Lavado I: Casación concedió la excarcelación a Ismael Fernández, quién fue liberado de inmediato

Con voto dividido, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de la defensa y le concedió la excarcelación. Fernández se encuentra procesado por integrar una supuesta banda dedicada al lavado de dinero.

Para dos de los tres jueces que integran la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, la situación del empresario y exfuncionario público del Chaco, Ismael Fernández, no representa un riesgo procesal de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Por ese motivo, decidieron hacer lugar al recurso de casación impulsado por la defensa del imputado contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia que había confirmado su prisión preventiva el 21 de agosto pasado. Fernández, cuñado del principal imputado en la causa, el exsecretario general de la Gobernación, Horacio Rey, fue liberado horas después de dictado el fallo de Casación.

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La resolución de la Sala IV de Casación contó con los votos favorables de los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo y la oposición de Gustavo Hornos. Vale recordar que la Sala IV de Casación ya había en dos oportunidades resoluciones de la Cámara Federal de Resistencia confirmando la prisión preventiva de Fernández por considerar que las mismas no fueron suficientemente fundamentadas.

Vale recordar que Fernández se encuentra con procesamiento firme en orden al delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautor. Según la hipótesis de la investigación, los imputados habrían conformado un grupo organizado para extraer dinero espurio del erario público del Estado Provincial para transformarlo e introducirlo al circuito legal económico. En ese contexto, Fernández habría ocupado “un rol preponderante” en la maniobra delictiva por haber sido titular de la Unidad Ejecutora “Chaco Construye”, dependiente de la Secretaría General de Gobierno (que dependía jerárquicamente de su cuñado Horacio Rey), y también presidente de la Fundación Norte.

Paralelamente, cabe recordar que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia del Chaco debe resolver un recurso de casación del equipo de fiscales provinciales que investiga los delitos precedentes al de lavado de dinero contra una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Resistencia que también hizo lugar a la excarcelación de Fernández.

Los fundamentos del voto de mayoría 

“Del estudio de los argumentos valorados por el fallo impugnado, se observa que no se ha logrado incorporar nuevos elementos -distintos a los esgrimidos por los magistrados intervinientes en la resolución que fuera anulada por esta Alzada con fecha 27/06/2019 (…)- para fundar suficientemente el dictado de la prisión preventiva”, señala en su voto el camarista Mariano Borinsky, presidente de la Sala IV. Consideró, además, que el fallo de la Cámara de Resistencia “se apartó de las constancias de la causa” y “desatiende” la resolución anterior de esa Sala IV.

Para Borinsky, no era un elemento objetivo a tener en cuenta que Fernández haya permanecido prófugo de la justicia desde mayo hasta junio de 2018 y que la jueza de instrucción, Zunilda Niremperger, haya tenido que dictar una orden de captura internacional, y además Casación ya había desechado ese argumento en sus anteriores intervenciones. Por su parte, el camarista Carbajo adhirió a los planteos de su par Borinsky.

El voto disidente

En tanto, quién consideró que se debía mantener la prisión preventiva de Fernández fue el camarista Gustavo Hornos, que consideró “razonable” la resolución de la Cámara de Apelaciones de Resistencia que advirtió que “resulta imperiosa e indispensable la detención del encausado para garantizar el éxito de la investigación en curso debido a los serios riesgos procesales de que pueda entorpecer la investigación o eludir el accionar de la justicia (…) que el otorgamiento de la libertad a Fernández, significaría”.

Hornos ponderó que los delitos considerados como antecedentes del lavado de dinero, resultan ofensivos a la administración pública provincial, lo que derivara en un deslinde de
competencia y en la consiguiente conformación de causas ante la Justicia local, “no siendo un dato menor que el encartado se encuentra procesado con requerimiento de elevación a juicio en el marco de una de ellas, dato objetivo de trascendencia”.

A su vez, el camarista advirtió que “el imputado detenta una posición jerárquica dentro
de las cúpulas directivas de algunas de las empresas que se encuentran sujetas a investigación, o que mantiene su dominio funcional sin figurar formalmente al frente de las mismas, y que mantendría vínculos familiares y personales con funcionarios que ostentaban una alta jerarquía en el gobierno de la Provincia del Chaco, muchos de los cuales también se encontrarían involucrados en la maniobra investigada”.

Además, el juez advirtió que en caso de ser condenado por los delitos imputados, a Fernández le correspondería una pena de cumplimiento efectivo y que, por la complejidad propia del delito de lavado investigado, podría contar con recursos económicos para fugarse, además de tener en cuenta que ya lo había hecho antes de entregarse en junio de 2018.

En ese contexto, Hornos consideró que “en el caso y por los motivos expuestos, subsiste la posibilidad de contaminación de la prueba y de elusión de la justicia, resultando insuficiente la imposición de una caución para neutralizar el analizado riesgo procesal claramente presente”.

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