Violencia policial contra jóvenes qom: organizaciones sociales denuncian una “doble vara judicial”

Las organizaciones firmantes nos expresamos en este documento con preocupación respecto a las decisiones del Poder Judicial de la Provincia del Chaco en el caso de abuso policial ocurrido en Fontana, donde policías de la provincia del Chaco sometieron a una familia de la comunidad Qom a diferentes tipos de apremios y torturas.

La Comisaría 3ª de Fontana,

Compartimos el comunicado de organizaciones sociales, políticas y sindicales:

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Consideramos que este caso expone nuevamente los arreglos del poder hegemónico en la Justicia, que mide con distintas varas y beneficia a quienes son afines o funcionales a la esfera del Poder Judicial de la Provincia del Chaco, poniendo bajo la alfombra las injusticias que sufren los sectores populares. El resultado de esta lógica ha decantado en la decisión tomada por la jueza de Garantías 3 Rosalía Zozzoli que no solo deja en libertad a los policías acusados de estos hechos por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos, además revocó la ampliacion de imputación que sumaba el delito de detención ilegal a la caratula de la causa. De esta manera, la imputación solo es por allanamiento ilegal y vejaciones. No podemos dejar de señalar que la decisión de la jueza aún no cuenta con los fundamentos, dejando en evidencia la arbitrariedad de la justicia frente a estos graves sucesos ocurridos en Fontana.

Estos hechos se dieron en un marco de pandemia, donde la cuarentena es la única medida para que no se propague el virus, a su vez para muchas familias les es imposible sostenerla dado que viven en máximas situaciones de precariedad.
Este abuso policial también es la consecuencia de la resistencia de algunos municipios al no conformar los comités de crisis social, establecidos en el decreto 462/20 emitido por el Poder Ejecutivo. Las comisiones vecinales que funcionan son ejemplos de cómo los vecinos se cuidan a sí mismos y a sus familias, concientizan sobre la pandemia y no llegan a enfrentarse con la policía.

*Que se entienda bien, a lo que realmente nos oponemos es a las decisiones judiciales que son tomadas sin criterio alguno. Como lo fue, antes del otorgamiento de la libertad, la decisión de concenderles la prisión domiciliaria. Tenemos conocimiento de los múltiples y constantes pedidos de diferentes personas acusadas por delitos que se encuentran en las Comisarías y tenemos también conocimiento del criterio restrictivo del Poder Judicial del Chaco para la generalidad de los casos, pero este criterio, tan duro, tan rígido, que no da cuenta de las condiciones inhumanas en que se encuentran las personas detenidas, repentinamente cambia cuando se trata de personas con cierto poder y que puede ser utilizado para entorpecer la investigación, como lo fue el caso “Martinez”, acusado por violencia de género, y ahora también el otorgamiento de Libertad para los policías acusados del aberrante hecho de Fontana.

Este caso toca el día a día de gran parte de nuestra sociedad, hecha luz sobre las prácticas constantes de la policía que van aumentando en su violencia cuando se trata de pibxs pobres y peor aún cuando pertenecen a comunidades indígenas. El Estado del Chaco ya ha sido sancionado internacionalmente en la causa LNP por actitudes contrarias a los derechos humanos y por tomar decisiones que no tienen en cuenta las características especiales de los casos y las características especiales de las personas intervinientes.

Por todo ello, llamamos al Poder Judicial a que accione correspondientemente y que esté a la altura de la democracia con un mensaje claro a las fuerzas de seguridad y a la sociedad, dando cuenta de que hechos como el de Fontana deben ser debidamente juzgados y condenados.

Exigimos que se retrotraiga la medida de Libertad, por tratarse de delitos graves, estos cuatro agentes fueron imputados por privación ilegítima de la libertad, vejaciones agravadas y torturas, allanamiento ilegal y apremios; la medida puede entorpecer la investigación y perjudicar a las víctimas.

A su vez, consideramos que la violencia policial no termina con un proceso judicial y una sentencia condenatoria, por ello apoyamos la propuesta del Poder Ejecutivo respecto a la aplicación de la Ley de Seguridad Pública de la provincia en cuanto al control civil de las fuerzas policiales y la formación profesional policial, destacamos las diferentes intervenciones de los organismos y la constitución en querellante a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, del Comité de Prevención de la Tortura de la provincia de Chaco y la Defensa Pública del Poder Judicial, con el fin de garantizar la transparencia en el proceso judicial.

Necesitamos avanzar rápidamente en estos cambios para no tener que lamentar nunca más situaciones tan graves y aberrantes como la de Fontana que reflejan un accionar recurrente de la policía de nuestra provincia que pisotea los derechos de los ciudadanos y en mayor medida la de nuestros hermanos originarios.

H.I.J.O.S. Regional Chaco
Red por la Identidad Chaco
Avance popular
JP Evita Chaco
Peronismo Militante
Somos Barrios de Pie
Red Puentes
MP La Dignidad
La Cámpora
CCC
La Corriente CEPA
Colectivo Nacional
La Scalabrini Ortiz
Ateneo Feminista
Juventud Frente Grande
CTA de les Trabajadores Chaco
Asociación Pensamiento Penal
Rubel Cs Económicas
CODIUNNE
UTrE CTERA
MUP FADyCC
FRESARD Arq + DG
Frente Universitario Popular (CeHum)
Los Irrompibles

Dip Tere Cubells – Frente Grande
Dip Rodolfo Schwartz – PTP PCR
Dip Gladis Cristaldo

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