Bernard: “El gobernador y sus funcionarios van a tener que responder por sus acciones”

El secretario General de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco informó en CIUDAD TV que la próxima semana estarían demandando a las máximas autoridades del gobierno provincial, por el desfasaje salarial. Adelantó que el viernes 27 habrá un paro total de actividades, sin asistencia a los lugares de trabajo, y apuntó a la “connivencia” entre el Ejecutivo y uno de los gremios judiciales. Afirmó que “hay malos funcionarios que inducen a error al gobernador”.

Walter Bernar, secretario General de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco.

El dirigente reseñó que la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco definió en asamblea convocar a un paro de 24 horas el viernes 27 de septiembre, sin asistencia a los lugares de trabajo, en reclamo del cumplimiento de la porcentualidad, el blanqueo de montos en negro y la equiparación salarial para el grueso del personal judicial.

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En ese sentido, Walter Bernard, afirmó que “es por la situación salarial del Poder Judicial y contra los distintos decretos del Poder Ejecutivo que ha aumento los salarios de los magistrados en detrimento del resto del personal. Nosotros pedimos el blanqueamiento de los montos en negro, que hoy asciende a 6.000 pesos, que fue respaldado por uno de los gremios y nosotros rechazamos, porque achata la estructura salarial y margina a los jubilados”.

Demandó que “el gobierno cumpla con los pactos y acuerdos existentes, porque hay un acuerdo que en su momento firmó Capitanich y acordó también Peppo después; y ahora, en el 2019, lo están cumpliendo solamente para una parte del Poder Judicial, que son los magistrados y funcionarios”. Al respecto, denunció que “hay negación del Ejecutivo de sentarse a una mesa, no nos quiere recibir y a quienes quieren hacerlo los exhorta para que no lo hagan. Pero hay que darle un corte a la cosa y respetar la Ley de Enganche”.

Mencionó el caso del Juez Rolando Toledo, donde “hay una sentencia que lo equiparaba a Juez de la Corte y nosotros sacamos información de la página de la Corte”; aclarando que “un juez de la Corte cobra 256.000 pesos y el ministro Toledo cobra 170.000 pesos; hay una diferencia aproximada a los 90.000 pesos”.

Bernard luego se refirió a la continuación al ingreso de personal al Poder Judicial, y afirmó que “según lo que se estableció, es que un número fijo de ingresantes estaría cobrando un sueldo mínimo de 20.000 pesos”.

En referencia del sueldo de Ordenanzas y otros cargos, observó que hay una diferencia del doble o más a medida que se sube en la grilla salarial, y consideró que “el Ejecutivo impuso, a través de la connivencia con un sindicato, un monto fijo. Hay una diferencia de 5 a 1 entre el sueldo de un Juez y el de un Escribiente”.

Repitió que las autoridades “fueron torciendo ese derecho, generando adicionales y deberíamos estar en la condición de hacer cumplir la Constitución y las leyes vigentes; Mmientras tenemos un Poder Ejecutivo que estableció que, con la compañera Aranda, es la única con la que tiene que hablar”.

“Tenemos una inflación que nos ha golpeado duramente, y los judiciales no estamos fuera de eso; no podemos hablar de nivelación cuando la inflación es del 50% y la recomposición salarial es del 20%. Han pulverizado los sueldos y están torciendo la porcentualidad salarial, por eso se convoca a un paro general de actividades”.

Reveló, además, que “hemos presentado recursos y audiencias, y la semana que viene, “estaríamos presentando una demanda contra el Gobernador y sus funcionarios, que van a tener que responder por sus acciones”. Adelantando que quienes decidan, “van a tener que sentenciar de acuerdo a las leyes y no al capricho del gobernante de turno”.

Walter Bernard insistió en señalar que el paro del viernes 24 es “sin asistencia a los lugares de trabajo”. “El que maneja la caja es el Poder Ejecutivo, ellos tienen que bregar por el bienestar de todos y no dirigir una política de castas sociales o de montos en negro. No hay que olvidar que están las sentencias donde les ordenaron blanquear los montos”.

Concluyó afirmando que “dentro del gobierno hay gente mala que induce al gobernador a cometer errores garrafales. Es la Legislatura la que debe recibir y coordinar las disposiciones y corregir los decretos del Poder Ejecutivo, sancionando una ley que respete la Constitución y respete las condiciones de todos. Nosotros no queremos montos en negro”.

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