Caso Greco II: el juicio será del 14 al 18 de septiembre, más de 30 años después de la muerte del artesano

Avanzar con el juicio a los policías imputados por la muerte del artesano Juan Angel Greco es uno de los compromisos asumidos por el Estado chaqueño en la solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 4 de julio de julio se cumplieron 30 años.

El artesano Juan Angel Greco murió por un incendio en su celda, en 1990 a los 24 años.

Por la emergencia de COVID-19, fueron reprogramadas para el 14, 15, 16, 17 y 18 de septiembre las audiencias en el marco del juicio oral y público en la causa denominada “Greco II” contra los cinco policías que intervinieron en la detención ilegal, vejaciones y encubrimiento de la muerte del joven artesano Juan Ángel Greco, quién falleció tras las múltiples quemaduras recibidas por el incendio de su celda en una Comisaría de Puerto Vilelas en junio de 1990. Será en la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia. Así lo resolvió durante la última semana la jueza de ese tribunal unipersonal, María Virginia Ise, que originalmente había fijado la fecha de las audiencias para el 6, 7 y 8 de abril pasado.

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La causa “Greco II” fue investigada por el fiscal de Derechos Humanos, Daniel Turraca, quién en diciembre de 2017 presentó el requerimiento de elevación a juicio. Se concretará, finalmente, del 6 al 8 de abril, más de dos años después. El agente Adolfo Eduardo Valdéz fue imputado por el delito de “privación ilegítima de la libertad y vejaciones”; en tanto a Ramón Antonio Brunet y Francisco Walter González se los imputó por “privación ilegítima de la libertad y vejaciones en concurso real”, y a Amado Brígido Gómez y a Jorge Antonio González por el delito de “encubrimiento en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En este juicio, intervendrá como querellante la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia del Chaco, que conduce Silvana Pérez, y que estará representada por el coordinador de Litigios Estratégicos de esa Secretaría, Paulo Pereyra. El abogado es quién más conoce el detalle de la causa y viene monitoreando desde su inicio el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado chaqueño ante la CIDH. En tanto, el fiscal de Cámara será Sergio Cáceres Olivera.

En este contexto, durante las últimas semanas se produjeron una serie de reuniones de las que participaron los titulares de los tres poderes del Estado chaqueño (el gobernador Jorge Capitanich, el presidente de la Legislatura chaqueña, Hugo Sager y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia Iride Grillo) donde se ratificó el compromiso de dar cumplimiento definitivo a los puntos pendientes. Uno de ellos es el juicio a los presuntos responsables por haber torturado y dejado morir a Greco tras el incendio de su celda.

Un caso con consecuencias internacionales para el Chaco y Argentina

El día 24 de junio de 1990, cerca de la medianoche, Juan Angel Greco junto a un amigo acudieron al destacamento policial del Barrio 500 Viviendas de Barranqueras para denunciar agresiones que había sufrido Greco minutos antes. Ante la negativa de los funcionarios policiales de recibirles denuncia y sus maltratos, ambos se retiraron del lugar.

Posteriormente, otros dos agentes policiales (Francisco González y Ramón Antonio Brunet) interceptaron a Greco y lo trasladaron a la unidad policial, momento en el cual el fiscal Turraca define -en su elevación a juicio- que “se consuma la detención ilegal y su privación ilegal de la libertad”.

Luego, el cabo a cargo del destacamento de Barranqueras solicitó a la Comisaría de Puerto Vilelas un móvil para poder trasladarlo allí porque en ese destacamento no tenían lugar para alojarlo. Al llegar el móvil policial (en se trasladaban los agentes Eduardo Valdéz y Jorge Antonio González) Greco “es cargado mediante vejaciones a la parte trasera de dicho móvil” para ser trasladado a la Comisaría de Puerto Vilelas, ante lo que Greco opone resistencia. En ese sentido, el fiscal Turraca aclaró que la actitud de Greco no constituía delito en tanto que “no existía orden legítima emanada de autoridad competente”.

Posteriormente, la celda en la que se encontraba alojado Juan Angel Greco se incendió en circunstancias que nunca fueron aclaradas y, como consecuencia de las quemaduras sufridas, el joven falleció pocos días después en el Hospital Perrando de Resistencia, más precisamente el 4 de julio de 1990.

Cabe recordar que se llegó a un segundo juicio porque, en mayo de 2012, la Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia absolvió a los policías Juan Carlos Escobar y Ramón Antonio Brunet de los delitos de abandono de persona seguido de muerte y condenó a penas de un año y diez meses de prisión en suspenso a Adolfo Valdez y Julio Obregón por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes y funcionario público.

Las irregularidades anteriores a la muerte de Greco y las cometidas con posterioridad convirtieron al caso en emblemático de la violencia institucional en la provincia del Chaco. A tal punto que, en 1997, llegó a instancias internacionales por la denuncia presentada por la madre de Greco con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Así, el Estado chaqueño reconoció su responsabilidad en el año 2003 al suscribir un acuerdo de “solución amistosa” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se comprometió a una serie de medidas de reparación y la creación de ámbitos institucionales como la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos para evitar la repetición de casos como el de Greco.

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