Con el alegato defensor este martes se reanuda el juicio por la complicidad civil con la dictadura

El juicio oral por crímenes de lesa humanidad con imputados civiles alcanzó su etapa definitoria y sólo resta la exposición de los argumentos de la defensa del ex funcionario judicial Roberto Mazzoni y del ex guardicárcel de U7 Pablo Casco, desde las 9 h de este martes 17 en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia.

Roberto Mazzoni y Pablo César Casco, los dos sentenciados.

Desde las 9 h en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia, este martes 17 continuará la audiencia del sexto juicio oral por crímenes de lesa humanidad y el primero en contar con imputados civiles implicados en terrorismo de Estado en el Chaco. Son juzgados el exfiscal federal y secretario del Juzgado Federal de Resistencia, Roberto Mazzoni, y el ex jefe de Guardia de la cárcel federal de Resistencia (U7), Pablo Casco, el primero por su colaboración con el dispositivo de secuestros y torturas a militantes en la década del setenta, y Casco, por torturas y tormentos agravados a dos detenidos.

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La última audiencia en la causa fue el martes 20 de agosto, oportunidad en la cual las querellas y el Ministerio Público presentaron sus respectivos alegatos y pedidos de pena. La parte querellante solicitó condenar a Roberto Domingo Mazzoni a 18 años de prisión por considerarlo autor penalmente responsable (art. 45° del C.P.), de los delitos de privación Ilegal de la Libertad cometida por funcionario público doblemente agravada por el empleo de violencia y por su duración mayor a un mes en cinco hechos, en concurso real con el delito de tormentos – agravados por ser la víctima perseguido político en dos hechos. Asimismo, se solicitó la pena de 20 años de prisión para Cesar Pablo Casco, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de Tormentos Agravados por ser la víctima perseguido político en dos hechos.

La Fiscalía pidió 16 años de prisión para Mazzoni, al que se le imputó el encubrimiento e infracción de denunciar delitos en cinco hechos, la omisión de dar cuenta de una detención ilegal en 4 hechos en concurso real y el incumplimiento de deberes de funcionario. Asimismo se expuso como agravantes una serie de amenazas denunciadas por dos ex detenidas políticas cuando manifestaron al funcionario los tormentos sufridos en la Brigada. Para Casco se pidió la pena de 19 años de prisión por los delitos de tormentos. En ambos alegatos se remarcó que fueron los hechos juzgados deben ser señalados como crímenes de lesa humanidad.

Una vez consumado el alegato defensor, el tribunal que integran el juez Juan Manuel Iglesias (presidente), la jueza Selva Angélica Spessot (de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes) y el juez Eduardo Ariel Belforte, del Tribunal Oral de Formosa estará en condiciones de dictar una sentencia.

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