Medida de protección para una trabajadora sexual que era hostigada y agredida por un cliente

Para evitar el acoso y las agresiones de un cliente contra una trabajadora sexual, la jueza de Faltas de Barranqueras, Sandra Saidman, dictó una medida de protección para prohibir cualquier tipo de contacto entre ambos. Además, dispuso otra serie de medidas como asistencia psicoterapéutica para la víctima. Todo en el marco de la ley 26.485 y las convenciones internacionales

Foto: ilustración

“(…) lo que yo quiero es que él me deje de seguir y de molestar, no quiero que se acerque más porque es una persona muy violenta y agresiva y yo le tengo miedo”. Así lo expresó A.C.P. en la denuncia que realizó el 24 de octubre ante la Comisaría Primera de Barranqueras. Fue luego de que un cliente que frecuentaba desde hacía tres años como trabajadora sexual la agrediera a ella y a otro cliente a la salida de un motel.

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Según reveló la denunciante, el hombre de 60 años está “obsesionado” con ella, que la considera su “pareja” y que “no quiere que esté con nadie más”. En su relato también contó que hace tres meses la golpeó e intentó ahorcarla en la habitación de un motel y que por eso debieron intervenir las personas encargadas del lugar. En esa oportunidad decidió no denunciarlo. “Cree que tiene derecho a tratarme así”, agregó A.C.P.

Aplicación de la ley 26.485 y las convenciones internacionales

Tras la denuncia, el caso recayó en el Juzgado de Faltas de esa localidad, y la jueza Sandra Saidman, quien consideró que, dada la relación de ofrecimiento de “servicios sexuales” la medida de protección no encuadraba en lo previsto por el Código de Faltas del Chaco –ley 850-J-. En ese sentido, advirtió que su intervención debía fundarse en normas de jerarquía superior y aplicables a proteger los derechos de las mujeres: la ley nacional nº26.485, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (C.E.D.A.W.), Convención para prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará) y el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.

Así, la magistrada dispuso una medida preventiva que prohibió el acceso y acercamiento del denunciado a una distancia menor a 300 metros de cualquier lugar de concurrencia de la denunciante, debiendo abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con la misma. También ordenó al jefe de la Comisaría Primera de Barranqueras que disponga las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad de A.C.P.

Además, la medida requiere al Equipo Interdisciplinario de Asistencia a las Víctimas de la Violencia Familiar, dependiente del Programa Provincial de Asistencia a la Víctima de la Violencia Familiar, a la mayor brevedad posible, se sirva brindar asistencia psicoterapéutica a la víctima.

Evitar la revictimización y la violencia institucional

Entre sus fundamentos, la jueza Saidman sostuvo que “las mujeres que han hecho de la prostitución su medio de vida se encuentran expuestas al estigma y la discriminación en sus entornos familiares y comunidades. Pero además del rechazo social de los grupos de personas en los ámbitos en los que hacen su vida, también son víctimas de violencia por parte de desconocidos en los espacios públicos, clientes y proxenetas”. En ese contexto, puntualiza que “estas situaciones de violencia vividas con frecuencia quedan impunes al no existir un aparato jurídico que las proteja, y en caso de existir, son víctimas de violencia institucional por reproducirse formas de discriminación y estigmatización que se acentúa cuando la mujer es pobre”.

En ese sentido, consideró que “para el dictado de una medida cautelar como la presente, basta la mera sospecha de maltrato, esto es, la verosimilitud del derecho y peligro en la demora, requisitos que doy por acreditado con el relato pormenorizado de los hechos por parte de la denunciante”.

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