En 2019, se registraron 427 casos de tortura y 50 muertes en cárceles federales

Con la presencia virtual de las autoridades de la PPN, se presentaron ante la sociedad civil y mediante Zoom, los datos más relevantes de la situación carcelaria en 2019 con respecto a la sobrepoblación, los fallecimientos, y los casos de tortura y malos tratos.

El Procurador Penitenciario Francisco Mugnolo destacó la importancia de publicar el Informe Anual cada año y resaltó poder hacerlo en este contexto de aislamiento generalizado en el área metropolitana. Mencionó asimismo que en la actualidad se conjugaron tanto la problemática de la sobrepoblación carcelaria como la emergencia sanitaria.

Ariel Cejas Meliare, Procurador Adjunto Interino, describió las distintas medidas que se tomaron desde la PPN para encontrar alternativas al encierro frente a la actual pandemia. Resaltó resoluciones judiciales, niveles de egresos, medidas preventivas, etc. Además, describió el trabajo del organismo desde el comienzo de la pandemia, haciendo hincapié en la protesta de Devoto y el acompañamiento realizado durante el conflicto. En ese sentido, mencionó la denuncia efectuada por dos personas privadas de libertad que fueron heridas con balas de plomo durante los hechos y el desempeño que tiene la PPN como querellante en la causa.

Por otra parte, la directora del Observatorio de Cárceles Federales Marta Monclús desarrolló los cuatro ejes principales del informe: sobrepoblación, traslados arbitrarios, prácticas de tortura y malos tratos y finalmente fallecimientos en prisión. Destacó que en 2019 se llegó al pico máximo registrado de personas detenidas: 14.067. Con respecto a los traslados arbitrarios, mencionó el fallo de la CIDH, organismo que señaló que tal práctica constituye una vulneración de los derechos humanos de las personas detenidas. En cuanto a los casos de tortura y malos tratos, explicó que persisten como una de las problemáticas principales en prisión, por último mencionó que durante 2019 se registraron 50 muertes, de las cuales 32 fueron no violentas y 18 sí lo fueron.

Finalmente, Andrea Triolo, Directora General de Protección de DD.HH habló sobre los monitoreos llevados a cabo por la PPN y la adaptación de las modalidades de trabajo en las cárceles tras la declaración de la emergencia sanitaria y el aislamiento preventivo, social y obligatorio. Desarrolló de forma pormenorizada la Guía de Monitoreos que confeccionó la institución ante el escenario actual y remarcó que el diálogo con distintos actores (judiciales, penitenciarios, familiares, etc) fue ampliado con el fin de garantizar las tareas de la PPN a pesar de las limitaciones inherentes al aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La presentación estuvo moderada por la jefa del área de Colectivos Vulnerables en Prisión de la PPN, Mariana Lauro. Una vez concluida, la prensa tuvo la oportunidad de realizar diversas preguntas al panel sobre la publicación.

Participaron de la reunión virtual la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós, representantes del INADI, de la Defensoría General de la Nación, de la Defensa Pública de Santa Fe, de la Procuración de la Provincia de Mendoza, entre otros.

Ejes relevantes

La elaboración del Informe Anual tiene por objeto informar al Honorable Congreso de la Nación acerca de las actividades desarrolladas por la Procuración Penitenciaria en el transcurso del año pasado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 25.875.

El Informe está estructurado en base a los ejes prioritarios de trabajo de la PPN que a su vez se vinculan directamente con las principales problemáticas del sistema penitenciario federal: sobrepoblación, tortura y malos tratos, muerte bajo custodia, deficiencia en el acceso a los derechos de salud, educación y trabajo, aislamiento y también la situación de los colectivos sobrevulnerados en prisión.

En marzo de 2019 el Ministerio de Justicia y DD.HH de la Nación declaró la emergencia en materia penitenciaria por el término de tres años. A diciembre del año pasado las personas detenidas eran más de 14 mil mientras la capacidad declarada por el Servicio Penitenciario Federal era de 12.778 plazas.

La PPN ha trabajado en la elaboración de una serie de estándares sobre condiciones materiales de alojamiento y fijación de cupo carcelario con el objetivo de corroborar la información proporcionada por el SPF.

Otra situación destacada del 2019 es la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a los traslados arbitrarios de personas detenidas en Argentina. El organismo internacional declaró que este tipo de políticas vulnera derechos humanos, motivo por el cual fijó un plazo de un año para que el Estado adopte todas las medidas de carácter legislativo, administrativo o judicial para regular e implementar los traslados de personas privadas de libertad de acuerdo a la Convención Americana de DD.HH.

Durante 2019 se documentaron 427 casos de tortura y malos tratos. En el 41% de los casos las víctimas prestaron su consentimiento para realizar una denuncia penal por los hechos. Esto derivó en 140 denuncias presentadas por episodios individuales y colectivos.

Por otra parte, se contabilizaron 50 muertes bajo custodia en prisiones federales. La PPN cuenta con un Procedimiento para la Investigación y Documentación de Fallecimientos en Prisión que discrimina entre muertes violentas y no violentas. El año pasado 18 muertes fueron de la primera categoría y 32 de la segunda.

 

 

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