Suspensión del desalojo en tierras del Ejército: “El objetivo es evitar hechos de violencia institucional”

En diálogo con RADIO CIUDAD/CIUDAD TV, el miembro titular del Comité de Prevención de la Tortura Chaco (CPTCh), Paulo Pereyra, explicó la intervención del organismo que logró la suspensión provisoria, por parte del juez federal subrogante, Enrique Bosch, del desalojo de ocupantes de terrenos del Ejército Argentino.

Paulo Pereyra, miembro titular del Comité de Prevención de la Tortura Chaco (CPTCh)

El juez federal subrogante de Resistencia, Enrique Bosch, resolvió ayer suspender en forma provisoria la orden de desalojo de alrededor de 400 personas que ocupan los terrenos del Ejército Argentino ubicados en la zona sudeste de la ciudad de Resistencia. Fue tras la recomendación del Comité de Prevención de la Tortura Chaco (CPTCh) que se presentó ante el juzgado con el objetivo de evitar un escenario donde se pudieran cometer hechos de violencia institucional sobre grupos de personas en alta vulnerabilidad.

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El miembro titular del CPTCh, Paulo Pereyra, reveló que el propio Juzgado Federal había dado intervención al organismo para que oficie en calidad de veedor durante el operativo de desalojo. Sin embargo, explicó que “no estaban dadas las condiciones para ser veedor del despliegue operacional que iba a haber”. En cambio, por unanimidad, se decidió “recomendar la suspensión de la medida de desalojo hasta tanto se den las condiciones que tienen que ver con el diálogo cooperativo, con la intervención de los diferentes estamentos del Estado para proteger a grupos sobrevulnerados que son niñas, niños, adolescentes, mujeres en las condiciones que estaban allí y adultos mayores”.

En ese sentido, Pereyra aclaró que “todo este grupo poblacional, que si bien estaba ocupando este terreno que sus propietarios reclaman, no podía ser desalojado bajo estas condiciones hasta tanto no se agoten las intervenciones que tiene el Estado”. Así, recalcó que el Estado “tiene una obligación positiva de prevenir estos niveles de alta conflictividad que a nuestro entender, como órgano experto en prevención de la tortura, podría suscitar hechos de violencia institucional en el momento del desalojo”.

Al respecto, el miembro del CPTCh recalcó que “parte de nuestra recomendación es que se habiliten vías de diálogo pero sobre todo que tanto el Estado nacional como provincial asuman como gestionar este conflicto que es la crisis humanitaria habitacional que padecen estas personas”.

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