo acceso CHACODIAPORDIA.COM: existe una opacidad absoluta respecto del funcionamiento del OCI. Fue expuesta, sin quererlo, por el ahora exjefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, cuando aseguró que cerca de 900 policías se encontrarían en la misma situación que los cuatro que fueron apartados por el gobierno del Chaco tras los sucesos de Fontana. Esos datos no son públicos, no se conocen ni en el propio Ministerio de Justicia y Seguridad, del cual depende la Jefatura de Policía. En ese contexto, las investigaciones y sanciones administrativas del OCI quedan supeditadas a las posibles condenas en las causas judiciales, cuando debieran seguir un trámite independiente e incluso, si correspondiese, sancionar adecuadamente.

¿Cómo controlar el accionar policial?

Represión a movimientos sociales (Foto: archivo)

Sobre la prevención de casos de violencia institucional como el acontecido en Fontana, el CELS (que llevó el “caso Greco ante la CIDH) afirmó que “el primer paso es controlar efectivamente la actuación policial, ya sea desde el ámbito judicial como político”. En ese sentido, subrayó que “la provincia (del Chaco) arrastra déficits en el funcionamiento de la Fiscalía especializada en derechos humanos, que tiene que desarrollar capacidades reales de investigación, y en el órgano de control institucional de la policía, que debe ser una instancia externa a la policía y rendir cuenta de sus acciones”.

En 2012, la Cámara de Diputados del Chaco aprobó la ley de Seguridad Democrática que prevé la creación de la Dirección General de Control Policial (DCP) que estará encabezada por un funcionario civil y dependerá del Ministerio de Seguridad y Justicia para investigar las irregularidades cometidas por miembros de la fuerza policial. Aunque el gobernador Jorge Capitanich anunció hace semanas su instrumentación integral, aún no designó al director o directora a cargo de la DCP. Una vez creada la DCP con sus respectivas dependencias, las investigaciones sobre el accionar policial pasarán a ese ámbito, mientras tanto el OCI deberá concluir con todos los sumarios administrativos abiertos a ese momento.

Esta decisión política de avanzar con una reforma profunda en el control de la violencia institucional con perspectiva de derechos humanos, a las que la provincia está además obligada por compromisos internacionales, es el fondo de lo que se debate en estos días, más allá de que algunos medios insisten en invisibilizar lo que se juega de fondo: la construcción de una seguridad democrática, conducida por el Poder Ejecutivo, en línea con toda la legislación internacional.

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