El gobierno de Cambiemos sigue siendo el más represivo desde 1983

La Correpi desnudó las mentiras del informe de Bullrich. La organización antirrepresiva desmenuzó las 77 páginas del documento oficial que la ministra tituló "Ministerio de Seguridad versus Correpi". Recortes forzados de la realidad y sumas mal hechas para ocultar casos de gatillo fácil, represión estatal y violencia institucional.

En el contrainforme el gobierno omitió los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, entre otros.

Habrán pensado que nadie lo leería, o que un título rimbombante y cuadros en PDF de colores eran suficientes, pero no. La Correpi demostró que, una vez más, el Ministerio de Seguridad recortó la realidad en su fallido intento de invalidar el archivo de casos sobre la represión estatal durante el gobierno de Cambiemos, y además se equivocó, acaso adrede, al realizar las suma de las cifras de su “contra-informe”.

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“No sirven ni para sumar, o lo hacen mal a propósito”, dijo la organización antirrepresiva luego de desmenuzar las 77 páginas del documento oficial que la ministra Patricia Bullrich tituló “Ministerio de Seguridad versus Correpi”.

La Coordinadora contra la represión Policial e Institucional, que nació el 22 de mayo de 1992 con una radio abierta en la puerta de la librería Liberarte, elabora cada año su informe sobre la situación represiva, que no sólo incluye casos de gatillo fácil sino también de muertes en protestas sociales y en situaciones de encierro. Así, el año pasado al analizar sus datos llegó a la conclusión de que la administración de Mauricio Macri resultó la más represiva desde el inicio del período democrático.

“Al día de hoy, cuando estamos terminando la carga de datos del primer semestre de 2019, nuestro Archivo contiene un total de 6.652 casos, de los cuales 1.393 ocurrieron durante la gestión Macri. Ciertamente no son todos los ocurridos, sino de los que nos enteramos”, comienza el comunicado de Correpi que aportó “algunas precisiones” en respuesta al “contra-informe” oficial. Sin tomar en cuenta los casos de 2019, es decir de 2016 a 2018, quedan 1.275 casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal federal, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires.

“Excluyendo de ese total los que corresponden a efectivos de la ex Policía Metropolitana (4 casos en 2016), policías provinciales (474), servicios penitenciarios provinciales (487), policía de la Ciudad de Buenos Aires (44 casos en 2017 y 2018) quedan 266, no 98 como sostiene Bullrich”, resumió Correpi.

¿Cómo llega Bullrich a 98 casos?

Esta fue la pregunta que se impuso al mirar con atención el presunto “informe” con el que la ministra pensaba, en plena campaña electoral, dimanitar la credibilidad de la organización que desde hace casi cuatro décadas milita contra los asesinatos que llevan el sello de los sucesivos gobiernos.

“No contabilizan al Servicio Penitenciario Federal, que aunque no depende de Seguridad sino de Justicia, como su nombre lo indica es Federal, y suma 139 casos 2016 y 2018”, indicó Correpi, y explicó que su principal fuente en este punto es la procuración Penitenciaria Nacional, un organismo oficial del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

“Tampoco contabilizan los efectivos retirados de las fuerzas federales, que conservan, pese a la situación de retiro, su estado y siguen perteneciendo a la fuerza y gozando de todos sus recursos y beneficios (9 casos); ni al personal de las agencias de seguridad privada, que tienen supervisión y control del ministerio de Seguridad, además de ser casi todos policías o gendarmes retirados (7 casos); ni los miembros de las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada), que también son fuerzas federales, y suman 13 casos”, detalló la organización antirrepresiva.

Además, al recortar 2016 a 2018, el gobierno excluyó los casos de diciembre de 2015, ya asumido su gobierno, que fueron 4 a manos de fuerzas federales.

Sin embargo, en la lógica del “contrainforme” y sólo contando los casos de las fuerzas que dependen directamente del ministerio de Seguridad, es decir, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, la cuenta tampoco le da a Bullrich: 68+22+15+2 suma 107, no 98.

Un ninguneo a los muertos del gatillo fácil

Del informe oficial también quedaron afuera los casos que define como “legítima defensa”, tales como el de Ariel Santos, fusilado por la espalda cuando intentaba poner en marcha una moto para huir de la policía Carla Céspedes, o Jonatham Echimborde, el chico de 28 años que recibió un disparo en el pecho cuando lavaba su auto en Mataderos, en la puerta de la casa, y pasó un patrullero disparando a un auto que huía. En estos hechos, más allá de lo que resolvieran los jueces, Correpi enfatiza que “hubo fusilamientos”.

Finalmente, Correpi agradeció a la ministra Bullrich “por ayudar en la actualización del Archivo”, porque indicó que “sería injusto no reconocer que, en su afán por desnaturalizar los hechos que seleccionó nos aportó datos que no teníamos”. En concreto, la organización pudo actualizar la situación procesal de muchos casos, e identificar víctimas y victimarios que sólo registraban como NN.

 

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