Protestas: duras críticas del CPTCh contra el Gobierno y los fiscales

En una semana cargada de conflictos laborales y sociales, con toma de edificios, protestas en lo alto de una torre de iluminación y piquetes que terminaron en violentos desalojos, el Comité de Prevención de la Tortura Chaco (CPTCh) emitió un duro comunicado alertando por la deficiente intervención que tuvieron los mediadores enviados por el Gobierno en dichas protestas, la "falta de involucramiento" por parte de las autoridades que fueron foco de las demandas y la creciente criminalización de la protesta por parte de los fiscales.

Miembros del Comité, en una de sus intervenciones frente a Casa de Gobierno.

El Comité de Prevención de la Tortura Chaco (CPTCh) tuvo esta semana una participación fundamental en la resolución pacífica de distintos conflictos que se dieron en el marco de protestas sindicales y sociales.

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En este marco, emitieron un comunicado alertando por las falencias que tuvo el Gobierno provincial para atender dichas demandas, la falta de capacitación de los mediadores y el escaso compromiso de las autoridades para intentar dar una conclusión satisfactoria a los reclamos.

Además, mostraron su preocupación por el accionar de la Justicia Provincial, principalmente por los fiscales, quienes de manera creciente están planteando acciones que apuntan a una “criminalización de la protesta social y gremial”.

“Con el objetivo de verificar el cumplimiento de la ley provincial Nº 7.710 de “Criterios mínimos de actuación de fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas” (“Protocolo Garré”), el presidente del CPTCh, Alejandro Armoa; el vice y representante de los pueblos originarios, Egidio García; y los miembros Paulo Pereyra y Silvio Del Balzo, intervinieron este jueves en el marco de una protesta de movimientos sociales en inmediaciones de Casa de Gobierno y de acciones gremiales en Casa de las Culturas y en el Hospital Perrando. Cabe informar, además, que también debieron intervenir legisladores de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Chaco y personal de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco”, indicaron desde el Comité.

“En ese contexto, los miembros del CPTCh observaron con suma preocupación la deficiente intervención y la falta de capacitación de los funcionarios que, de acuerdo al artículo 8 de la ley Nº 7.710, actúan como “enlaces” del Poder Ejecutivo ante los distintos reclamos sectoriales. Además, advirtieron sobre la falta de involucramiento de las autoridades competentes de cada una de las áreas u organismos del Estado destinatarios de las demandas”, aseveraron.

“En este sentido, cabe informar que a principios de este mes de septiembre el CPTCh solicitó una audiencia al ministro de Seguridad Pública del Chaco, Daniel Chorvat, con el objetivo de contar con un informe sobre actuación de las fuerza policial en los sucesos del 23 de agosto pasado, cuando agentes de los cuerpos de Infantería y Montada utilizaron gases lacrimógenos –prohibidos por la ley Nº7.710- y postas de goma –sólo admitidas con fines defensivos por la misma ley- ante una manifestación de movimientos sociales en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia”, recordaron.

“En lo referido al accionar de los funcionarios del Poder Judicial, desde el CPTCh advirtieron sobre la creciente criminalización de la protesta social y gremial por lo que aconsejaron a la Procuración General del Superior Tribunal de Justicia y, por su intermedio, a los equipos fiscales de la provincia, ceñirse a los procedimientos contemplados en la legislación. En este sentido, consideraron arbitrarios e ilegales los libramientos de órdenes de desalojo sin antes haber receptado declaración de imputado a las personas denunciadas o sin dar participación a un Juzgado de Garantías”, finalizaron.

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