Lavado I: confirman la prisión preventiva para el presunto testaferro de Roberto Lugo

Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia respecto del empresario Ramón Chávez, procesado en una causa por lavado de dinero y presunto testaferro del exministro de Desarrollo Social. Por otro lado, se hizo lugar al recurso de casación en el caso de la empresaria Cristina Dellamea.

Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia

Integrada por conjueces, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia no hizo lugar a la apelación de la defensa y confirmó el rechazo a la prisión preventiva de Ramón Alejandro Chávez, empresario procesado por integrar una supuesta banda dedicada al lavado de dinero proveniente de fondos públicos y sospechado de ser testaferro del ministro de Desarrollo Social del Chaco, Roberto Lugo, también detenido en la causa. Por otro lado, el mismo tribunal hizo lugar a la apelación de la defensa de la empresaria Cristina Dellamea, sobrina política del exsecretario general de Gobierno del Chaco, Horacio Rey, y elevará el caso para que la Cámara Federal de Casación Penal analice si le corresponde o no acceder a la excarcelación, aunque se encuentre con prisión domiciliaria.

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Las resoluciones, a las que tuvo acceso CHACODIAPORDIA.COM, fueron dictadas este miércoles 2 de octubre, y llevan las firmas de los conjueces Fernando Carbajal, Miguel Aranda y Juan Manuel Iglesias. Por otro lado, los camaristas volvieron a instar a la jueza federal Nº 1, Zunilda Niremperger, “a la mayor celeridad en la investigación y en el trámite de instrucción” para poder clausurar esa etapa y elevar la causa a juicio oral “en un plazo no mayor de seis meses”.

Según la hipótesis de la investigación, Chávez formó parte de una presunta “matriz de corrupción” a partir de la creación de empresas y sociedades – integradas por familiares y amigos de funcionarios públicos, siendo centrales Horario Rey y Roberto Lugo- para proveer bienes y servicios al Estado Provincial, concretándose maniobras fraudulentas en perjuicio del erario público y negociados irregulares que reportaron enormes ganancias ilícitas.

Con peligro de fuga

En el caso de Chávez, los camaristas entendieron que el riesgo de entorpecimiento de la investigación “se halla fuertemente disminuido” teniendo en cuenta lo avanzado de la investigación y que solo resta conocer los resultados de una pericia contable a cargo de Gendarmería Nacional. Sin embargo, consideraron que es diferente la valoración respecto del peligro de fuga, al advertir que la suma de elementos de imputación producto de la incorporación de evidencias “opera en exacto sentido contrario”. En ese contexto, mencionaron como uno de los elementos que se encuentran bajo análisis es si el imputado registra activos, sociedades o cuentas bancarias en la República del Paraguay, ya que despiertan sospechas en los investigadores los doce cruces al país vecino que se constataron en los últimos cinco años.

Otras circunstancias tenidas en cuenta por los camaristas es la expectativa de pena que podría corresponderle al imputado en caso de ser condenado por los delitos que se le imputan, lo que conllevaría prisión efectiva que va de los 4 a los 15 años de prisión. A criterio del tribunal, también acrecentaría el peligro de fuga que el imputado “contaría con la efectiva posibilidad de asistencia y ayuda de diversos sectores del entramado delictuoso” del esquema delictivo investigado.

La historia de Chávez

Chávez fue designado como personal de gabinete del Ministerio de Desarrollo Social en enero de 2014 y luego ratificado en marzo de 2015, bajo la gestión del exministro Roberto Lugo. En diciembre de 2015, se inscribió ante la AFIP y se convirtió en proveedor del Estado provincial con la empresa “Distribuidora Norte” facturando casi 22 millones de pesos a distintos ministerios y organismos provinciales entre 2016 y 2018, lo que para los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia “constituye un indicio de irregularidad”.

Por otro lado, fue designado en 2014 como tesorero de la Fundación Norte, constituida por Ismael Fernández, otro de los imputados en la causa y sospechado por ser testaferro de su cuñado Horacio Rey, exsecretario general de Gobierno del Chaco.

En tanto, en noviembre de 2015, Chávez constituyó junto a una mujer la sociedad Servicios y Construcciones Paraná SA que registró pagos por un monto superior a los 38 millones de pesos hasta el año 2018.

Dellamea, a Casación

Por otro lado, los camaristas Carbajal, Aranda e Iglesias hicieron lugar al planteo de la defensa de la empresaria Cristina Dellamea y elevaron a la Cámara Federal de Casación Penal el pedido de excarcelación, luego de que el tribunal había confirmado el rechazo a ese beneficio dictado por la jueza Niremperger. Vale aclarar que Dellamea actualmente se encuentra cumpliendo un régimen de prisión domiciliaria, aunque su defensa pretende la excarcelación.

 

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