Violencia contra jóvenes Qom: en qué leyes se basó el Poder Ejecutivo para mantener apartados a los policías

La decisión del gobierno provincial de mantener apartados a los cuatro policías acusados por la salvaje agresión contra jóvenes qom en Fontana provocó la renuncia de la cúpula policial, en desacuerdo con esa medida. En esta nota, los fundamentos legales de la decisión del Poder Ejecutivo.

La cúpula policial del Chaco decidió presentar este lunes su renuncia en desacuerdo con la decisión del gobierno provincial de mantener apartados de la actividad a los cuatro policías de la Comisaría Tercera de Fontana imputados por las salvajes agresiones cometidas el 31 de mayo pasado contra jóvenes de la comunidad Qom del Barrio Banderas Argentinas de esa localidad. Según lo que pudo saber CHACODIAPORDIA.COM, la decisión del Poder Ejecutivo del Chaco se encuentra enmarcada en varias leyes actualmente vigentes y obedece a la decisión política de evitar que se consagre la impunidad en este caso de brutalidad policial que trascendió las fronteras de la provincia del Chaco.

Vale recordar que el miércoles 8 de julio la titular del Juzgado de Garantías Nº 3 de Resistencia, Rosalía Zózzoli, decidió liberar a los cuatro policías imputados por participar de un allanamiento violento e ilegal con vejaciones que tuvo como víctimas a cuatro jóvenes de la etnia Qom. La medida generó una ola de repudios, sobre todo porque estuvo acompañada del cambio de carátula a una más benigna para los imputados cuyas agresiones fueron filmadas y viralizadas provocando un rechazo generalizado, incluyendo el del propio presidente de la Nación, Alberto Fernández. El gobierno del Chaco, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros que actúa como querellante, anunció que apelará la medida judicial de la jueza ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Un elemento central a tener en cuenta en los casos de violencia institucional es que las actuaciones administrativas contra los funcionarios policiales que lleva adelante la Jefatura de Policía debe ser independiente de la investigación judicial. Hasta hoy, aun cuando seguían siendo investigados por la justicia, la Jefatura de Policía reincorporaba automáticamente al servicio activo a los agentes policiales que recibían la libertad en la investigación penal. Para ello, se fundaba en una interpretación capciosa de un artículo de la ley del Régimen del Personal Policial -sancionada en 1972, es decir, durante la dictadura en el cual se establece que revistará en situación “pasiva” cuando se encuentre “bajo proceso o privado de su libertad en sumario judicial, mientras dure esa situación”.

En la decisión del gobierno provincial, en cambio, se da por sentado que estar bajo investigación penal preparatoria es estar “bajo proceso” porque en el Código Procesal Penal del Chaco no existe la figura del “procesado”, como sí sucede en el fuero federal. En ese contexto, resolvió que los cuatro agentes policiales que son investigados por delitos cometidos en el ejercicio de su función permanezcan, en términos administrativos, en situación “pasiva”.

La resistida ley de Seguridad Pública 

Por otro lado, el artículo 90 de la ley de Seguridad Pública Nº 2011-J, establece que “la resolución condenatoria, en lo administrativo, puede dictarse en cualquier estado de la causa judicial paralela, sin esperarse la resolución del magistrado interveniente”. En el mismo sentido se expresa la ley marco 25.164 de Regulación de Empleo Público Nacional.

En este sentido, es dable recordar que, días atrás, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, anunció la instrumentación integral de la mencionada ley de Seguridad Pública que establece que la investigación de las presuntas faltas cometidas por los funcionarios policiales estará bajo jurisdicción de la Dirección de Control Policial, al mando de un civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia. Hasta hoy, los casos de abuso policial son investigados administrativamente por el Órgano de Control Institucional (OCI) que dependen de la propia Jefatura de Policía. Es decir, los policías investigan las presuntas faltas de otros policías, una tradición que la resistida ley de Seguridad Pública viene a desmantelar para poner a la fuerza de seguridad bajo conducción del gobernador de la provincia, tal como lo prescribe la Constitución Provincial.

Compromiso internacional contra la violencia institucional

Por último, pero no por ello menos importante, hay que recalcar que el Poder Ejecutivo del Chaco se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a impulsar medidas legislativas y administrativas para mejor protección de los derechos humanos. Fue en el marco del Acuerdo de Solución Amistoso firmado en el año 2003 por el caso del artesano Juan Angel Greco, fallecido luego del incendio de su celda en una Comisaría de Puerto Vilelas, donde se encontraba alojado tras haber sido detenido ilegalmente.

Entre las medidas administrativas comprometidas por el gobierno del Chaco, entre las más destacadas figuraba, justamente, la de acentuar el control hacia el accionar policial. No hacerlo, podría acarrear una condena internacional por violaciones a los derechos humanos no sólo contra la Provincia del Chaco sino contra el Estado Argentino, como estado miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA).

 

 

Compartir